Judiciales ⚖️
Fiscalía niega absolución de embarazada que mató a su agresor en legítima defensa
El fiscal pidió una condena de 8 años para la mujer embarazada, acusada de haber asesinado a su ex pareja, quien la sometía a situaciones de violencia. La defensa continúa reclamando su absolución.
Por Néstor Llidó
En los alegatos del juicio que se le sigue a Gina Cárdenas, la joven embarazada que se defendió de su pareja en la vivienda que compartían en noviembre de 2021 en la ciudad fueguina de Ushuaia, un fiscal solicitó que igualmente sea condenada por el homicidio, pese a las circunstancias extraordinarias de atenuación por la violencia de género que sufría.
En tanto, la defensa se pronunció porque sea absuelta por haber actuado en el marco de la «legítima defensa de ella y de su hijo por nacer”, con el respaldo de organizaciones sociales y colectivos feministas que vienen siguiendo el desarrollo del debate.
El fiscal Eduardo Urquiza consideró que quedó probado que Gina Eliana Cárdenas (de 25 años) apuñaló y mató a su ex pareja Alejandro Ramón Báez (26) durante una discusión, por lo que pidió que sea condenada por «homicidio agravado por el vínculo», aunque al momento de solicitar el monto de la pena reclamó la mínima de 8 años establecida para ese delito.
Si bien desechó el reclamo sobre que el crimen se cometió en el marco de una legítima defensa, aunque admitió que existieron «circunstancias extraordinarias de atenuación», en este caso vinculadas a la violencia de género.
Sin embargo, en el turno de su alegato, el jefe de Defensores Públicos de la provincia de Tierra del Fuego , Gustavo Ariznabarreta, insistió en que su asistida debe ser «absuelta» por haber actuado en el marco de la «legítima defensa» de ella y de su hijo por nacer, ya que estaba embarazada al momento del hecho.
Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron después de los alegatos pasar a un cuarto intermedio hasta mañana, a las 10, en que se le dará a la imputada la oportunidad de dirigirse al Tribunal por última vez, antes de que se conozca el veredicto.
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Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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