Denuncia
La Justicia suspendió ingresos a cárcel de González Catán por falta de agua y hacinamiento del 172%
El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza ordenó la medida por 30 días tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La Unidad N°43 aloja 1.300 presos en un espacio diseñado para 478 personas.
★ El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza, a cargo de Ricardo Tripaldi, resolvió suspender nuevos ingresos a la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán por el término de 30 días. La medida se dictó tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, que denunció la falta de agua potable y el hacinamiento en la cárcel bonaerense.
La denuncia y el estado crítico del penal
Roberto Cipriano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, interpuso la acción judicial señalando «deficiencias de tipo materiales relacionadas con el sistema hidráulico y la falta de suministro de agua», sumado a la sobrepoblación carcelaria.
El problema del agua, según informó la propia dirección de la unidad en su respuesta judicial, comenzó en abril de 2024 cuando se detectaron fallas en una de las dos bombas sumergibles que abastecen al penal. La reparación de esa bomba recién se concretó en 2025, pero el arreglo afectó el funcionamiento de la segunda, que continúa sin solución.
Hacinamiento extremo: casi el triple de la capacidad
El dato más alarmante surge de los propios informes presentados ante la Justicia: la Unidad N°43 aloja actualmente a 1.300 personas privadas de libertad en un espacio habilitado para apenas 478. Esto representa una sobrepoblación del 172% respecto al cupo operativo máximo del penal.
El juez Tripaldi solicitó al Director de la unidad que informara «el cupo máximo operativo, la sobrepoblación existente, la provisión de agua, los sectores afectados, las estrategias desplegadas para resolver el conflicto y las medidas que se están llevando a cabo».
Las medidas ordenadas por la Justicia
Al hacer lugar al hábeas corpus correctivo, el magistrado encontró que existe «peligro de agravamiento de las condiciones de detención». Por ello, ordenó:
- Prohibición de ingreso y nuevos alojamientos por 30 días en la Unidad N°43
- Obligación al Jefe del Servicio Penitenciario Provincial de adoptar «medidas necesarias» para ejecutar «en forma urgente» las obras pendientes
- Reparación y/o reacondicionamiento de las dos bombas sumergibles para lograr su «óptimo funcionamiento» y el funcionamiento automático de la red de agua
Además, Tripaldi libró un oficio a la Dirección de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense para que realice un relevamiento documentado del estado de las instalaciones de las redes de agua.
Inspecciones sistemáticas revelan deficiencias recurrentes
Consultada por la agencia NA, la Comisión Provincial por la Memoria explicó que realiza «inspecciones sorpresas semanales a las unidades penales donde se constatan deficiencias». Este organismo, creado por ley provincial para monitorear las condiciones de detención, viene documentando sistemáticamente las problemáticas del sistema penitenciario bonaerense.
La situación de la Unidad N°43 se inscribe en un contexto más amplio de crisis del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta desde hace años problemas estructurales de sobrepoblación, infraestructura deficiente y falta de recursos para garantizar condiciones dignas de detención.
Puntos clave
• El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza suspendió por 30 días nuevos ingresos a la Unidad N°43 de González Catán
• La cárcel aloja 1.300 personas en un espacio diseñado para 478, con una sobrepoblación del 172%
• El problema de falta de agua comenzó en abril de 2024 por fallas en las bombas y continúa sin resolverse
• La medida se dictó tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria
• La Justicia ordenó reparaciones urgentes del sistema hidráulico y prohibió nuevos alojamientos
Denuncia
Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina
La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.
La causa boliviana avanza sobre los autores materiales
La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.
Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.
El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil
El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.
Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.
Pagano pide videoconferencia y protección de testigos
La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.
Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.
Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.
Puntos clave
- Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
- Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
- Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
- La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
- Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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