Violencia de Género
Por qué la fiscal ordenó detener a Sebastián Villa
Testimonios, conversaciones por chat entre él y la víctima, su ex pareja, y antecedentes que tiene el delantero en materia de violencia de género, es lo que valoró la fiscal.
La fiscal Vanesa González pidió la detención del jugador de Boca Sebastián Villa. En 59 páginas la fiscal argumenta la decisión que pasó a manos del juez que entiende en la causa.
Por qué la fiscal ordenó detener a Sebastián Villa
- Cita la declaración de dos amigas de la víctima, quienes, según dijeron por separado, ella les contó que Villa la violó y la golpeó esa madrugada del 26 de junio de 2021 en el barrio privado Venado II de la localidad bonaerense de Canning
- Las dos declararon y la funcionaria judicial valora que en los libros de guardia del country, quedó registrada la entrada de las amigas de la víctima esa jornada.
- Valora la declaración de dos hermanos de la víctima, Diego y Richard, quienes dijeron que la mujer les contó sobre el abuso sexual y la violencia que había sufrido por parte de Villa.
- La víctima les confesó que el entorno del jugador le había pagado 5 mil dólares para que guardara silencio sobre los hechos que ahora fueron denunciados.
- Los chats de WhatsApp entre Villa y la víctima

- Valora que en caso de recaer condena sobre Villa la misma no será de cumplimiento condicional sino cárcel efectiva, ya que él cuenta con un antecedente por violencia de género
«Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario debemos atenernos al principio Constitucional de igualdad ante la ley. Más aún, el mismo en su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio y vamos camino a ello», culminó la funcionaria.
Géneros 🟣
Milei se sumó a la coalición antiaborto de Trump y Bolsonaro con la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra
El Gobierno suscribió la adhesión al documento internacional que niega la existencia de un derecho al aborto y exalta «la protección de la vida humana». El acto contó con la presencia del embajador de Estados Unidos y una funcionaria del Departamento de Salud de Washington. La ley de IVE, vigente en Argentina desde 2021, no está en riesgo jurídico inmediato, pero la señal política es de ruptura con el consenso de derechos humanos.
El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una coalición internacional de carácter conservador que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y reivindica la soberanía de cada Estado para fijar sus propias políticas de salud reproductiva. La firma, comunicada por la Cancillería argentina, convierte al país en uno de los más de 40 que integran esta alianza, lanzada en octubre de 2020 bajo el impulso de los entonces mandatarios Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Según informó la Cancillería, el documento «reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad». El canciller Pablo Quirno celebró el paso en su cuenta de la red social X: «Nos incorporamos a esta coalición para aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones».
La firma, con escolta diplomática de Washington
El acto de adhesión no fue un trámite burocrático discreto. Estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, lo que le otorgó al evento una dimensión política deliberada y un respaldo explícito de la administración Trump. Lamelas describió el encuentro como un diálogo con «embajadores de la región sobre la promoción de la salud y el bienestar de mujeres y niñas y el fortalecimiento de la familia», y convocó a otras naciones del hemisferio a sumarse.
La presencia del representante estadounidense refuerza la lectura de que esta adhesión no es un gesto simbólico aislado, sino parte de una estrategia coordinada con Washington para reconstruir una plataforma multilateral conservadora en materia de derechos reproductivos, que en los foros internacionales compite directamente con el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
Qué es el Consenso de Ginebra y qué implica su firma
El Consenso de Ginebra fue lanzado el 22 de octubre de 2020 durante la primera gestión de Trump, en un acto en el que participaron más de 30 países. Su premisa central es que no existe ningún derecho al aborto en los tratados internacionales de derechos humanos y que, por lo tanto, cada Estado soberano puede prohibirlo, restringirlo o regularlo a voluntad, sin que ello constituya una violación de sus obligaciones internacionales. El documento también exalta el papel de «la familia» como unidad social fundamental, en sintonía con posiciones que suelen acompañar el rechazo a la educación sexual integral y a las políticas de diversidad.
La adhesión no modifica por sí misma el marco legal argentino. La ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020 y vigente desde enero de 2021, garantiza el acceso al aborto de forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación en todo el sistema de salud. Pero el gesto tiene un peso político innegable: Argentina se posiciona en el bloque internacional que disputa el reconocimiento del aborto como derecho, en contradicción directa con la propia legislación interna sancionada por el Congreso.
La posición de Milei: coherencia ideológica, tensión institucional
Javier Milei manifestó en reiteradas oportunidades su oposición personal al aborto. Durante su campaña y ya en ejercicio del gobierno, el presidente no promovió formalmente una derogación de la ley 27.610, pero tampoco disimulb su alineamiento con sectores que la cuestionan. La adhesión al Consenso de Ginebra es la primera acción de política exterior concreta que lo inscribe institucionalmente en esa posición.
El movimiento no sorprende a quienes monitorean la política de género de la gestión libertaria. Desde diciembre de 2023, el gobierno eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, redujo drásticamente el presupuesto de políticas de género y alineó su voto en organismos internacionales con posiciones que cuestionan los derechos reproductivos. En 2024, Argentina fue el único país del mundo en votar en contra de una resolución de la ONU destinada a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, según registraron organizaciones de derechos humanos que siguieron esas votaciones.
Una señal hacia adentro y hacia afuera
La adhesión al Consenso de Ginebra opera en dos planos simultáneos. Hacia el exterior, consolida el posicionamiento de Argentina en el eje conservador liderado por Estados Unidos, Brasil bajo Bolsonaro y un conjunto de países con fuertes restricciones al aborto. Hacia el interior, envía una señal a los sectores antiabortistas del espectro político y social que acompañan a Milei, en particular a las franjas más conservadoras del electorado evangelista y católico.
Organizaciones feministas y de derechos reproductivos advirtieron que, aunque la ley de IVE no puede ser derogada por un acto del Ejecutivo, la adhesión a este tipo de coaliciones internacionales genera presión sobre el sistema de salud, habilita discursos de objeción de conciencia institucional y sienta precedentes para futuras disputas jurídicas en torno al acceso efectivo al aborto legal. La diferencia entre una ley en el papel y una ley que se aplica en la práctica, señalan, se juega en decisiones como esta.
Puntos clave
- Argentina firmó la adhesión al Consenso de Ginebra, coalición antiaborto impulsada originalmente por Trump y Bolsonaro en 2020.
- El canciller Pablo Quirno suscribió el documento; el embajador de EE.UU. y una funcionaria del Departamento de Salud de Washington estuvieron presentes en el acto.
- El Consenso sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y reivindica la soberanía estatal para regularlo.
- La ley 27.610 de IVE, vigente desde enero de 2021, no se ve afectada legalmente de forma inmediata por esta adhesión.
- Argentina había sido en 2024 el único país del mundo en votar contra una resolución de la ONU contra la violencia hacia mujeres y niñas.
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