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Denuncia

La Justicia suspendió ingresos a cárcel de González Catán por falta de agua y hacinamiento del 172%

El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza ordenó la medida por 30 días tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La Unidad N°43 aloja 1.300 presos en un espacio diseñado para 478 personas.

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★ El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza, a cargo de Ricardo Tripaldi, resolvió suspender nuevos ingresos a la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán por el término de 30 días. La medida se dictó tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, que denunció la falta de agua potable y el hacinamiento en la cárcel bonaerense.

La denuncia y el estado crítico del penal

Roberto Cipriano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, interpuso la acción judicial señalando «deficiencias de tipo materiales relacionadas con el sistema hidráulico y la falta de suministro de agua», sumado a la sobrepoblación carcelaria.

El problema del agua, según informó la propia dirección de la unidad en su respuesta judicial, comenzó en abril de 2024 cuando se detectaron fallas en una de las dos bombas sumergibles que abastecen al penal. La reparación de esa bomba recién se concretó en 2025, pero el arreglo afectó el funcionamiento de la segunda, que continúa sin solución.

Hacinamiento extremo: casi el triple de la capacidad

El dato más alarmante surge de los propios informes presentados ante la Justicia: la Unidad N°43 aloja actualmente a 1.300 personas privadas de libertad en un espacio habilitado para apenas 478. Esto representa una sobrepoblación del 172% respecto al cupo operativo máximo del penal.

El juez Tripaldi solicitó al Director de la unidad que informara «el cupo máximo operativo, la sobrepoblación existente, la provisión de agua, los sectores afectados, las estrategias desplegadas para resolver el conflicto y las medidas que se están llevando a cabo».

Las medidas ordenadas por la Justicia

Al hacer lugar al hábeas corpus correctivo, el magistrado encontró que existe «peligro de agravamiento de las condiciones de detención». Por ello, ordenó:

  • Prohibición de ingreso y nuevos alojamientos por 30 días en la Unidad N°43
  • Obligación al Jefe del Servicio Penitenciario Provincial de adoptar «medidas necesarias» para ejecutar «en forma urgente» las obras pendientes
  • Reparación y/o reacondicionamiento de las dos bombas sumergibles para lograr su «óptimo funcionamiento» y el funcionamiento automático de la red de agua

Además, Tripaldi libró un oficio a la Dirección de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense para que realice un relevamiento documentado del estado de las instalaciones de las redes de agua.

Inspecciones sistemáticas revelan deficiencias recurrentes

Consultada por la agencia NA, la Comisión Provincial por la Memoria explicó que realiza «inspecciones sorpresas semanales a las unidades penales donde se constatan deficiencias». Este organismo, creado por ley provincial para monitorear las condiciones de detención, viene documentando sistemáticamente las problemáticas del sistema penitenciario bonaerense.

La situación de la Unidad N°43 se inscribe en un contexto más amplio de crisis del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta desde hace años problemas estructurales de sobrepoblación, infraestructura deficiente y falta de recursos para garantizar condiciones dignas de detención.

Puntos clave

• El Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza suspendió por 30 días nuevos ingresos a la Unidad N°43 de González Catán

• La cárcel aloja 1.300 personas en un espacio diseñado para 478, con una sobrepoblación del 172%

• El problema de falta de agua comenzó en abril de 2024 por fallas en las bombas y continúa sin resolverse

• La medida se dictó tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria

• La Justicia ordenó reparaciones urgentes del sistema hidráulico y prohibió nuevos alojamientos

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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