Judiciales ⚖️
Investigarán al entorno «violento» de Sabag Montiel
Buscarán responder si el agresor actuó solo y analizar los mensajes recibidos en su celular, el acceso al arma que utilizó y el perfil de su «entorno violento».
Por Ariel Zak
La investigación judicial sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, buscará en los próximos días responder si el agresor detenido actuó solo y cuál fue el recorrido que hizo en los momentos previos al ataque. También se analizan los mensajes recibidos por el sospechoso en su celular; el acceso al arma que utilizó; su perfil y el de su “entorno violento”.
Citan como testigo a supuesto amigo del detenido
La jueza Capuchetti ordenó este domingo citar a declaración testimonial al supuesto amigo del agresor de la vicepresidenta que, en declaraciones televisivas, lamentó que no hubiera ensayado con el arma antes de concretar el ataque, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Mario, un hombre que en una entrevista al canal de televisión Telefé se presentó como amigo de Fernando André Sabag Montiel, y dijo: «Su intención era matarla, lamentablemente no ensayó antes».
La medida es una de las tantas tomadas por los investigadores en la mañana de hoy y apunta, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.
Está bajo la lupa de los investigadores la posibilidad de que la pertenencia o adhesión de Sabag Montiel a foros nazis hubiera podido ser un elemento clave para analizar sus conductas.
Por estas horas, la Justicia y los investigadores policiales trabajan sobre el contenido de las cámaras de seguridad públicas y privadas recogido en el marco de la causa para intentar determinar si el agresor compartió su trayecto o se encontró con alguien más en el camino hacia la casa de la vicepresidenta.
Entre las medidas dispuestas, la jueza aguarda las pruebas de ADN realizadas sobre arma Bersa calibre 32, señalaron fuentes del caso. Además, le requirió al Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, que informe cuáles son los protocolos de actuación para la custodia vicepresidencial ante este tipo de eventos.
También le requirió a la cartera de Seguridad que remita la nómina completa de los custodios que estaban trabajando la noche del hecho y que informe si se iniciaron actuaciones administrativas luego del intento de atentado contra la expresidenta.
Por otra parte, fuentes judiciales detallaron que para confirmar que el arma estaba apta para el disparo los peritos que intervinieron realizaron una prueba, con una de las balas que estaban en el cargado, sobre un banco de agua, para poder recuperar el proyectil.
Las redes sociales
La posible participación de Fernando Sabag Montiel en foros digitales y redes sociales en las que se comparte contenido neonazi es uno de los elementos enfocados con particular atención por parte de los investigadores que dieron intervención para esa parte de la pesquisa a la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) que encabeza el fiscal Horacio Azzolin.
Si bien trascendió que el perfil de Instagram de Sabag Montiel había sido ocultado por la firma Meta, para evitar difundir contenidos de personas que revindiquen la violencia, esa información aún no fue formalizada en el expediente y los investigadores intentan determinar si alguien de confianza del agresor llegó a manipular contenidos en las horas posteriores al ataque.
Un dato que está bajo análisis es que las redes sociales del agresor registraron movimientos después de las 23 horas del jueves, cuando Sabag Montiel llevaba dos horas detenido. Quienes monitorearon sus redes durante aquella noche y la madrugada del viernes aseguran que los perfiles del atacante fueron modificados.
“Estamos trabajando muy fuertemente en el perfil del agresor”, aseguró una fuente de la investigación, mientras que otro de los voceros consultado puso énfasis que los contactos de Sabag Montiel con otra gente de características violentas, que hubieran podido estar al tanto de los planes del sospechoso.

El arma
En las primeras 48 horas de investigación, el expediente acumuló 2.000 fojas que contienen algunas certezas escalofriantes: el arma, que finalmente falló por motivos aún no esclarecidos, no solo estaba “apta para el disparo” sino que también había sido percutada poco tiempo antes, algo que surge de los restos de pólvora que se le detectaron, informaron fuentes judiciales.
¿Cómo llegó esa pistola Bersa calibre 32 a las manos del agresor? ¿Qué fue lo que hizo el atacante las horas previas? ¿Qué camino tomó para llegar hasta la casa de la vicepresidenta para intentar asesinarla? ¿Actuó solo o respondía ordenes de alguien más? ¿Por qué falló la custodia?
“Todas las hipótesis están abiertas, todas esas son preguntas que se hace la investigación”, afirmó una fuente judicial que explica que durante sábado y domingo un equipo trabajará específicamente con la información que ya fue colectada.
Se trata de un relevamiento que incluye cámaras de seguridad, llamadas entrantes y salientes y los datos obtenidos del teléfono Samsung del atacante y de una computadora HP que le fue secuestrada.
El arma, pertenecía a un vecino del imputado que falleció en 2021 y ahora los investigadores intentan determinar si el acusado se la había pedido prestada, si se la robó o si pasó por manos de alguien más.
El perfil del atacante
Sabag Montiel, de 35 años, nacido en Brasil y radicado en Argentina desde 1993 ya fue indagado por la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo.

Se mostró silencioso y llamativamente tranquilo; se negó a declarar y tan solo comentó que el moretón del hematoma que tiene en uno de sus ojos fue producto de un golpe que recibió en el momento que lo redujeron los manifestantes que lograron su detención.
La indagatoria se hizo en el anochecer del viernes en la sede de la Policía Federal, ubicada en la calle Cavia y el imputado eligió ser representado por el defensor oficial Juan Martín Hermida.
La elección del lugar de la indagatoria pone de relieve que los magistrados consideraron que era muy riesgoso trasladar al agresor desde esa sede en Palermo hacia los tribunales federales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro y entonces prefirieron movilizarse ellos, algo que no es habitual.
En relación a la defensa, el dato llamativo fue que en la mañana del viernes, un hombre de apellido Barreiro se presentó en la sede policial de Cavia para pedir una entrevista con Sabag Montiel y aseguró ser un abogado privado enviado por la familia.

Pero el imputado lo rechazó y nadie ratificó en público que la familia del detenido le haya enviado un letrado para representarlo.
Los investigadores ya reunieron unas 24 declaraciones testimoniales, además de haber obtenido las cámaras de seguridad de la zona y decenas de videos de producción personal que salieron de los teléfonos celulares de quienes se habían acercado el jueves a saludar a la Vicepresidenta .
Investigación 🔎
Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión
El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.
El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.
El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.
Lo que encontró la Fiscalía
Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.
La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.
De la corrupción a la evasión
El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.
Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.
La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo
El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.
Lo que tenés que saber:
- Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
- Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
- La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
- Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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