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El Inadi citó a Pichetto tras sus dichos contra Ayelén Mazzina

La titular del organismo convocó al procurador general de la Nación para mantener una conversación acerca de “las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos” en debates públicos.

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El-Argentino-Greta Pena.

La titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, convocó hoy al auditor general de la Nación y uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Ángel Pichetto, a concurrir al organismo tras sus declaraciones sobre la orientación sexual de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y advirtió que «hay límites que no podemos cruzar».

«Convocaré a @MiguelPichetto a concurrir al Inadi para mantener una reunión acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos», dijo la titular del Inadi este mediodía a través de su cuenta de Twitter,

Tras advertir que «hay límites que no podemos cruzar», Pena informó que instruyó al equipo jurídico del Inadi para «analizar las manifestaciones públicas del Auditor General de La Nación» contra la ministra «por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política».

La funcionaria anunció la convocatoria tras las manifestaciones realizadas anoche por Pichetto en un canal televisivo, donde criticó al ministerio que conduce Mazzina por su postura frente al asesinato de Lucio Dupuy y dijo que no está comandado por una mujer ya que su titular es lesbiana.

«(El Ministerio) está en manos de una chica que es lesbiana, que está bien. Yo creo en la libertad individual, creo en el derecho a la felicidad, voté todas las leyes de la igualdad. Pero si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto a una mujer. Y podrían haber hecho una declaración coherente», dijo Pichetto anoche a LN+.

Al cruce de estos comentarios salió hoy Mazzina, quien expresó a través de sus redes sociales: «Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado».

Las declaraciones de Pichetto generaron fuertes críticas por lo que el auditor general se retractó en sus redes sociales.

«Ante la tergiversación de mis dichos en un programa televisivo, quiero aclarar que mi intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen», dijo.

Sin embargo, la ministra había repudiado el crimen y, en diálogo con Télam, destacó la necesidad de «romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias».

«Hay que hablar de las violencias a las infancias, romper el silencio, no hay que renunciar a la palabra, y hacernos cargo que como sociedad, como adultos, y como Estado particularmente, lo que sucedió es un hecho aberrante», subrayó en una entrevista con esta agencia.

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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