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Los acusados de abuso sexual en un camping van a la Corte para revertir fallo que ordena otro juicio

A través de dos presentaciones ante el máximo tribunal provincial, los defensores de Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) rechazaron el fallo de la Sala III de Casación que el último 23 de diciembre anuló la decisión de un jurado popular que había establecido que ninguno de los tres era responsable penalmente del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas».

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Las defensas de los tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar acudieron a la Suprema Corte bonaerense para intentar revertir un fallo de Casación que había anulado el juicio por jurados que los había declarado «no culpables» y había ordenado un nuevo debate, informaron hoy fuentes judiciales.

A través de dos presentaciones ante el máximo tribunal provincial, los defensores de Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25) rechazaron el fallo de la Sala III de Casación que el último 23 de diciembre anuló la decisión de un jurado popular que había establecido que ninguno de los tres era responsable penalmente del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas».

Los abogados Martín Bernat, en representación de Jaime; y Marcelo Giménez, de Villalba; presentaron un recurso extraordinario de nulidad y otro de «inaplicabilidad de la ley» contra el fallo dispuesto por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, quienes consideraron que en el proceso hubo «un claro avasallamiento a los derechos» de la víctima.

En un escrito de 45 páginas, al que tuvo acceso entes de noticias, los defensores aseguraron que el Tribunal de Casación «no actuó conforme a derecho» y «no ha respetado las mínimas formalidades del debido proceso», y que el fallo que anuló el veredicto y que pidió la realización de un nuevo juicio por jurados «adolece de nulidad de carácter absoluto».

«Casación no actuó conforme a derecho, porque debió haber fijado una audiencia pública para resolver este tema, a la que pudiéramos ir las partes, ver los argumentos, ofrecer prueba y eso no se hizo. No se nos dio traslado, y violentaron el derecho a ser juzgado por un juez imparcial», indicó Bernat.

Aseguró además que en el fallo de la Sala III «hay falta de fundamentación legal» y «no explican en qué artículo se basan para revisar un veredicto absolutorio de un jurado, que es irrevisable».

En cuanto al recurso de «inaplicabilidad de ley», cuestionaron el argumento planteado por la querella sobre «la supuesta ausencia de la asesora de menores en el juicio» durante la declaración de la víctima, y aseguraron que «es mentira, tal como surge de las videofilmaciones y las actas del debate».

«Además es mentira que la menor declaró sola: declaró codo a codo acompañada por la terapeuta privada que la propia familia solicitó», aseguraron.

Bernat consideró además que «es un resolución que salió entre gallos y media noche, en tiempo récord, y en nueve carillas revocan una absolución por primera vez en la historia de un juicio por jurado y toda la jurisprudencia que dice que es irrecurrible».

En el mismo sentido apuntó con pedidos similares la defensora de Pitman, Noelia Agüero, quien sostuvo que la sentencia de Casación «ha utilizado un subterfugio para violar la ley palmariamente, y aquí reside la arbitrariedad en su máxima expresión, pues al decretar la nulidad del juicio, cuyo veredicto absolutorio irrecurrible del soberano jurado posee efecto de cosa juzgada material, viola el principio de la prohibición a la doble persecución penal».

El juicio que estableció la no culpabilidad de los acusados se desarrolló entre el 14 y el 17 de septiembre últimos, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, conducido por el juez Fabián Riquert, del Tribunal Oral en los Criminal 3.

Tres ese veredicto absolutorio, presentaron un recurso de queja los abogados de la menor, Maximiliano Orsini y Juan Pablo Gallego, quienes consideraron que presentaba una «insalvable nulidad».

Pitman, Jaime y Villalba habían llegado a juicio luego de que durante la instrucción del caso, la fiscal Florencia Salas los acusara de haber abusado sexualmente de la menor en el camping «El Durazno», durante los festejos de Año Nuevo de 2019, «aprovechándose de la edad» de ella y de que «no podía consentir libremente el accionar».

Femicidio

A un año del triple femicidio narco de Varela: 4 nuevos detenidos

Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron atraídas con la promesa de una fiesta y asesinadas. La fiscalía de Labozzetta avanza con allanamientos en CABA y el conurbano.

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El Argentino Diario-Familiares de Brenda, víctima del triple femicidio.

Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas el 20 de septiembre de 2025 luego de ser captadas con el señuelo de una falsa fiesta. La investigación estableció que el crimen respondió a una disputa narco: el grupo organizado sospechaba que las jóvenes habían robado droga y montó una trampa para exigirles la devolución de la cocaína. Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia.

La noche en que todo fue una trampa

La tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres amigas fueron vistas por última vez cerca de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca creyendo que iban a una celebración. Dentro de la vivienda ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a una violencia brutal: mutilaciones y golpes reiterados antes de ser asesinadas. Sus cuerpos no aparecieron de inmediato. Recién el 24 de septiembre, después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio trasero de esa misma casa. El hallazgo conmocionó al país.

La acusación formal establece que el eje del crimen fue el reclamo por el supuesto robo de droga, motivo por el cual la organización montó una falsa fiesta narco para atraparlas. Los delitos imputados son triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Quiénes son los detenidos y quiénes están acusados

Los cuatro nuevos aprehendidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos de este sábado. Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos ordenados por la fiscal Mariela Labozzetta. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta que los imputados comparezcan el lunes.

A lo largo de la investigación el expediente acumuló numerosos imputados: Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como figura central; Víctor Sotacuro Lázaro (41); Milagros Florencia Ibáñez (20); Maximiliano Andrés Parra (18); Iara Daniela Ibarra (19); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Matías Agustín Ozorio (28); Mónica Débora Mujica (37); Celeste Magalí González Guerrero (28); Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Un episodio que generó debate fue el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú. Sin embargo, para la acusación el eje de la organización es Valverde Victoriano, quien habría intervenido en la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el sometimiento de las jóvenes hasta su asesinato.

Un crimen que es también violencia de género

Más allá del entramado narco, el triple femicidio de Florencio Varela tiene una dimensión que no puede soslayarse: tres mujeres jóvenes, de 15 y 20 años, fueron elegidas como blanco porque la organización criminal consideró que podía someterlas, torturarlas y asesinarlas sin consecuencias. La agravante de violencia de género incorporada a la acusación reconoce que el género de las víctimas no fue un dato neutro, sino una condición que el grupo criminal explotó. El caso integra un patrón más amplio de crimen organizado que utiliza a mujeres y adolescentes como eslabones vulnerables de su cadena de violencia.

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