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★ La causa penal iniciada por el empresario Jorge Osvaldo Salvatierra por presuntas maniobras irregulares en el mercado de capitales registró un avance significativo en las últimas horas. El estudio jurídico Baños y Asociados, a cargo del abogado Javier Baños, presentó una ampliación de denuncia ante la fiscalía interviniente, con nueva documentación y una batería de medidas probatorias que incluyen oficios, órdenes de presentación y allanamientos.

La presentación incorpora, según informó el propio estudio, una reconstrucción cronológica completa de la operatoria cuestionada, con cadenas de correos electrónicos, registros de conformidades operativas y documentación vinculada a las sociedades de bolsa Balanz Capital Valores S.A. y Cocos Capital S.A., así como a distintos tomadores de pagarés bursátiles.

La maniobra denunciada: pagarés, roleos y sobreapalancamiento

De acuerdo con el escrito judicial presentado por el estudio Baños, la maniobra investigada habría consistido en la ejecución sistemática de operaciones con pagarés del segmento «No Garantizado», con roleos permanentes, cauciones diarias y un creciente nivel de sobreapalancamiento, todo ello sin mandato válido ni autorización expresa del titular de los fondos, según se denuncia.

Un dato central de la acusación es que numerosas operaciones fueron convalidadas mediante simples respuestas electrónicas, básicamente correos con el texto «OK», emitidas por terceros que, según la presentación, carecían de poder ni representación legal para disponer del patrimonio del denunciante.

La denuncia señala además que se habrían cursado transferencias de fondos y títulos bajo invocación indebida de la calidad de «titular», extremo que podría configurar los delitos de estafa, administración fraudulenta, falsificación de instrumento privado y participación criminal, según la calificación jurídica propuesta por la defensa.

El incumplimiento regulatorio en el centro del expediente

Uno de los ejes centrales de la ampliación es el presunto incumplimiento de los deberes regulatorios de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), particularmente en lo relativo a la verificación de mandato, el respeto del perfil de riesgo del comitente (que era «moderado») y la prohibición de multiplicar transacciones sin beneficio real para el cliente.

En este punto, la causa pone bajo análisis una posible situación de conflicto de intereses: las mismas personas que habrían impartido instrucciones operativas intervenían simultáneamente en representación de los tomadores de los instrumentos financieros, operando, según se afirma en la denuncia, «a ambos lados del mostrador».

El perjuicio económico: más de 9,3 millones de dólares

El daño económico denunciado supera los USD 9.394.000 y abarcaría impacto por modificaciones de aforos, costos financieros derivados del roleo y el apalancamiento, así como lucro cesante por la sustitución de activos de bajo riesgo, como bonos del Tesoro de los Estados Unidos, por instrumentos de mayor exposición al riesgo.

Qué medidas se solicitaron a la fiscalía

En esta nueva etapa, el estudio Baños requirió que la fiscalía libre oficios a las sociedades de bolsa para que remitan legajos completos, perfiles de riesgo, eventuales mandatos de administración discrecional, registros de órdenes, grabaciones y cadenas internas de comunicaciones.

También solicitó medidas respecto de los tomadores involucrados para preservar documentación contractual, registros contables y correos electrónicos vinculados a los pagarés investigados.

Fuentes vinculadas al expediente, que pidieron reserva de identidad, indicaron que las medidas solicitadas «podrían resultar determinantes para reconstruir la trazabilidad completa de la operatoria y establecer responsabilidades individuales, funcionales y societarias».

Una etapa probatoria decisiva

Con esta ampliación, la causa ingresa en lo que el propio estudio jurídico define como «una etapa probatoria más intensa», con foco en la determinación de eventuales responsabilidades penales y regulatorias dentro del sistema financiero. La investigación continúa en sede fiscal y aún no hay imputados formales, según surge del estado procesal descripto por las fuentes consultadas.

Ni Balanz Capital Valores S.A. ni Cocos Capital S.A. realizaron declaraciones públicas sobre la causa al cierre de esta nota.

Puntos clave

• La causa penal fue iniciada por el empresario Jorge Osvaldo Salvatierra contra las sociedades de bolsa Balanz Capital y Cocos Capital, entre otros operadores.
• El estudio Baños presentó una ampliación de denuncia con nueva documentación y solicitó allanamientos, oficios y órdenes de presentación.
• La maniobra investigada involucra operaciones con pagarés bursátiles «No Garantizados», roleos y sobreapalancamiento presuntamente sin autorización del titular.
• El perjuicio económico denunciado supera los USD 9.394.000.
• La causa se encuentra en sede fiscal y no registra imputados formales al momento de esta publicación. ★