Denuncia
Mazzina presentó denuncias a «Baby» Etchecopar por violencia política
La funcionaria también presentó un escrito ante la Unidad Fiscal de Tigre Centro, para el tratamiento con perspectiva de género de los hechos de violencia política denunciados ayer por la titular de Aysa, Malena Galmarini.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, presentó este miércoles una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por las expresiones del periodista Ángel «Baby» Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
La funcionaria también presentó un escrito ante la Unidad Fiscal de Tigre Centro, para el tratamiento con perspectiva de género de los hechos de violencia política denunciados ayer por la titular de Aysa, Malena Galmarini.
La denuncia ante el Enacom se fundamentó en las «expresiones discriminatorias y violentas» de Etchecopar contra Fernández de Kirchner y Moreau difundidas el pasado lunes por el sitio BorderPeriodismo de la periodista María Julia Oliván, informaron hoy oficialmente.
«Las manifestaciones realizadas constituyen violencia política y simbólica, contrarias a las leyes nacionales y pactos internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte», se expresó en el comunicado emitido por el ministerio encabezado por Mazzina.
El escrito solicita al Enacom que «actúe y disponga las medidas pertinentes conforme a las leyes nacionales, convenciones y tratados internacionales» y que tome en consideración las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA para «terminar con la creciente violencia política y de género en Argentina».
En el documento de la denuncia se resaltó que este tipo de mensajes refuerzan patrones socioculturales «alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación», a la vez que contribuyen a «legitimar otros tipos y modalidades de la violencia machista».
Por otra parte, Mazzina presentó un escrito ante la Unidad Fiscal de Tigre Centro, a cargo del fiscal Jorge Sebastián Fitipaldi, para «expresar preocupación» y brindar recomendaciones para el tratamiento con perspectiva de género de los hechos de violencia política denunciados por Galmarini por «hostigamiento» de parte del personal municipal de esa ciudad.
Galmarini había denunciado el 24 de marzo pasado el «hostigamiento» de parte de un agente municipal de un móvil del Centro de Operaciones de Tigre (COT) que se encontraba apostado en la puerta del predio que AySA tiene en la intersección de Madero y Tacuarí, en Tigre Centro, para custodiar la clausura de una obra.
«Estos hechos no deben considerarse aislados sino que deben ser entendidos en el marco del hostigamiento y la violencia sistemática del que son destinatarias todas las mujeres que participan en la vida pública y política, sobre todo aquellas que vienen ocupando lugares de liderazgo en la lucha por más derechos y por más igualdad», consideró Mazzina.
En esta línea, la ministra destacó que estas situaciones conforman una «escalada de discursos antidemocráticos que intentan disciplinar y excluir a las mujeres del debate público y la vida democrática del país».
«Es urgente que la dirigencia argentina ponga un límite a la violencia política y renueve el pacto democrático para garantizar la participación política de todas las personas en igualdad de condiciones», completó la ministra.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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