En vísperas de un nuevo aniversario, las víctimas de la tragedia de Iron Mountain celebraron que «se hayan agilizado los tiempos» de la causa que finalmente se encuentra a las puertas del juicio oral, y se mostraron «esperanzadas» en que en esa instancia quede demostrado que el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 en un depósito de la empresa que dejó diez muertos «fue intencional».

«Me pone muy contenta que se hayan agilizado los tiempos porque ya se perdieron nueve años», dijo a Télam Sandra Barícola, hermana de Pedro, un trabajador de Defensa Civil que murió en el incendio.

La mujer aseguró que con los 18 procesamientos por «incendio doloso seguido de muerte» confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el pasado 29 de diciembre, «comenzó una nueva etapa» y, dado que «todas las pruebas están», la expectativa es «que se eleve a juicio este año».

En la misma línea, Luis Díaz Gauna, el exjefe de bomberos que salvó milagrosamente su vida tras quedar debajo de los escombros, dijo a Télam que si bien las novedades judiciales «son un bálsamo» como lo fue en su momento la admisibilidad de las víctimas como querellantes, «nueve años (de espera) me parece una locura» siendo que «acá murieron 10 personas y está comprobado que fue intencional».

En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, y donde se resguardaban los archivos bancarios de grandes empresas, provocó que la estructura metálica que sostenía el techo comenzara a ceder y derrumbara una pared.

Como consecuencia de esto, fallecieron los bomberos de la Policía Federal Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi; y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.

Durante el tiempo trascurrido, se suicidaron dos sobrevivientes: Mario Colantonio y Diego Oneil.

Cuatro años después, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por «incendio culposo seguido de muerte», decisión que fue apelada.

Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la «intencionalidad», ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.

Exactamente dos años después, la misma Cámara confirmó un total de 18 procesamientos – uno más de los iniciales-, lo que coloca la causa a las puertas del pedido de elevación a juicio oral.

En concreto, confirmó los 17 procesamientos iniciales, revocó los sobreseimientos de otras tres personas y procesó -en el mismo acto- a uno de los antes exculpados, mientras que dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes.

Los procesados hoy son los directivos de Iron Mountain Eduardo Sueyras, Guillermo Lockhart y Héctor García.

En la misma situación procesal están los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, Luis Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers, Gastón Laugle, Patricia Moroni, Rafael Roldán y Pierre Chapar, Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.

A ellos se agregó ahora como procesado18 Norberto Ventura Sosa, ex funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP).

«En una resolución posterior, el juzgado de instrucción entendió que, para aquellos cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara, ya está cerrada la investigación», explicó el abogado querellante Javier Moral a Télam que representa a la mayoría de los familiares.

El letrado arriesgó que «es casi indeclinable que la causa sea elevada a juicio oral y que se designe un tribunal oral este año».

«Nosotros no tenemos dudas de que la causa va a ser elevada prontamente a juicio y vamos a insistir en que este mismo año se inicie el debate porque estamos en condiciones de hacerlo», dijo a su turno el otro abogado querellante, Cristian Pérez

En ese sentido, adelantó además que van a requerir que estas audiencias «sean públicas y televisadas» por la trascendencia del hecho.

«Yo estoy muy esperanzada de que se llegue a la verdad y creo que habrá justicia, aunque lamentablemente (entre los acusados) se evadió a los responsables reales del gobierno de (Mauricio) Macri como José Gómez Centurión que habilitó el lugar», dijo Barícola.

Su madre, quien falleció «de tristeza» tres meses después que Pedro, «siempre le decía que no haga ese trabajo que es muy riesgoso, pero a él le encantaba, es como que había encontrado lo suyo porque era muy servicial» y «pesó más la vocación que el miedo»

No obstante, Barícola destacó que su hermano y las otras nueve víctimas «acudieron con rapidez pensando que ahí había gente por salvar», pero lo que ardía «eran solo papeles sobre lavado de dinero, cosas que se querían tapar» en un galpón que «fue incendiado adrede, pero el que lo hizo ya se había ido».

«Yo estuve adentro y a mí no me contar que fue accidental porque yo sé lo que vi, yo también sé que las pericias indicaron que hubo cuatro focos diferentes y eso solo pasa si es intencional. Fue realizado con malicia, con premeditación y la gente que falleció allí, murió por un hecho delictivo; es decir que fue un homicidio», dijo a su turno Díaz Gauna.

El exbombero estuvo «entre uno y dos minutos muerto» después de haber quedado debajo de pesados escombros incandescentes, tuvo que atravesar una larga internación para superar el estallido de la séptima vértebra cervical -hoy reemplazada por una prótesis de titanio-, una lesión en su espalda y las múltiples quebraduras en su rodilla derecha.

«Hasta hace dos años, me despertaba a las tres de la mañana llorando o sentado en la cama, a los gritos porque más allá de las cicatrices y quemaduras que me quedaron de ese día, lo más complicado son las cicatrices del alma», concluyó.