La tensión entre el gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo este miércoles con la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto por la deuda que la ANSES mantendría con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, estimada en cerca de un billón de pesos.

Un reclamo con historia y proyección federal

El gobernador Martín Llaryora arribó pasadas las 11 a los Tribunales de Talcahuano, acompañado por una comitiva que incluyó al ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, además de un equipo de abogados.

La disputa no es nueva pero alcanzó un punto crítico ante la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar las transferencias a las cajas previsionales no transferidas. Según fuentes oficiales cordobesas, la deuda nominal original supera los $300.000 millones, cifra que con intereses acumulados se acercaría al billón de pesos.

«Creo que lo que está haciendo la Corte hoy es un llamado a la reflexión, llamando a una audiencia entre las partes antes de emitir un fallo, para decir volvamos a los cánones institucionales, esto es defender la República», expresó Llaryora antes de ingresar a la audiencia.

La propuesta cordobesa: más allá del dinero

El planteo de Córdoba no se limita al reclamo monetario. En el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por la administración nacional, la provincia propone un canje de deuda por bienes estratégicos ubicados en territorio cordobés, entre ellos:

• La Central Nuclear de Embalse
• La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA)
• Aproximadamente 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera
• Una cárcel federal aún no construida
• Terrenos destinados al programa Procrear

Esta novedosa propuesta busca no solo resolver la deuda sino también incrementar el patrimonio provincial con activos que tienen un valor estratégico y económico significativo para Córdoba.

Un precedente para otras provincias

El caso cordobés adquiere una relevancia que trasciende los límites provinciales. De las 13 provincias que mantuvieron sus cajas previsionales bajo administración local, Córdoba es la primera en llegar a esta instancia judicial ante la Corte Suprema.

El fallo que resulte de este proceso podría sentar un importante precedente para las demás provincias con situaciones similares, como Santa Fe, Entre Ríos y otras que también reclaman fondos por el mismo concepto.

Expertos en derecho previsional consultados por medios especializados señalan que este caso podría reconfigurar la relación financiera entre Nación y provincias en materia jubilatoria, en un contexto donde el ajuste fiscal impacta directamente en las transferencias federales.

El trasfondo del conflicto previsional

El origen de la controversia se remonta a los acuerdos firmados durante los años ’90, cuando varias provincias transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Las que decidieron mantenerlas —como Córdoba— establecieron convenios para recibir compensaciones por el desequilibrio que generaba el sistema.

Sin embargo, desde 2017 estos fondos comenzaron a llegar de manera irregular, situación que se agravó en los últimos años hasta interrumpirse completamente con el actual gobierno nacional.

Puntos clave:

• La deuda reclamada por Córdoba asciende a aproximadamente un billón de pesos, incluyendo intereses.
• Es la primera vez que la Corte Suprema convoca a una audiencia de conciliación por este tipo de reclamos previsionales.
• Córdoba propone canjear la deuda por activos nacionales estratégicos ubicados en territorio provincial.
• El resultado del proceso podría sentar precedentes para otras 12 provincias con reclamos similares.
• El conflicto se enmarca en la política de ajuste fiscal que impacta en las transferencias a provincias.