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El Gobierno impulsa reforma penal: adiós al femicidio y hola a cárceles privadas

Cuáles son los riesgos de invisibilizar la violencia de género y la verdadera eficacia de privatizar cárceles. Los detalles.

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El Gobierno de Javier Milei prepara una reforma integral del Código Penal con el objetivo de hacerlo «más punitivo». Fuentes de la Casa Rosada señalaron que la legislación vigente «fue muy condescendiente con los victimarios». Entre las modificaciones propuestas, se encuentra el agravamiento de penas para delitos graves y la implementación de la cadena perpetua de cumplimiento efectivo, eliminando la posibilidad de libertad condicional tras 35 años de prisión.

Implementación de cárceles privadas

Paralelamente, el Ejecutivo busca reformar el sistema penitenciario mediante la habilitación de cárceles de gestión privada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lidera esta iniciativa, argumentando que el sistema actual «no sirve» y que es necesario un cambio estructural.

Eliminación de la figura del femicidio

Una de las propuestas más polémicas es la eliminación de la figura de «femicidio» del Código Penal. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que la administración «defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional» y que «ninguna vida vale más que otra». Esta postura ha generado críticas de organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de invisibilizar la violencia de género.

La propuesta de eliminar el femicidio como categoría legal ha sido cuestionada por expertos. Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señaló que «los datos de homicidios muestran que, si bien los hombres son la mayoría de las víctimas en las muertes violentas, la forma, las circunstancias y los perpetradores respecto de las víctimas mujeres son muy diferentes». Además, destacó que «no existe en la Argentina un privilegio para las mujeres» en términos penales.

Por otro lado, la implementación de cárceles privadas plantea interrogantes sobre la eficacia y ética de delegar la gestión penitenciaria al sector privado. Experiencias en otros países han mostrado resultados mixtos, con preocupaciones sobre la calidad de las condiciones de detención y la motivación de lucro.

Puntos clave de una reforma penal polémica:

  • La reforma del Código Penal que propone el Ejecutivo es supuestamente para endurecer las penas y hacer que la cadena perpetua sea de cumplimiento efectivo.
  • Se busca habilitar cárceles de gestión privada como parte de la reforma del sistema penitenciario.
  • La eliminación de la figura del femicidio genera una fuerte polémica y críticas de organizaciones de derechos humanos.
  • Expertos advierten sobre los riesgos de invisibilizar la violencia de género y cuestionan la eficacia de las cárceles privadas.

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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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