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Chaco

Las 13 condenas por femicidios en los que no se halló el cuerpo de la víctima

El crimen de la joven chaqueña, en el que aún no se encuentra su cuerpo, tiene precedentes en la historia judicial Argentina, con juicios en los que se logró condenar a los femicidas.

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Por Ian Werbin

El caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco, que se investiga como un femicidio a pesar de que aún no fueron hallados sus restos, rememoró una serie de causas en las que la Justicia condenó a los autores a pesar de no contar con el «cuerpo del delito»: según un relevamiento de la organización La Casa del Encuentro, hubo al menos 13 condenas en los últimos 43 años a femicidas que no revelaron qué hicieron con sus víctimas, entre ellos el autor del crimen de Érica Soriano, Daniel Lagostena, y el de Stella Maris Sequeira, el abogado Rubén Carrazzone.

Los asesinatos que menciona el informe, el cual fue elaborado a partir de publicaciones periodísticas, se registraron entre 1989 y 2017: en todos ellos, los femicidas fueron hallados culpables por distintas autoridades judiciales de las provincias de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Tucumán y Río Negro y de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de no haberse localizado el cadáver de la víctima.

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Según recopiló La Casa del Encuentro, los condenados fueron: Salvador Pucci, Diego Estanislao Hervatín, Mauricio Daniel Severi, Daniel Lagostena, Mariano Luque (dos hechos), Aldo Vargas, Roberto Carlos Rejas, César Raúl Villanueva, Rubén Ernesto Carrazzone, Marcos Thola Durán, Victor Purreta y Rodrigo Germán Silva.

En tanto, las respectivas víctimas de los femicidios fueron: María Sebastiana Lara (36), Stella Maris Pugliese, Claudia Marcela Monzón (42), Érica Soriano, (30), Soledad Olivera, (31), Johana Chacón (13), Noelia Johana Rodríguez (22), Milagros Avellaneda (27) y su hijo Benicio Coronel (2), Adriana del Valle Caballero (25), Stella Maris Sequeira (61), Silvia Vázquez Colque (33), Maira Iris Benítez (17) y Andrea Noemí López (25).

Si bien La Casa del Encuentro registró trece casos de este tipo en los que no fue hallado «el cuerpo del delito», y por los cuales fueron condenados sus autores, también existen otros dos casos que no fueron incluidos ya que la organización consideró que no fueron femicidios.

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Uno de ellos es el crimen de Annagreth Würgler (28), la turista de nacionalidad suiza vista por última vez en La Rioja en agosto de 2004, por el cual Alcides Cuevas fue condenado a la pena de 18 años de prisión.

El restante fue el asesinato de la artesana Roxana Nuñez (28), quien desapareció en la localidad bonaerense de Tristán Suárez el 1 de marzo de 2009, y por cuyo caso fueron condenados Juan Carlos Zárate a 20 años de cárcel, y a Néstor Javier Leguiza y la pareja de éste, Alejandra Danza, a la pena de 18 años de prisión.

Por otra parte, para la organización, el modus operandi de hacer desaparecer el cuerpo de la víctima refleja una búsqueda de los asesinos «para lograr impunidad», lo cual hace imprescindible que los instructores judiciales acumulen numerosas pruebas «bajo un minucioso análisis, consistentes evidencias documentales, además de testimonios y una sólida cadena de indicios» para arribar a una sentencia condenatoria.

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Al respecto, Gabriel Vitale, el juez de Garantías de Lomas de Zamora que intervino en el femicidio de Érica Soriano y por el cual fue condenado a 22 años de prisión su esposo Daniel Lagostena, desestimó por completo la expresión común «sin cuerpo no hay delito» y consideró que en este tipo de investigaciones «lo importante pasa por determinar y reconstruir los hechos, donde la contextualización es fundamental».

«Claramente el proceso de investigación es más arduo. Se tienen que unir todos los contextos: cómo se reconstruyen los hechos, los datos y la situación en base a los elementos que tenés», ilustró el magistrado en diálogo con Télam.

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En ese sentido, Vitale agregó: «Hay una máxima que los cuerpos hablan. Por un lado te dicen como fue la muerte, si hubo violencia, hay mucha información. Al no estar disponible, lo que sí tenés es el dato de contextualización».

A su vez, Vitale recordó que la reconstrucción de los últimos pasos de Érica Soriano y sus vínculos fue fundamental para establecer que su desaparición había sido forzada.

«Lo primero que hicimos fue establecer el recorrido de Érica durante las últimas horas que estuvo viva. Que fue al médico a las 18.30, que después por las antenas de los teléfonos determinamos que siguió hablando por teléfono con una amiga hasta que llegó a Lanús. Que llegó a la casa de la persona acusada viva. Y ese es el último dato con vida que tenemos, que es la última certeza objetiva. A partir de ahí, empezás a trabajar en los contextos», explicó.

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«En su momento, teníamos mucha información de ese contexto, de las situación y de cómo Lagostena la trataba a ella. En el caso de Érica le dimos mucha entidad al tema de su hija, que trabajaba, que tenía una vida. No había indicios de que ella pudiera irse. Todo eso fue reforzando la idea de que ella no se pudo haber ido por motus propio», detalló Vitale.

Con un criterio similar al del magistrado, la abogada Raquel Hermida Leyenda, contempló las diferencias que existen en la investigación de un asesinato de estas características con uno en el que sí se logró el hallazgo de un cadáver.

«La autopsia es el lugar en que se determina dónde estuvo el cadáver, qué le hicieron, con qué herramientas, y cómo fue, desde el punto de vista material, el asesinato de ese cuerpo. Es importantísima y nos brinda, a veces, directamente al autor. También es importante remarcar que en otras veces han existido femicidios impunes a pesar de encontrarse un cuerpo, como el de Nora Dalmasso», afirmó la letrada en diálogo con Télam

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Por otro lado, Hermida Leyenda, quien representó al particular damnificado durante el juicio en el que el abogado penalista Carrazzone fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Stella Maris Sequeira, la primera causa caratulada como femicidio en Argentina en la que se halló un culpable sin haber encontrado el cuerpo de la víctima, detalló la función que cumple la parte querellante en este tipo de hechos.

«Generalmente desde nuestro lado se debe asumir un rol de investigador para aportar pruebas al Ministerio Público, que está tapado de trabajo y no logra cumplir con sus obligaciones. Algunas fiscalías son abiertas y permiten a la querella trabajar paralelamente y aportar las pruebas necesarias e investigar sobre esas pruebas. Sin embargo, a veces es una lucha contra el mismo ministerio público que tiene tiempos muy lentos y una investigación muy mala», explicó.

Asimismo, la abogada consideró que, en general, la estrategia de los defensores consiste en hacer pasar las desapariciones de las víctimas como «viajes voluntarios» o «secuestros extorsivos». Con respecto a ello, Hermida indicó que «lo más importante es hacer un análisis psicológico de las personas que no están».

«Vos me decís, ¿cómo se puede hacer eso? Es muy simple. Hacer entrevistas a sus amigos, a sus seguidores en las redes, leer todos sus movimientos, analizar su forma de hablar, saber cómo son sus costumbres. El dato más importante que tuvimos para establecer que la desaparición de Stella no era un viaje voluntario fue que dejó a sus tres perros. Ella nunca se separaba de ellos y los dejaba siempre muy bien cuidados cada vez que se iba», explicó.

Por último, Hermida Leyenda reflexionó sobre la conducta de los femicidas que, tras cometer el crimen, deciden esconder el cuerpo de la víctima.

«Los mayores homicidios agravados sin cuerpo, se hablan de parrillas, de ácidos que disolvieron el cuerpo, de entierros. Es un acto que tiene que ver con destruir absolutamente a esa persona y no dejar rastros de ella», reflexionó.

Los 13 femicidios que llegaron a condenas sin el cuerpo

Los siguientes son los trece casos de femicidios en los que, a pesar de que nunca fue hallado el cadáver de la víctima, se logró condenar al autor del crimen:

– María Sebastiana Lara (36): su femicidio tuvo lugar el 24 de septiembre de 1989, en la localidad neuquina de Chos Malal, cuando Lara desapareció sin haberse llevado ninguna prenda de vestir de su casa.

Unas semanas más tarde, los investigadores del hecho encontraron en la casa de su esposo, Salvador Pucci, un arma calibre 9 milímetros y esquirlas de bala manchadas con sangre.

Finalmente, el 22 de mayo de 1992 fue condenado a 20 años de prisión por el crimen de Lara, luego de que los peritos acreditaran que Pucci la mató de un tiro en la cabeza.

El mismo Pucci fue liberado a principios de 2010 y, en junio de ese año, asesinó a otra expareja suya, Miriam Flores, en La Pampa, quien fue hallada quince días después de su muerte semienterrada y cubierta con piedras, hecho por el cual fue condenado a 20 años de prisión.

– Andrea Noemí López (25) : fue asesinada el 10 de febrero de 2004 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Diez años después, su esposo Victor Purreta, fue condenado a 26 años de prisión por el femicidio, luego de que el hijo de la pareja declarara que había sido testigo directo del hecho.

– Stella Maris Pugliese: su crimen ocurrió el 5 de mayo de 2007 en el barrio porteño de Floresta, donde Stella Maris -que estaba embarazada al momento del hecho- fue asesinada de un disparo en la cara, según indicaron en su fallo los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la Capital Federal. Dicho tribunal condenó a prisión perpetua al esposo de Pugliese, Diego Estanislao Hervatín, por el delito de «homicidio agravado por el vínculo» al comprobar que» el cuerpo fue ocultado o hecho desaparecer».

– Claudia Marcela Monzón (42): su asesinato sucedió el 24 de septiembre de 2009 en el barrio porteño de Villa del Parque. Un día después, su exesposo Mauricio Daniel Severi denunció que estaba desaparecida, aunque días después confesó que la asesinó y enterró el cadáver en un predio de Lomas de Zamora. En marzo de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 15 de la Capital Federal, condenó a Severi a 16 años de prisión por el «homicidio preterintencional agravado por el vínculo» de Monzón.

– Érica Soriano (30): el 21 de agosto de 2010 fue la última vez que se supo de Érica, que había salido desde Lanús rumbo a una clínica de Capital Federal, para hacerse un control ginecológico ya que estaba embarazada de dos meses. Su pareja, Daniel Lagostena, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Lomas de Zamora a 22 años de prisión por su asesinato.

– Soledad Olivera (31) y Johana Chacón (13): por ambos hechos se culpó a Mariano Luque y sucedieron en la localidad mendocina de Lavalle. El crimen de Olivera sucedió el 18 de noviembre de 2011, mientras que Chacón fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 en la puerta de la finca donde vivía junto a su hermana y Luque. Las sentencias por ambos casos se unificaron y Luque fue condenado a 32 años de cárcel.

– Noelia Johana Rodríguez (22): fue vista por última vez el 4 de mayo de 2014 en la localidad salteña de Guachipas. Por su asesinato se detuvo a Aldo Vargas, quien mantenía una relación extramatrimonial con la víctima, y a su esposa Carina Cardozo. Dos años más tarde, la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta condenó a Vargas a prisión perpetua, mientras que Cardozo fue sentenciada a 20 años de prisión.

– Milagros Avellaneda (27) y su hijo Benicio Coronel (2) : fueron vistos por última vez en la ciudad de San Miguel de Tucumán en octubre de 2016. Por ambos crímenes fue condenado a prisión perpetua el guardiacárcel Roberto Carlos Rejas, padre del niño.

– Adriana del Valle Caballero (25): su asesinato ocurrió el 20 de noviembre de 2016 en la localidad bonaerense de Necochea. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa ciudad, en un juicio por jurados populares, condenó a César Raúl Villanueva, su pareja, a prisión perpetua.

– Maira Iris Benítez (17): desapareció el 17 de diciembre de 2016 en la localidad de Villa Ángela, Chaco. Rodrigo Silva, con quien había tenido una relación, fue condenado a 21 años por «homicidio simple».

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– Stella Maris Sequeira (61): La última vez que vieron fue el 29 de diciembre de 2016 en su casa de la localidad de Ezeiza. Su pareja Rubén Ernesto Carrazone denunció su desaparición y aseguró haber recibido un llamado extorsivo en el que supuestamente le exigían 80.000 dólares para liberarla. Finalmente, se comprobó que había sido una falsa denuncia y fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata.

– Silvia Vázquez Colque (33): su femicidio sucedió en la ciudad de Viedma, Río Negro, el 4 de junio de 2017. En octubre de 2019, un Tribunal condenó a perpetua su expareja Marcos Thola Durán por considerarlo autor penalmente responsable del delito de «homicidio agravado por haberse cometido contra quien ha mantenido una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género».

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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