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Buenos Aires

Informe Línea 144: una de cada tres mujeres denunciaron violencia sexual

En el último año hubo 444 llamados a la línea 144 por intento de femicidios a mujeres y LGTBIQ+.

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La línea telefónica 144 atendió en la provincia de Buenos Aires, desde junio de 2020 a junio de 2021, a unas 444 mujeres y LGTBI+ que habían sufrido al menos un intento de femicidio, en su mayoría por parte de exparejas y en un 54 por ciento de esos casos las víctimas habían radicado previamente denuncias por violencia de género y en un 30 por ciento de esos casos, los intentos de femicidio se dieron cuando había una medida de restricción perimetral.

Así lo reveló el Segundo Informe del período 2020-2021 sobre intentos de femicidios identificados en la Línea 144, que presentó esta tarde la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en base a las llamadas recepcionadas.

Según se dio a conocer este jueves durante el período junio 2020-junio 2021 se atendieron 12.266 mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por razones de género y de ese total unas 444 (3.6%) manifestaron haber sufrido, al menos, un intento de femicidio.

El 99 % de los casos analizados fueron intentos de femicidios sufridos por mujeres y el 1 % restante se trató de intentos de transfemicidios. En el 99% de los casos, las personas que ejercieron las agresiones fueron varones.

En relación a los tipos de violencia referenciados en las situaciones registradas se observa que en la mayoría se ejerció violencia psicológica y física, alcanzando ambos tipos el 98%, mientras que, en un 80% fue de tipo simbólica.

Si bien la frecuencia es menor, sigue siendo considerable la presencia de violencia económica y patrimonial (54%) así como la violencia sexual, ya que se registró en una de cada 3 situaciones registradas

«Las niñas y niños testigos de la violencia que sufre su cuidadora son igual de víctimas que ella».

El principal intento de femicidio se dio a través de la asfixia (44 casos), principalmente el ahorcamiento con la fuerza de las manos, o con otros elementos como mangueras, cables o uso de almohadas; golpizas (37 casos); el uso de arma de fuego (26); uso de vehículos (12 casos), entre otras.

En el 54% de los casos analizados, las mujeres y LGTBI+ habían realizado denuncias por violencia de género previas al intento de femicidio. En 85 relatos hay registro de las lesiones derivadas del intento de femicidios, que se extienden desde raspones y moretones a accidentes cerebro vasculares (ACV) hasta llegar incluso a la muerte cerebral.

En los grupos etarios de entre 17 y 54 años, se observó que los intentos de femicidio fueron perpetrados por sus ex parejas (el porcentaje oscila entre el 44% y el 67%) y parejas (variando entre el 32% y 50% en los diferentes rangos etarios). Casi la totalidad de los casos en los que se registró al menos un intento de femicidio se dieron en el marco de situaciones de violencia doméstica (80%).

En 164 casos, las personas en situación de violencia tenían hijas/os a cargo de parejas anteriores y en común con la persona que ejerce la agresión, en la mayoría de los casos menores de edad, en dos casos eran nietas/os a cargo y en ese sentido el informe precisa que «las niñas y niños testigos de la violencia que sufre su cuidadora son igual de víctimas que ella».

«El primer Informe contribuyó a lo que ya es un instrumento importante que es la Matriz Única de Caracterización de Riesgo, un instrumento construido en conjunto por nuestro ministerio, el ministerio de Justicia y el de Seguridad y que rige para todo organismo que atiende violencias por razones de género», explicó la ministra Estela Díaz.

Remarcó que este segundo informe, basado en las tentativas de femicidio, permite conocer que «es alto el nivel de crueldad y de violencia». Consideró que «hay que producir cambios culturales profundos, el patrón del patriarcado, como un sistema de dominio y control del cuerpo de las mujeres, está en la base de esta violencia machista».

Tras la exposición de este informe por el canal de YouTube se dio la palabra a una serie de periodistas especializadas en género, una de ellas la editora de Género de la agencia de noticias Télam, Silvina Molina, quien invitó a pensar «qué pasa como sociedad que son las mismas personas las que llaman para contar que estuvieron a punto de ser asesinadas, qué pasa con nuestro compromiso como sociedad».

«El informe también nos interpela como comunicadoras, tenemos que cuidar la manera de comunicar. Los violentos usan los argumentos que escuchan en los medios para amenazar a las mujeres, les dicen `te voy a quemar como a tal` `te voy a ahorcar como`, dando nombre de víctimas de femicidio. Por eso como comunicadoras no divulguemos los detalles de la violencia y crueldad», finalizó.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Buenos Aires

Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.

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El Argentino Diario-Mónica Macha.
Dos años después de la muerte de Ema, la Provincia legisló y la Nación todavía no tiene una ley para las escuelas.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.

Qué crea la ley

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.

El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.

Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Un recorrido con idas y vueltas

El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.

Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó

Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.

Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.

Del dolor a la política pública

Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.

La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.

Lo que tenés que saber:

  • Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
  • La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
  • Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
  • Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
  • Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.

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