Buenos Aires
Caso Lucas y Lautaro: tras 2 meses de inacción, la Justicia designó fiscal
El medio de la desidia judicial acostumbrada en Argentina, el dramático caso de las desapariciones de Lucas Escalante y Lautaro Morello (este último hallado asesinado brutalmente) aún siquiera tenía fiscal interviniente a dos meses de los hechos.
Un fiscal de Berazategui fue sorteado para investigar la causa por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de su amigo Lucas Escalante, ocurrida hace dos meses cuando ambos salieron en Florencio Varela, y en las próximas horas se reunirá con los familiares de las víctimas, mientras que los dos detenidos por el caso, parientes de un comisario de la policía bonaerense, apelaron las prisiones preventivas.
Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Berazategui, fue notificado hoy por la Fiscalía General de Quilmes y ya tiene previsto reunirse con los familiares de Morello y de Escalante, confiaron a Télam fuentes judiciales.
«Ichazo es el nuevo fiscal. Ahora sí van a hacer las cosas como corresponde», dice un mensaje de Instagram que publicó hoy la hermana de una de las víctimas y agregó en otro mensaje «Gracias por tanta buena energía».
Ayer, al cumplirse dos meses del hecho, familiares, amigos y vecinos de Escalante, el joven de 26 años que aún continúa desaparecido, reclamaron en los Tribunales de Quilmes la «aparición con vida» y que se designe con urgencia al nuevo fiscal, lo que finalmente se materializó hoy.
El expediente ya pasó por las manos de cuatro fiscales de ese departamento judicial (uno de ellos ya había sido Ichazo) que, por haberse excusado o porque solo subrogaron las fiscalías por las licencias de sus colegas, se apartaron de la investigación.
Romina Escalante, hermana de Lucas, pidió ayer por un fiscal «que haga las cosas bien» y explicó que hubo «un pibe asesinado y un pibe desaparecido por una familia de policías en democracia y la causa no avanza mucho más por la lentitud de la Justicia».
La investigación por el crimen de Morello (18) y la desaparición de Escalante (26) tiene a dos detenido, ambos con prisión preventiva dictada por el juez de Garantías de Florencio Varela, Julián Busteros.
Los detenidos son Cristian y Maximiliano Centurión, sobrino e hijo, respectivamente, de un comisario mayor de la policía bonaerense y quienes están procesados como «coautores» del delito de «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía».
Sin embargo, la defensa de los dos detenidos ya recurrió esas prisiones preventivas, por lo que la Cámara de Apelaciones y Garantías ahora deberá resolver si hace lugar al planteo de los detenidos o si permanecen en prisión.
La primera fiscal que tuvo el caso fue Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Florencio Varela, quien luego pidió ser excusada de la causa por considerar que recibió «constantes descalificaciones» por parte de familiares de las víctimas.
Tras eso, su lugar fue reemplazado por la fiscal de feria Bárbara Velasco, quien también se excusó de la causa ya que manifestó haber colaborado con el comisario antes mencionado en causas pasadas, por lo que la investigación pasó momentáneamente a manos del fiscal Ichazo.
Este último estuvo a cargo del expediente hasta que el fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 3 de Quilmes, retomó de una licencia el 1 de febrero.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, finalmente, Conde también solicitó el 6 de febrero último ser excusado del caso a través de un escrito por no poder ser objetivo tras haber recibido comentarios «calumniosos y agraviantes» por parte del abogado de la familia Morello, Carlos Diéguez, y este pedido fue aceptado por el juez Busteros.
Por otro lado, a pedido de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, la Policía bonaerense fue apartada de la investigación y en su lugar está actuando la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).
«El fiscal está al tanto del trabajo que está realizando el personal de Homicidios de la PFA y se reunirá con los jefes policiales para ponerse al tanto de los procedimientos a seguir», dijo la fuente consultada.
El lunes pasado, esos detectives y bomberos y la División Canes de la fuerza federal realizaron nuevos rastrillajes en las zonas de interés para la causa, pero fuentes de la investigación revelaron que todos fueron con resultado negativo.
Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.
En tales circunstancias, fueron detenidos los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.
En una filmación de una cámara de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.
En este contexto, el Gobierno nacional ofrece 4.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.
Buenos Aires
Palos en la rueda: el INAES suspendió 6.667 cooperativas en plena crisis y la Provincia advierte por el empleo
La Resolución 2076/26 suspende la autorización para funcionar de entidades con documentación asamblearia y balances pendientes. En territorio bonaerense son 1.916 las suspendidas y 299 las intimadas, según el IPAC, que pidió al organismo revisar los padrones.
Seis mil seiscientas sesenta y siete cooperativas suspendidas en todo el país, 1.916 de ellas en territorio bonaerense y otras 299 intimadas: ese es el saldo de la Resolución 2076/26 del INAES que denunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El rechazo lo expresó Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), el equivalente bonaerense del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La norma suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que no presentaron documentación asamblearia y estados contables.
El alcance de la resolución
El INAES determinó la suspensión de la autorización para funcionar de las cooperativas y mutuales que incumplieron con la presentación de la documentación asamblearia y de los estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.
Según difundió un medio especializado, la medida alcanza a las entidades inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que no cumplieron con las obligaciones previstas en las leyes 20337, de cooperativas, y 20321, de mutuales, y en las normas complementarias del organismo.
Las entidades incluidas en los anexos I a VI de la resolución no podrán realizar trámites ante el INAES hasta que regularicen su situación. Además, el organismo dispuso la instrucción de sumarios administrativos por los incumplimientos detectados.
El rechazo de la Provincia
“Repudiamos la Resolución del INAES 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país. Esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”, alertó Onorato.
El funcionario bonaerense agregó: “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la provincia de Buenos Aires para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con la suspensión de 1916 cooperativas y 299 cooperativas intimadas en la provincia de Buenos Aires”.
El reclamo apunta al impacto sobre el empleo en un contexto de crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”, sostuvo Onorato.
Finalmente, el titular del IPAC pidió una revisión: “Le pedimos al Inaes que revea los padrones de cooperativas publicados y la situación de las miles de entidades suspendidas”.
Los plazos para regularizar la documentación
La resolución establece plazos diferenciados para las cooperativas y mutuales que obtuvieron su personería jurídica durante 2023, 2024 y 2025 y que no presentaron la documentación requerida.
Las entidades constituidas en 2023 y 2024 deberán presentar la documentación asamblearia y los estados contables adeudados dentro de los 30 días hábiles administrativos. Las constituidas en 2025 tendrán 60 días hábiles administrativos para cumplir con esa obligación.
La discusión de fondo es cuánto pesa el cumplimiento formal frente a la continuidad de las fuentes de trabajo, el eje del reclamo bonaerense, que pide revisar los padrones antes de sostener la suspensión de miles de entidades.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 2076/26 del INAES suspende la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales con documentación asamblearia y estados contables pendientes.
- El IPAC bonaerense, que conduce Gildo Onorato, denunció la suspensión de 6.667 cooperativas en todo el país.
- En la provincia de Buenos Aires hay 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas, según Onorato.
- Las entidades de los anexos I a VI no pueden realizar trámites ante el INAES hasta regularizar, y se instruyen sumarios administrativos.
- Las constituidas en 2023 y 2024 tienen 30 días hábiles administrativos para presentar la documentación; las de 2025, 60.
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