La organización Amnistía Internacional Argentina (AI) lanzó hoy una campaña audiovisual para alertar ante la «desigual implementación» de la ley IVE, en al menos tres departamentos de Tierra del Fuego, donde diversas mujeres se encontraron con barreras para acceder al aborto seguro, legal y gratuito, a casi tres años de implementada la Ley Nro. 27.610 de Interrupción Legal (ILE) y Voluntaria (IVE) del Embarazo.

«Falta de información, negación de la atención y traslados innecesarios, son algunas de los obstáculos y costos invisibles que enfrentan las mujeres que necesitan acceder a su derecho al aborto, tanto en localidades grandes como en las más pequeñas del país», según denunció Amnistía Internacional, en un comunicado.

A través de videos y posteos en redes sociales, la organización remarca que «tal injusticia implica que las personas que requieren un aborto legal deben asumir costos invisibles, que impactan en su salud y en su economía, y que con una correcta implementación no deberían existir».

«Hace más de dos años que desde Amnistía Internacional monitoreamos la implementación de la ley y pese a que existen enormes avances, muchas veces liderados por profesionales de la salud comprometidos con los derechos de las mujeres, todavía proliferan barreras para acceder al aborto. Esos obstáculos van desde falta de campañas masivas de información que derivan en la escasez de conocimiento de la ley por parte de las mujeres; el uso abusivo de la objeción de conciencia, equipos de salud reducidos, falta de ecógrafos disponibles, y derivaciones y dilaciones innecesarias», destacó Paola García Rey, directora adjunta de AI, durante una conferencia de prensa brindada en la ciudad de Ushuaia.

Las diversas denuncias de mujeres en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, presentan realidades diferentes pero con un denominador común: el sistema se sostiene gracias al esfuerzo y compromiso de pocos profesionales que dan respuesta y acceso a la práctica.

Al respecto, la Amnistía Internacional Argentina cuestionó el hecho de que en Río Grande (la ciudad más poblada de Tierra del Fuego), la objeción de conciencia de profesionales del Hospital General, impidió que mujeres accedieran a practicarse un aborto, y exhortó a las autoridades «a adoptar medidas de carácter inmediato» para promover el cumplimiento de la ley 27.610, por ejemplo a través de la contratación de un equipo de profesionales no objetores.

A su vez, la organización presentó un reclamo administrativo, se reunió con autoridades y referentes, lanzó una campaña audiovisual y culminó su viaje con una conferencia de prensa en Ushuaia.

«Somos conscientes de los enormes esfuerzos y avances que se han alcanzado, pero también de las oportunidades para seguir fortaleciendo el sistema sanitario. Por eso, en el marco del reclamo, pedimos a la autoridad administrativa, entre otras cuestiones, promover una instancia o mesa de diálogo en donde referentes del ministerio de salud con cargo jerárquico, directores de hospitales, equipos profesionales del primer y segundo nivel, las organizaciones y mujeres podamos trabajar constructivamente para derribar obstáculos y proyectar propuestas para el acceso al aborto», exhortó García Rey.

La misión tuvo una agenda con diversos encuentros: en Río Grande, AI se reunió con médicos, organizaciones y con autoridades del Hospital Regional de esa ciudad; luego en Ushuaia, dialogó con activistas, profesionales de la salud y con la dirección del Hospital de esa ciudad, y realizó junto a organizaciones locales, una conferencia de prensa.