Una investigación judicial expone un complejo entramado de supuesta corrupción que involucra a funcionarios y empresarios bonaerenses. Las acusaciones apuntan a un sistema paralelo para eliminar infracciones de tránsito y a irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Entre los señalados figuran Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte provincial, quien ya denunció que el armado de la causa es una operación política, y Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

¿Existe un sistema paralelo para borrar multas?

La denuncia principal gira en torno a un grupo de gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto adeudado. Según la empresa proveedora de tecnología para fotomultas, Secutrans, esta práctica habría generado pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para las arcas públicas.

D’Onofrio rechazó categóricamente las acusaciones. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema. Puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos el peritaje informático para demostrar que esta denuncia es falsa”, aseguró el ministro, quien calificó las acusaciones como una operación política en su contra.

Claudia Pombo, una figura clave

Pombo, cercana a D’Onofrio y con antecedentes judiciales por peculado, es señalada como la coordinadora de la red de gestores. Según la investigación, esta red captaba infractores y obtenía un porcentaje del dinero recaudado ilícitamente. Desde la oposición, Elisa Carrió exigió la renuncia de D’Onofrio y recordó los antecedentes de Pombo. “En Pilar ya se había advertido sobre esta persona, que cuenta con antecedentes de malversación de fondos”, declaró la líder de la Coalición Cívica y cara política visible del entramado opositor.

Irregularidades en la VTV

Otra arista del caso apunta a contratos sospechosos relacionados con la Verificación Técnica Vehicular. Sebastián Desio, empresario vinculado políticamente a D’Onofrio, habría obtenido contratos para proveer servicios tecnológicos a concesionarias de VTV. Estas empresas fueron oficializadas por resoluciones del Ministerio de Transporte. Sin embargo, la fiscalía investiga si estos contratos encubren posibles delitos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.

La respuesta del oficialismo

Pese a las denuncias contra D’Onofrio, el gobierno provincial respaldó públicamente al funcionario por entender que se trata de una operación política en su contra. Desde su entorno, insisten en que el caso forma parte de una estrategia para desprestigiar al ministro. Sin embargo, la oposición, con Carrió a la cabeza, demanda explicaciones y pide que se profundicen las investigaciones.

Repercusiones judiciales y políticas

El expediente principal, a cargo del fiscal Álvaro Garganta en La Plata, avanza en la investigación del esquema de multas. Por otro lado, las denuncias vinculadas a la VTV fueron remitidas al Juzgado Federal de Campana. En este último caso, se analizan inversiones sospechosas en España, presuntamente relacionadas con Pombo y el juez de faltas Mario Quattrochi, también implicado en el esquema.

Puntos clave del caso:

La Justicia investiga un supuesto sistema paralelo que permitía borrar infracciones de tránsito a cambio de dinero.

D’Onofrio negó las acusaciones y señaló que el sistema informático no permite irregularidades.

Claudia Pombo, con antecedentes por peculado, es señalada como coordinadora del esquema.

La causa por irregularidades en la VTV involucra a empresarios y contratos sospechosos.

Elisa Carrió exigió la renuncia del ministro y cuestionó la reincidencia de Pombo en casos de corrupción.