Familiares y amigos de Araceli Fulles, la joven asesinada en 2017 en la localidad de José León Suárez, marcharon este viernes para repudiar el fallo judicial que absolvió y liberó a los tres hombres que habían sido condenados en primera instancia a prisión perpetua por el femicidio.

La manifestación comenzó pasadas las 16.30 en la calle Cabildo al 5669, en el barrio Sarmiento del partido de San Martín, desde donde partieron hacia la plaza Soberanía Nacional, ubicada a unas seis cuadras, y en la que se encuentra emplazado un monolito en memoria de Araceli.

“Que no haya más asesinatos, Que tengamos que vivir libres de estos asesinos. Tienen que volver a la cárcel porque acá hicieron bien su trabajo, les dieron perpetua, y no las cumplen, los asesinos están la calle, mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Ellos tienen que estar presos y no salir nunca más, nosotros tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, arengó antes de comenzar la marcha Mónica Ferreyra, madre de la joven asesinada, quien vestía una remera blanca con una foto de la víctima.

Luego encabezó la movilización con una bandera con otra foto de la joven y la leyenda “Justicia por Araceli Fulles”, mientras los presentes en la protesta llevaban carteles, uno de ellos con la frase: “Devuelvan a mi hija a la vida como les dieron a los asesinos libertad.»

Al finalizar la marcha, Mónica dialogó con Télam y dijo que “fue algo muy emotivo, muchos familiares acompañando, muchos amigos, organizaciones”.

“Es muy doloroso tener que recordar todo de nuevo, volver a empezar. Es muy triste lo que nos está pasando como familiares, que no tengamos derecho a nada”, concluyó la madre de Araceli.

La manifestación se motivó en el fallo de la Sala I del Tribunal de Casación bonaerense que revocó las condenas de Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas, y ordenó que los liberen.

Si bien los tres hombres habían sido sentenciados a prisión perpetua en 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín, los camaristas Daniel Carral, Víctor Violini y Ricardo Maidana ordenaron anular dicho juicio y la realización de un nuevo debate.

El principal fundamento de los magistrados para liberar a Cassalz, Escobedo y Cabañas fue el cuestionamiento a la labor de uno de los peritos de parte que aportó pruebas fundamentales para el caso, el adiestrador canino Marcos Herrero.

«El tribunal ignora la complejidad del planteo que hizo la defensa sobre la actuación de Herrero, pues era claro que no se limitaba a los aspectos puramente formales de su intervención (como el cumplimiento de los protocolos sugeridos en la búsqueda de personas, los avales del instructor, las certificaciones de su perro particular o la rigurosidad científica de su método, aunque estos cuestionamientos también se hicieron y no fueron respondidos con seriedad, ya de por sí no menores), sino sobre el temor fundado de que su actuación haya sido ilegítima», dijeron en el fallo.

Por lo tanto, además de las absoluciones, Casación ordenó extraer las actuaciones y enviarlas a la Fiscalía General de San Martín para que se investigue la actuación de Herrero en esta causa.

Sobre esta decisión, Mónica contó a esta agencia: «Lo que hicieron los camaristas no nos cayó nada bien. Hace que tengamos que empezar todo de nuevo».

Por su parte, la fiscal Daniela Bersi y el abogado que representa a la familia Fulles, Diego Szpigiel, aseguraron que analizarán los fundamentos del fallo y posiblemente apelen ante la Suprema Corte bonaerense.

El femicidio de Araceli Fulles ocurrió durante la noche del 2 de julio de 2017 cuando, según el TOC 3, alrededor de las 7 de la mañana la víctima se dirigió hacia un corralón que era propiedad de Cassalz, donde «se produjo su muerte violenta», en la que Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas fueron considerados como los responsables de causarle a la joven una «asfixia mecánica» por «estrangulamiento a lazo» con un elemento compatible con precintos plásticos.

Además, los jueces señalaron como coautor del hecho a Darío Badaracco, quien había sido detenido en la causa, pero murió el 13 de abril de 2019, luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

La escena del crimen fue validada por los jueces a partir del «marcaje positivo de olor» del can «Halcón» de Herrero, que dio cuenta de la presencia de Araceli en la oficina, baño y terraza del corralón.

Finalmente, tras 25 días de búsqueda, el cuerpo de Araceli fue hallado el 27 de abril debajo de unos escombros, en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.