Conectate con El Argentino

Géneros 🟣

Los acusados de abuso sexual en un camping van a la Corte para revertir fallo que ordena otro juicio

A través de dos presentaciones ante el máximo tribunal provincial, los defensores de Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) rechazaron el fallo de la Sala III de Casación que el último 23 de diciembre anuló la decisión de un jurado popular que había establecido que ninguno de los tres era responsable penalmente del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas».

Publicado hace

#

Las defensas de los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar acudieron a la Suprema Corte bonaerense para intentar revertir un fallo de Casación que había anulado el juicio por jurados que los había declarado «no culpables» y había ordenado un nuevo debate, informaron hoy fuentes judiciales.

A través de dos presentaciones ante el máximo tribunal provincial, los defensores de Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) rechazaron el fallo de la Sala III de Casación que el último 23 de diciembre anuló la decisión de un jurado popular que había establecido que ninguno de los tres era responsable penalmente del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas».

Los abogados Martín Bernat, en representación de Jaime; y Marcelo Giménez, de Villalba; presentaron un recurso extraordinario de nulidad y otro de «inaplicabilidad de la ley» contra el fallo dispuesto por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, quienes consideraron que en el proceso hubo «un claro avasallamiento a los derechos» de la víctima.

En un escrito de 45 páginas, al que tuvo acceso entes de noticias, los defensores aseguraron que el Tribunal de Casación «no actuó conforme a derecho» y «no ha respetado las mínimas formalidades del debido proceso», y que el fallo que anuló el veredicto y que pidió la realización de un nuevo juicio por jurados «adolece de nulidad de carácter absoluto».

«Casación no actuó conforme a derecho, porque debió haber fijado una audiencia pública para resolver este tema, a la que pudiéramos ir las partes, ver los argumentos, ofrecer prueba y eso no se hizo. No se nos dio traslado, y violentaron el derecho a ser juzgado por un juez imparcial», indicó Bernat.

Aseguró además que en el fallo de la Sala III «hay falta de fundamentación legal» y «no explican en qué artículo se basan para revisar un veredicto absolutorio de un jurado, que es irrevisable».

En cuanto al recurso de «inaplicabilidad de ley», cuestionaron el argumento planteado por la querella sobre «la supuesta ausencia de la asesora de menores en el juicio» durante la declaración de la víctima, y aseguraron que «es mentira, tal como surge de las videofilmaciones y las actas del debate».

«Además es mentira que la menor declaró sola: declaró codo a codo acompañada por la terapeuta privada que la propia familia solicitó», aseguraron.

Bernat consideró además que «es un resolución que salió entre gallos y media noche, en tiempo récord, y en nueve carillas revocan una absolución por primera vez en la historia de un juicio por jurado y toda la jurisprudencia que dice que es irrecurrible».

En el mismo sentido apuntó con pedidos similares la defensora de Pitman, Noelia Agüero, quien sostuvo que la sentencia de Casación «ha utilizado un subterfugio para violar la ley palmariamente, y aquí reside la arbitrariedad en su máxima expresión, pues al decretar la nulidad del juicio, cuyo veredicto absolutorio irrecurrible del soberano jurado posee efecto de cosa juzgada material, viola el principio de la prohibición a la doble persecución penal».

El juicio que estableció la no culpabilidad de los acusados se desarrolló entre el 14 y el 17 de septiembre últimos, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, conducido por el juez Fabián Riquert, del Tribunal Oral en los Criminal 3.

Tres ese veredicto absolutorio, presentaron un recurso de queja los abogados de la menor, Maximiliano Orsini y Juan Pablo Gallego, quienes consideraron que presentaba una «insalvable nulidad».

Pitman, Jaime y Villalba habían llegado a juicio luego de que durante la instrucción del caso, la fiscal Florencia Salas los acusara de haber abusado sexualmente de la menor en el camping «El Durazno», durante los festejos de Año Nuevo de 2019, «aprovechándose de la edad» de ella y de que «no podía consentir libremente el accionar».

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

Publicado hace

#

175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas