Al cumplirse dos años de la desaparición y muerte de Facundo José Astudillo Castro, las querellas solicitaron ampliar las medidas de prueba, tendientes a vincular a un grupo de efectivos de la Policía bonaerense en la causa.

Tras muchos cuestionamientos a los investigadores de la Justicia Federal de Bahía Blanca, se apartó a la magistrada María Gabriela Marrón, siendo reemplazada por su colega Walter López da Silva, a quien se le pide que se cumplan con los requerimientos, que apunta a demostrar la responsabilidad policial en la desaparición forzada de Facundo Castro.

El 30 de abril del 2020, el joven (de 22 años) salió de su casa en el pueblo de Pedro Luro para ir a dedo por la ruta 3 a Bahía Blanca, para reencontrarse con su novia en Bahía Blanca. Ese circular en pleno aislamiento por la pandemia derivó en que fuera “parado” dos veces por la Policía en las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone, ambas también del partido de Villarino.

Luego de muchos reclamos, el 15 de agosto se hallaron los restos óseos de Facundo Castro en un cangrejal de General Cerri y la posterior autopsia determinó que murió ahogado, pero sin dar precisiones de cómo sucedió todo en la previa, cuando se sospecha de haber sido retenido y golpeado por los oficiales Alberto González, Gabriel Sosa, Xiomara Flores y Jana Curruhinca, con el encubrimiento de sus superiores.

El primer fiscal del caso Santiago Ulpiano Martínez, con el aval de la jueza federal Marrón siempre desecharon la participación policial en la desaparición del joven, pese a muchas pruebas científicas que daba cuenta de la participación policial y las denuncias de Cristina Castro Alaníz, la madre de la víctima.

Ahora, tanto los abogados querellantes Leandro Aparicio y Luciano Peretto, como la Comisión Provincial de la Memoria han solicitado el juez federal López Da Silva que se adopten las medidas de pruebas en la causa, que no tiene imputados.