Denuncia
Se reanuda el jury contra Makintach: la jueza amenaza con exponer chats que comprometen a sus colegas
Los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino declaran en el proceso de destitución contra su excolega del tribunal que debía juzgar la muerte de Maradona. La magistrada está acusada de autorizar una filmación que provocó la anulación del debate oral.
Jury contra Makintach: se reanuda la audiencia en la que declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
La audiencia del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, acusada por el escándalo que derivó en la anulación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, se reanudó este lunes en La Plata. La jornada es clave por las declaraciones de los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban junto a la acusada el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.
El proceso, que había sido suspendido el pasado viernes debido a un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, busca determinar la responsabilidad de Makintach en la autorización para filmar un documental sobre el caso dentro del propio tribunal, hecho que comprometió la imparcialidad del proceso y forzó su nulidad.
Un documental que anuló un juicio histórico
El juicio por la muerte de Diego Maradona es uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en la historia reciente argentina. Sin embargo, el debate oral que debía llevarse a cabo en el TOC N°3 de San Isidro fue declarado nulo al comprobarse que se estaba produciendo una serie documental sobre el caso con acceso a la sala de audiencias. La filmación, presuntamente autorizada por Makintach, fue considerada una irregularidad grave que vulneraba las garantías del debido proceso para los imputados, lo que llevó al apartamiento del tribunal y al inicio de este jury contra la magistrada.
Testimonios clave y una defensa que salpica
Los testimonios de Di Tomasso y Savarino son fundamentales para el jurado de enjuiciamiento, ya que se espera que detallen los movimientos de Makintach y su rol específico en la gestión que permitió el ingreso de las cámaras. Ambos magistrados deberán dar cuenta de su conocimiento sobre la producción audiovisual y las decisiones que se tomaron al respecto.
No obstante, la defensa de Makintach prepara una contraofensiva. Según trascendió, la jueza acusada presentará como prueba una serie de conversaciones de un grupo de chat que compartía con sus colegas. En dichos mensajes, buscará demostrar que tanto Di Tomasso como Savarino estaban al tanto de la filmación del documental, lo que, según su estrategia, los colocaría en una posición similar y también deberían ser investigados.
En uno de los chats que formaría parte de la defensa, Makintach habría intentado tranquilizar a sus pares sobre el alcance de las imágenes que se registrarían: “Quédense tranquilos… desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero… le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna”, escribió, en una aparente referencia a la productora a cargo del documental.
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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