Denuncia
Nuevo escándalo de corrupción en el entorno de Milei: denuncian sobrecostos de 1000% en licitaciones
El directorio de Nucleoeléctrica Argentina apartó a dos gerentes designados por Demian Reidel, exjefe de asesores del presidente, por presuntas irregularidades en licitaciones que habrían inflado costos hasta un 1000% por encima de los valores de mercado.
★ Un escándalo de presunta corrupción sacude a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El directorio de la compañía decidió esta semana apartar temporalmente y quitarle firma a dos funcionarios designados por Demian Reidel —exjefe de asesores de Javier Milei y actual presidente de la empresa—: el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso.
La medida se tomó tras una denuncia interna elevada por el Comité de Integridad de la compañía, que detectó presuntas irregularidades en procesos licitatorios y compras directas realizadas en los últimos meses.
Licitación de limpieza con sobreprecio del 900%
La denuncia más grave involucra la contratación del servicio de limpieza en las tres centrales nucleares. «Esto comenzó en diciembre, cuando a raíz de un par de intentos de desvinculación de profesionales en Atucha I y II, comenzó a tener un estado interno de conocimiento de un desfalco muy grande», explicó Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate, en declaraciones a Radio 750.
Según Pérez, «se hizo una contratación de una empresa de limpieza que debería haber sido alrededor de los 600 mil dólares», pero «se dibujó una licitación por 6,4 millones de dólares». Es decir, un sobreprecio del 966% respecto al valor estimado.
El dirigente sindical reveló que Juan Nolazco, funcionario de carrera de la empresa, denunció las irregularidades «en un informe muy valiente», respaldando «a su personal, a la administradora y a la que llevó la contratación, la cual también pide el respaldo y el cuidado de su integridad física dado el monto y la forma mafiosa en la que están administrando la empresa estatal».
Según trascendió, la licitación del servicio de limpieza dejó afuera a diez oferentes, permitiendo solo la continuidad de LX Argentina, que habría presentado un precio 140% más caro que los valores de referencia establecidos por la Sindicatura General de la Nación.
Otra contratación con inflación del 1000%
Además del caso de limpieza, ATE Zárate denunció otra contratación sospechosa vinculada a servicios de tecnología informática. Se trata de una migración de software de planificación de recursos empresariales que tuvo «un salto de USD 600.000 a USD 7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original», según detalló la organización sindical.
Trabajadores con 30 años de antigüedad en la mira
Pérez advirtió que los funcionarios designados por el gobierno intentaron responsabilizar a empleados de carrera: «Se intentó que el hilo se corte por lo más delgado cuando la corrupción está en el edificio central de Vicente López». Los trabajadores a los que se intentó despedir «tienen más de 30 años en la empresa», agregó.
El dirigente sindical pidió protección para los denunciantes y alertó sobre el contexto político: «Reidel ya había sido subgerente del Banco Central en el gobierno de Macri. Ahora vienen a hacer rápido lo que no pudieron hacer en el gobierno anterior donde estuvieron».
Una empresa rentable en proceso de privatización
Nucleoeléctrica Argentina es la segunda firma superavitaria que más aporta a las arcas del Estado. Sin embargo, figura en la lista de empresas a privatizar del gobierno de Milei. Tras años de conflicto con los trabajadores y un deterioro salarial progresivo, la compañía enfrenta además un proceso de vaciamiento que preocupa al sector.
El gobierno libertario siempre mostró especial interés en el área nuclear, tanto por el potencial que tiene Argentina en materia de generación de energía nuclear como por la rentabilidad de la empresa estatal.
Puntos clave
• El directorio de Nucleoeléctrica Argentina apartó temporalmente a dos gerentes designados por Demian Reidel por presuntas irregularidades en licitaciones
• Una contratación de limpieza habría costado USD 6,4 millones cuando el valor estimado era de USD 600.000, según denunció ATE Zárate
• Otra licitación de servicios informáticos habría inflado costos de USD 600.000 a USD 7.000.000
• El Comité de Integridad de la empresa elevó una denuncia interna que motivó las medidas del directorio
• Nucleoeléctrica Argentina es la segunda empresa superavitaria que más aporta al Estado y figura en la lista de privatizaciones del gobierno
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
-
Buenos Aires7 díasLuján 2026: peregrinaron 2,7 millones de fieles, muy por encima del año pasado
-
Misiones6 díasPassalacqua va a la Justicia para defender el suelo misionero
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️3 díasEl show de los drones y la pierna que no era: el adiós a Messi, entre la emoción y el meme
-
Espectáculos 🎭6 díasCómo sigue la salud de Daniel Osvaldo
-
CABA6 díasDeliveries sin derechos: la precarización laboral que el conflicto vecinal en CABA no muestra
-
Espectáculos 🎭6 díasMiguel Pardo se diferencia de Rottemberg: “Apuesto día a día sin especular con el resultado económico”
-
Elecciones6 díasEl aprieto de Milei: apoya a Bolsonaro hijo, pero algunos en su entorno ven riesgos
-
Buenos Aires6 díasEl video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
