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Chaco

Marcha por pedido de justicia por Cecilia en el puente Chaco-Corrientes

El 2 de junio pasado la joven de 28 años fue vista por última vez cuando concurrió a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus suegros.

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Cientos de personas marcharon hoy en el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, para reclamar justicia por Cecilia Strzyzowsky, al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, por el que quedaron bajo prisión preventiva su marido, sus exsuegros y cuatro colaboradores de esa familia.

En tanto, la madre de la víctima Gloria Romero, anunció que pedirá “apoyo internacional” para urgir el esclarecimiento del caso, a la vez que aseguró que su hija «tenía miedo», pero que «nunca se lo dijo» para protegerla.

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“Si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada, no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos”, dijo esta tarde Gloria Romero en diálogo con la prensa

A su vez, Gloria profundizó el pedido a los imputados, el dirigente político y social Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos y expareja de la víctima, César Sena, para que den indicios sobre el destino final de la mujer.

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“No queremos más desaparecidos, nos tienen que entregar algo”, suplicó.

Luego, la mujer reclamó que las viviendas sociales que se construyen en la ciudad chaqueña de Resistencia, en el marco de políticas estatales instrumentadas por la fundación que maneja Emerenciano Sena, sean transferidas a sus beneficiarios y pidió que la organización sea retirada de la obra.

“(Los beneficiarios) No nos apoyan, pero no me importa, porque están dominados y les lavaron las cabezas, pero esas casas tienen que pasar a sus dueños porque no puede ser que los tengan como rehenes diciéndoles ´si no hacés lo que yo te digo te saco la casa´; nunca son propietarios”, indicó la madre de Cecilia Strzyzowsky.

“Si el gobernador –dijo- quiere hacer Justicia, que pase la escritura de las casas a sus dueños”, exigió la mujer, que cerró la jornada con una convocatoria abierta a un festival popular que se organiza para el día del cumpleaños de Cecilia, el 3 de agosto, en la ciudad de Resistencia.

Las declaraciones de Gloria tuvieron lugar durante un acto en el barrio San Pedro Pescador, ubicado en la cabecera del lado chaqueño del viaducto que atraviesa el río Paraná, luego de finalizar el «abrazo simbólico» realizado en el puente interprovincial General Belgrano.

En ese lugar, alrededor de 300 personas de ambas márgenes del Paraná se unieron en el medio del puente a las 16, con banderas argentinas y telas de color rosa, símbolo de este reclamo.

La concentración, que estaba prevista para las 17, se adelantó a las 15, hora desde la que, tanto en Chaco como en Corrientes, comenzaron a reunirse familiares y amigos, así como público en general.

Al mismo tiempo que los manifestantes circulaban desde ambos extremos por las pasarelas peatonales del puente, un vehículo con sonido desde el Chaco llegó a la avenida costanera de Corrientes, con las consignas de la protesta en altavoz.

La manifestación se concretó sin cortar el tránsito, pero con interrupciones momentáneas y una custodia vial de la Gendarmería Nacional

También entre los presentes estuvieron representantes de la organización Madres del Dolor, que nuclea a familiares de víctimas, con el objetivo de acompañar a la familia de Cecilia.

«Cecilia no merece una mamá triste, merece una mamá que luche por justicia”, dijo la madre del dolor Bernarda Benítez, cuyo hijo, Ariel Frutos, desapareció en Ezeiza en marzo del 2015.

Por su parte, Florencia Villa, madre de Federico Romero, un oficial inspector de la Policía de Formosa muerto en dudosas circunstancias en 2016, aportó: “Los familiares de víctimas de diversos lugares nos damos un abrazo fraterno con Gloria por ese dolor que llevamos en el alma y con el que podemos decir ´acá estoy´, porque nos hacemos más fuertes unidas reclamando justicia”.

En ese sentido, Villa opinó en sintonía con las declaraciones de Gloria Romero al señalar que “si no nos ayudan en la Justicia argentina las Madres del Dolor vamos a ir a la justicia internacional”.

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Además, pasaron por el escenario principal del acto Cecilia Acevedo de la ciudad de Río Gallegos, cuya hija permanece desaparecida hace un año, así como Karina Silguero, hermana de Sandra Silguero, asesinada en Corrientes de más de 100 puñaladas en 2015 y por cuyo crimen está señalado como autor su expareja, Daniel Borlicher, quien permanece prófugo.

El 2 de junio pasado la joven de 28 años fue vista por última vez cuando concurrió a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus suegros.

Tanto la pareja como el esposo de la víctima, César Sena, permanecen detenidos junto a otro grupo de personas que habrían actuado para llevar adelante un presunto plan de eliminación y desaparición de la mujer.

César Sena fue imputado con prisión preventiva por homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas y a sus padres los acusan de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.

También fueron detenidos el chofer de los Sena José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42) por el supuesto encubrimiento del hecho.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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