Más de trescientas personas de organizaciones feministas se reunieron hoy en la segunda asamblea de este año para consensuar la próxima marcha de Ni Una Menos, y la primera que se lleva adelante en el barrio popular Padre Carlos Mugica (exVilla 31), donde los reclamos al gobierno porteño por vivienda digna y centros integrales de la mujer se sumaron a los pedidos por «una reforma feminista del Poder Judicial, basta de violencias y de endeudamiento».

«El hecho de que la segunda asamblea feminista organizativa del 3J (3 de junio) se haga en el barrio Mugica, ex Villa 31 y 31 bis, es algo histórico porque es un gran reconocimiento al territorio, en este caso puntualmente a la Asamblea feminista, por la lucha, por la empatía, por todos los derechos vulnerados que tenemos muchas familias del barrio», dijo a Télam María Muñoz, integrante de la Asamblea Feminista del lugar.

La asamblea, impulsada por la organización Ni Una Menos, fue la segunda que se realizó este año para consensuar y definir las consignas que tendrá el próximo 3J (3 de junio), y se realizó esta tarde al aire libre en la intersección de las calles Futaleufú y Quetzal, linderas al Polo Educativo María Elena Walsh.

Hacia el final de la jornada se definió que la concentración para la marcha del 3 de junio comenzará a las 14 de ese sábado en el Congreso de la Nación donde se leerá un documento y habrá actividades culturales como una banda en vivo.

La consigna de la movilización se terminará de definir el miércoles a las 18 en Plaza Constitución, donde tendrá lugar la última asamblea previa al 3J, pero rondará en torno a «vivas, libres, desendeudadas y en las calles nos queremos. Con este Poder Judicial no hay ‘Ni una menos'», informó a esta agencia Luci Caballero, integrante de la organización Ni Una Menos.

La asamblea de hoy fue encabezada por militantes de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 Bis, quienes brindaron un panorama de la situación del barrio, en especial de las mujeres y diversidades, haciendo énfasis en reclamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al acceso a salud, a la vivienda y a espacios de contención y respuesta ante las violencias.

«Acá en la urbanización no hay una perspectiva de género donde nosotras podamos opinar. Nosotras vivimos en el barrio, sabemos lo que hace falta y no nos toman en cuenta», dijo Zaida Condori, integrante de la Asamblea.

También pidieron por un Centro Integral de la Mujer (CIM) y, según Muñoz, «el único que funcionó fue inaugurado el 8 de marzo del 2019, a los pocos días después ocurrió el terrible feminicidio de Liliana. Tres meses después fue cerrado por la ubicación que tenía en un lugar muy complicado del barrio».

En línea con un reclamo por respuesta ante las violencias machistas, la Asamblea pidió «justicia por Florencia Galarza, que fue prendida fuego en pandemia, dejó tres niños solos desamparados y la justicia no está reaccionando como debe ser».

Además, el colectivo pidió por acceso a la salud, al señalar que en el perímetro de «la Comuna 1 no hay ningún hospital» y están «desabastecidos los centros de salud», y reclamó un reconocimiento al trabajo de los bachilleratos populares y las promotoras de salud y de género.

Los reclamos que surgieron en la asamblea se centraron en una denuncia al rol del Poder Judicial por perseguir «a lideresas populares como la vicepresidenta (Cristina Fernández) y por mantener presas a las compañeras mapuche y a Milagro Sala», además de su «carácter revictimizante para quienes denuncian violencia de género».

Otro de los ejes fue la violencia económica, la cual «no permite autonomía económica para salir de las violencias en general», explicó Lucía Caballero a Télam.

En este sentido, adelantó que «seguramente se va a trabajar muy fuerte en un pronunciamiento sobre la ley de cuidados que se está discutiendo en el Congreso, sobre la necesidad de avanzar en proyectos que reconocen el trabajo comunitario, de acompañamiento, el trabajo de las promotoras de salud y de género».

«También en el acceso a la vivienda, que es algo que ha salido mucho en la discusión: la necesidad de que el Estado regule el mercado de alquileres, que construya viviendas para alquiler social, que haga planes de acceso a la vivienda con perspectiva de género y una denuncia muy fuerte a los planes de urbanización en la ciudad de Buenos Aires», agregó.

En este sentido, voceros de la organización La Garganta Poderosa comentaron que trabajan en un proyecto de ley «para el reconocimiento salarial y laboral de las cocineras comunitarias».

Entre las participantes de la asamblea también estuvieron familiares de víctimas de femicidios como Rocío, hermana de María Isabel; o Patricia Ortiz, madre de Micaela Rascovsky, asesinada el 13 de abril de 2021.

«Mica era estudiante de Medicina, venía a colaborar al barrio, es muy emocionante estar acá donde mi hija ha venido a prestar servicio con su enorme corazón que la caracterizaba», dijo Ortiz y resaltó que se encuentra «luchando contra el asesino de Mica pero también con esta justicia corrupta, cómplice que ha ayudado a su asesino».

También estuvieron presentes la referente histórica Nina Burgos, la actriz Marina Glezer, trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, sindicatos y organizaciones feministas.