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Ginecólogo abusador: toma de conciencia y denuncias

«Estos últimos años hemos podido ver claramente que hay muchas más personas que atraviesan situaciones por violencia de género en tanto se visibilizó los distintos tipos y modalidades que puede asumir es violencia», señalan especialistas.

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La subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Carolina Varsky, consideró hoy que el hecho de que las mujeres estén pudiendo identificar y denunciar las agresiones sexuales cuando estas tienen lugar en los consultorios médicos, es producto de la concientización sobre las múltiples modalidades que puede adoptar la violencia machista.

«Estos últimos años hemos podido ver claramente que hay muchas más personas que atraviesan situaciones por violencia de género en tanto se visibilizó los distintos tipos y modalidades que puede asumir es violencia», dijo Varsky a Télam.

Es que hasta hace poco tiempo «sólo se consideraba la violencia doméstica» como violencia de género, «pero empezamos a escuchar y tener herramientas para prevenir la violencia obstétrica, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia simbólica, psicológica, la económica-patrimonial, entre otras».

En ese sentido, destacó también los frutos de «10 años de ESI» impartida desde el nivel inicial hasta la finalización del secundario.

Al ser consultada en particular sobre las denuncias contra médicos ginecólogos realizadas por mujeres que aseguran haber sido vulneradas en su integridad sexual durante la consulta médica, Varsky hizo hincapié en «la importancia de que los y las efectoras de salud reciban capacitación y que estén advertidos que aquello que no corresponde a una práctica médica o un control médico puede consistir en una violencia sexual, puede ser un abuso o un acoso».

«Es importante que las y los efectores de salud tengan en cuenta esta escucha activa a la persona que consulta, respetuosa, manteniendo los estándares de lo que es una práctica profesional y que también haya un espacio dentro de cada uno de los hospitales o centros de salud donde la persona pueda hacer un reclamo frente al maltrato o al destrato que pueda recibir de un profesional», dijo.

La funcionaria apuntó que «también requeriría de una modificación de la currícula en términos de la formación que reciben esos profesionales» y una actitud más proactiva de las sociedades científicas y colegios profesionales repudiando y adoptando medidas disciplinarias contra sus colegas cuando incurran en estas violencias.

Por otro lado, Varsky reflexionó que si estas denuncias de violencia sexual en consultorios están pudiendo ser efectuadas -en algunos casos inmediatamente producidos los hechos, en otros varios años después-, es porque hoy hay un «contexto social» más receptivo en virtud de todos los avances registrados en materia de derecho de las mujeres y diversidad sexual pero también «una mayor institucionalidad en el sentido de las áreas de género en los municipios, las direcciones o ministerios en las provincias y la transversalización del género en la administración pública nacional»

«Hay una institucionalidad que permite denunciar y tener a dónde hacerlo, sin perjuicio de que después, cuando se judicializa, el resultado no sea el esperado porque el poder judicial también está muy atravesado por el patriarcado», agregó.

El 30 de abril pasado Télam reveló que el ginecólogo Diego Javier Clementi, director médico del Centro Médico de la Mujer de la localidad bonaerense de Burzaco, sigue atendiendo en esa clínica a pesar de estar procesado por cinco hechos de abuso sexual en el contexto de la consulta médica, mientras que la Fiscalía interviniente investiga otras dos denuncias realizadas por mujeres.

La causa unificada está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente «I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas», según la documentación oficial a la que tuvo acceso Télam.

Ante este hecho, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) sostuvo hoy que «si un profesional de la salud se ve involucrado en una denuncia de violencia sexual», tiene que ser «apartado de su función hasta tanto se aclare su situación procesal».

Judiciales ⚖️

Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa

Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.

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Pity Álvarez durante el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz
Legítima defensa u homicidio: las dos lecturas que enfrentan a querella y defensa en el juicio a Pity Álvarez.

Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.

El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales

La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.

Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.

La acusación fiscal y la estrategia de la defensa

El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.

El relato de Álvarez ante el tribunal

Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.

También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.

Dos lecturas que el tribunal deberá resolver

La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.

Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.

Lo que tenés que saber

  • La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
  • El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
  • El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
  • Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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