Denuncia
“Maradona fue asesinado”: Fernando Burlando apuntó contra los responsables de su muerte
El abogado de las hijas de Diego Maradona afirmó que su muerte no fue un accidente ni un caso de negligencia médica, sino un asesinato. Según el letrado, existen pruebas que vinculan a los médicos con un accionar deliberado y contratos sospechosos que beneficiaron a terceros tras el fallecimiento del astro.
Durante La Noche de Mirtha, Fernando Burlando, abogado de las hijas de Diego Armando Maradona, lanzó una acusación contundente: “Estoy convencido de que fue asesinado”. Según explicó, el caso que investiga la muerte del ídolo argentino ya no se limita a la negligencia médica, sino que apunta a un presunto homicidio simple, con ocho profesionales de la salud imputados.
El abogado detalló que los médicos y cuidadores de Maradona no solo habrían actuado con desidia, sino que, según las pruebas presentadas, “sabían que Diego estaba muriendo y no hicieron nada para evitarlo”. Burlando citó comunicaciones entre los implicados, en las que se escuchan frases como: “El Gordo se va, el Gordo se muere”. Estas pruebas, según el letrado, refuerzan la hipótesis de un accionar deliberado.
El juicio, que comenzó este año, busca determinar la responsabilidad de los imputados en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Entre los acusados se encuentran médicos, enfermeros y coordinadores de su atención domiciliaria, quienes enfrentan cargos por homicidio simple, un delito que contempla penas de 8 a 25 años de prisión.
Contratos sospechosos y beneficios económicos
Burlando también señaló que la muerte de Maradona generó beneficios económicos para terceros que no forman parte de su círculo de herederos. “Hay contratos firmados de forma curiosa que otorgaron ventajas económicas tras su fallecimiento”, afirmó. Aunque no dio nombres específicos, el abogado dejó entrever que estos acuerdos podrían ser clave para entender las motivaciones detrás de la falta de atención adecuada al exfutbolista.
El contexto de la muerte de Maradona estuvo marcado por una serie de irregularidades en su cuidado médico. En los días previos a su fallecimiento, el astro se encontraba en una casa alquilada en Tigre, donde recibía atención domiciliaria tras una operación por un hematoma subdural. Sin embargo, informes periciales revelaron que su estado de salud requería una internación en un centro especializado, algo que nunca se concretó.
Un ídolo desprotegido
La muerte de Diego Maradona no solo conmocionó a la Argentina, sino al mundo entero. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, su fallecimiento dejó al descubierto un entramado de negligencias, disputas familiares y posibles intereses económicos. La figura de Maradona, amada y controvertida, parece haber sido víctima de un sistema que no supo –o no quiso– protegerlo en sus últimos días.
Mirtha Legrand, visiblemente conmovida durante la entrevista, resumió el sentimiento de muchos: “Qué barbaridad. El hombre más famoso del mundo, digno, amado… Qué barbaridad”. Sus palabras reflejan la indignación de una sociedad que aún busca respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo.
Un juicio con implicancias sociales y legales
El caso Maradona no solo es un proceso judicial, sino un espejo de las fallas estructurales en el sistema de salud y en la protección de figuras públicas vulnerables. La acusación de Burlando, que apunta a un homicidio simple, eleva la gravedad de los hechos y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes debían velar por la vida del exfutbolista.
Mientras el juicio avanza, la figura de Maradona sigue siendo objeto de disputas legales, económicas y mediáticas. Su legado, sin embargo, permanece intacto en el corazón de millones de fanáticos que lo recuerdan como un símbolo de lucha, talento y pasión.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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