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Judiciales ⚖️

Cárcel para tres condenados por violación grupal

Tras ser ratificado el fallo de 11 años de prisión, los tres imputados y juzgados por la violación grupal de una joven, en un hecho ocurrido en marzo de 2021 en la localidad tucumana de Burruyacú, serán alojados en la cárcel. La familia de la víctima sigue recibiendo amenazas de allegados a los acusados, sindicados como “hijos del poder”

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Los tres jóvenes que habían sido condenados a 11 años de prisión por el abuso sexual grupal de una chica, a la que violaron de manera reiterada al aprovechar su estado de vulnerabilidad durante una reunión en una vivienda de la localidad tucumana de Burruyacú, comenzaron a cumplir la pena en la cárcel.

Tras el fallo ratificado, al rechazarse el recurso interpuesto por su defensas, Rafael Benjamín Padilla (hijo de un ex intendente del pueblo), David Nicolás Aranda y Hugo Maximiliano Décima, quienes fueron hallados culpables por la violación grupal ocurrida en marzo de 2021, serán alojados en la Unidad Penal de Villa Urquiza.

Mientras esto sucede, la familia de la denunciante viene sufriendo un “constante hostigamiento”, que llega hasta las agresiones en la vía pública. En este contexto de violencia, hasta fueron objeto de una “contradenuncia” por un presunto abuso sexual, en lo que representa “toda una revictimización”, contó la madre de la víctima a EL ARGENTINO, quien señaló a que “esta lucha contra la impunidad de los hijos del poder nos trae estas consecuencias horribles”.

Este episodio de violación grupal se registró en la localidad tucumana de Burruyacú, en la madrugada del 7 de marzo de 2021, cuando la joven (de entonces 23 años) fue hasta la casa de una amiga, invitada a una fiesta, donde tras tomar alcohol y sentirse descompuesta, pidió permiso para acostarse. Ya dentro de la habitación, en total estado de indefensión, fue abordada en un ataque sexual reiterado, del que participaron Rafael Padilla, David Aranda y Maximiliano Décima, tal como quedó acreditado en la investigación.

Tras algunos días, pudo contar lo ocurrido a su madre y entonces, se radicó la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica y a partir de esa presentación, se generó una gran conmoción, debido a que uno de los imputados es hijo de David Padilla, ex intendente de Burrayacú, ex legislador provincial y funcionario del gobierno tucumano.

El expediente avanzó entre pericias para demostrar la existencia de la violación grupal a la que fue sometida, en total estado de indefensión, pero se registraron “presiones” y hasta ofrecimientos económicos para que se retiraran los cargos contra los tres jóvenes. De todas maneras, el caso concitó el apoyo de la comunidad de Burruyacú (un pueblo de 37.000 habitantes en el noroeste de la provincia de Tucumán), con la movilización de vecinos, organizaciones sociales y colectivos feministas para acompañar a la joven y su familia en esta denuncia contra quienes la violaron en forma reiterada.

Denuncia

Denunciaron penalmente a Milei por el discurso en la ORT: abuso de autoridad y hostigamiento a la prensa

La organización Reset Republicano presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N°12 de Comodoro Py. Acusan al presidente de haber utilizado un espacio escolar con menores para desplegar una arenga proselitista, atacar a la oposición y alentar a los estudiantes a repudiar al periodismo.

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Menores, sin prensa y con el subte cerrado: el discurso de Milei en la ORT termina en Comodoro Py.

Javier Milei enfrenta una nueva denuncia penal por su actuación en el Colegio ORT, donde el jueves 27 de agosto se presentó ante alumnos de cuarto y quinto año bajo el pretexto de una charla sobre Inteligencia Artificial organizada por la DAIA en el marco de su 90° aniversario. La presentación judicial, radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py, fue impulsada por la organización Reset Republicano y acusa al mandatario de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación.

Un escenario escolar para un acto político

Según el texto de la denuncia, «el Presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa». La acusación formal señala que Milei «abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario» y realizó «declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos».

Durante su disertación, el Presidente volvió a cuestionar el rol de la prensa e incitó a los alumnos a abuchear a los periodistas. «Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar», dijo Milei ante el auditorio de adolescentes, una frase que los denunciantes consideran una expresión paradigmática del patrón de hostigamiento que el gobierno libertario sostiene contra el periodismo crítico. Los abogados de Reset Republicano destacaron que el mandatario omitió deliberadamente su deber primordial de respetar las leyes que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias.

Marxismo «satánico» y teorías académicamente cuestionables

La denuncia también pone el foco en el contenido ideológico del discurso. Los presentantes sostienen que Milei «abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo». En ese punto, los denunciantes apuntan al uso del aparato estatal de comunicación para propagar ante un público cautivo de menores, que no contaba con adultos presentes ni con cobertura periodística habilitada, un discurso de superioridad ideológica y religiosa.

El dispositivo montado para el acto fue a tono con la operatoria habitual de la Casa Rosada frente a eventos de acceso restringido: el despliegue de seguridad incluyó la clausura temporal de la estación de subte Río de Janeiro, y la presencia de cámaras de medios fue bloqueada. Solo los estudiantes podían ingresar al auditorio.

Incitación al odio y efecto multiplicador de la palabra presidencial

El argumento jurídico central de la denuncia descansa en la jurisprudencia argentina sobre el peso institucional de la palabra presidencial. «La jurisprudencia argentina ha establecido que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que de ninguna manera puede equipararse al de un ciudadano común», sostienen los abogados de Reset Republicano. Sobre esa base, concluyen que al usar el aparato estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, «el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria».

El caso no es el primero que vincula a Milei con denuncias por su retórica contra la prensa. En paralelo, el Juzgado Federal N°12 ya tiene en su órbita otras causas que involucran al entorno presidencial, y la denuncia de Reset Republicano se suma a un creciente expediente judicial que retrata el patrón sistemático de hostigamiento a periodistas como una política de Estado del gobierno libertario.

Puntos clave

  • Reset Republicano denunció penalmente a Milei ante el Juzgado Federal N°12 de Comodoro Py por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y discriminación.
  • La denuncia acusa al Presidente de usar un espacio escolar con menores para una arenga proselitista y alentar el hostigamiento a la prensa.
  • Milei instó a los alumnos del Colegio ORT a abuchear a periodistas y prometió «festejar» si los silbidos eran más intensos.
  • Los denunciantes señalan el uso del aparato estatal de comunicación y la clausura del subte para blindar un acto sin cobertura periodística.
  • La presentación invoca la jurisprudencia sobre el «efecto multiplicador» de la palabra presidencial para encuadrar la conducta en la ley antidiscriminatoria.
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