Buenos Aires
Abuso en Pinamar: secuestraron un arsenal y elementos vinculados al caso
J.C.A., de 52 años, declaró durante más de tres horas, negó todo e igual fue imputado por las prueba halladas por «privación ilegal de la libertad agravada por la relación de pareja, abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas por el uso de armas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra», todo en contexto de violencia de género.
El comerciante que desde el domingo está detenido acusado de amenazar de muerte, retener contra su voluntad y abusar sexualmente de su esposa, quien fue rescatada en un operativo en un country de Costa Esmeralda, al norte de la localidad balnearia de Pinamar, se declaró inocente ante el fiscal de la causa y dijo que era mentira que la tuviera aislada o privada de la libertad, informaron fuentes judiciales.
El acusado, identificado por sus iniciales J.C.A., de 52 años, declaró hoy durante más de tres horas al ser indagado finalmente por el fiscal que se quedará de ahora en más con el expediente, Jorge Noceti, y que es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de San Fernando Oeste, hasta ayer subrogada por el primer fiscal del caso, Matías López Vidal.
La diligencia fue realizada en el denominado «Complejo Carolina Aló» (por el nombre de la adolescente asesinada de 113 puñaladas en 1996), ubicado en la calle Miguel Cané 4650 de Virreyes donde también funciona la Comisaría de la Mujer de la zona.
Ayer, el imputado había pedido una prórroga de 24 horas para poder declarar con la asistencia de sus abogados particulares, Héctor y Ezequiel Lufrano, quienes ya fueron designados en el expediente como sus defensores.Una fuente judicial indicó que frente el fiscal Noceti, J.C.A., quien dijo ser comerciante y tener un negocio de venta de artículos de goma y caucho, “negó todos los cargos” y desestimó la denuncia hecha por su esposa.
“Sí reconoció que el 29 de enero tuvieron una discusión fuerte a partir de una supuesta infidelidad que él descubrió, pero que nunca la amenazó de muerte, ni le apuntó con un arma de fuego, ni abusó sexualmente de ella”, señaló la fuente judicial consultada.
A su vez, negó que tuviera a su esposa privada de la libertad en la casa a la que se fueron a veranear en Costa Esmeralda, que incluso la mujer se veía allá con unos tíos y que si hubiera querido, tenía la posibilidad de irse porque no la tuvo retenida de ninguna manera.
Tras la indagatoria, J.C.A. continuará detenido por los mismos cuatro delitos por los que ayer la jueza de Garantías 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, convirtió su aprehensión en detención formal y así quedó preso por cuatro delitos.
La imputación contra el hombre incluye «privación ilegal de la libertad agravada por la relación de pareja, abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas por el uso de armas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra», todo en contexto de violencia de género.
La causa se inició el sábado pasado por la noche cuando la hermana de la víctima -tiene 42 años pero su identidad se mantiene en reserva para resguardarla- se presentó en la Comisaría de la Mujer de San Fernando para denunciar que la mujer estaba retenida contra su voluntad en una casa de un barrio privado de Costa Esmeralda, al norte de la localidad de Pinamar.
La clave del caso, y lo que motivó el allanamiento de urgencia para el rescate, fue un mensaje de audio de 8 minutos y 50 segundos que la propia víctima logró enviarle a su hermana cuando, en un supuesto descuido del ahora detenido, una tía de la víctima logró alcanzarle un celular cuando pasó a visitarla en Costa Esmeralda, donde presuntamente la tenía retenida y aislada.
Según consta en la denuncia, en ese audio, la víctima pide ayuda, explica que hace seis meses que ella quiere separarse, pero su marido no lo aceptaba y que tras un problema de pareja ocurrido el 29 de enero, el hombre la amenazó de muerte con armas de fuego, la violó y le dijo que la única forma de salvarse era que le tenía que «demostrar al mundo que eran una familia perfecta».
Fuentes judiciales revelaron que la víctima en ese audio que logró hacerle llegar a una hermana e inició la investigación, contó parte de las amenazas y el calvario que denunció haber padecido.
Según el relato de la denunciante, la noche que empezó todo y la amenazó de muerte, la llevó al muelle de la casa donde viven en una de las islas del delta de San Fernando, le apuntó con un revólver calibre .22 y le dijo: «Te voy a meter cinco tiros».
Otra de las amenazas fue cuando le dijo: «Te voy a atar a un ancla y te tiro al Paraná».Siempre según la denuncia, a partir del 9 de febrero, el hombre subió a la mujer y a sus tres hijos a la camioneta y la obligó a ir a una casa de veraneo que la pareja tiene en Costa Esmeralda.
Desde allí envió el mensaje que motorizó la denuncia y el operativo de rescate, ordenado por el fiscal López Vidal. La mujer fue liberada el domingo último por la mañana en un operativo realizado por detectives de la DDI San Isidro y de la DDI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) del Partido de la Costa, en una propiedad del lote 64 del Barrio Golf I de Costa Esmeralda.
Los efectivos detuvieron al denunciado, rescataron a la mujer y también pusieron a resguardo a los tres hijos de la pareja, de 5, 8 y 10 años, dos de ellos varones y la restante una niña.
En paralelo, fue allanado el domicilio matrimonial donde empezó todo, en el Canal de la Serna de las islas del delta de San Fernando, donde se secuestraron siete armas: dos revólveres, dos rifles, dos escopetas, una carabina, un aire comprimido y mil cartuchos de distintos calibres.
A su vez, se secuestraron otros elementos que podrían estar relacionados a los abusos sexuales también denunciados por la víctima.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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