Por Mariana Collante

Este miércoles por la tarde, mujeres de todo el país, y de todo el mundo, marcharemos en conmemoración del Día de la Mujer, una jornada de lucha para poner en el centro de la agenda pública las desigualdades de género y los derechos que nos falta conquistar.

La consigna es “Con esta Justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con las trabajadoras. Paro feminista 8M 2023″. El documento que se leerá, fue discutido por organizaciones sociales, y sindicales y, entre los reclamos más fuertes, apareció el acceso a la vivienda.

Luci Cavallero, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Colectivo Ni una menos, participó de las asambleas que derivaron en el texto final del 8M: “La pandemia mostró que el hogar es un bien de especulación.

Cuando se decía ‘Quedémonos en casa’, no era un lugar seguro para muchas mujeres que sufrían la violencia de sus parejas, y no era seguro porque ese hogar estaba bajo ataque del capital inmobiliario”.

Recordemos que durante 2020 muchas personas, mayormente mujeres que desplegaban sus tareas en el sector informal, se quedaron sin ingresos por las restricciones que dictó el Gobierno en materia sanitaria.

Si bien se emitió un decreto prohibiendo los desalojos, no se aplicaron más medidas para las y los inquilinos con dificultades económicas. Entonces, desde la carencia o baja significativa de los ingresos debían negociar con los propietarios para no quedarse en la calle.

En nuestro país no hay datos precisos sobre el acceso a la vivienda desde la perspectiva de género, sin embargo, intuimos que las mujeres tampoco la tenemos fácil en ese tema.

La desocupación es mayor en mujeres, un 16,6 % contra 14,3% en los varones (1) y como empleadas ganamos un 26,3% menos que nuestros compañeros varones por las mismas tareas. El sueldo promedio para las mujeres fue de $68.310, para los hombres la cifra aumenta a $92.655 en el tercer trimestre del año pasado (2). De más está decir que los magros ingresos dificultan el acceso a una vivienda digna y de calidad.

La ley de alquileres, única regulación que le pone un freno al mercado, tampoco es controlada por los estados. No hay crédito para la compra, en definitiva no hay políticas locales, ni nacionales que ofrezcan una solución para quienes no tienen donde vivir. Luci, autora junto a Verónica Gago del libro ‘La casa como laboratorio’, considera que en este escenario, las mujeres son las más afectadas, especialmente los hogares monomarentales “Nosotras decimos siempre con Vero que los hogares monomarentales concentran todas las desigualdades: tenés la carga del trabajo no remunerado, y al mismo tiempo endeudamiento ligado a los servicios públicos, el alquiler, etc.”

En los barrios populares la situación empeora aún más por las condiciones estructurales de las viviendas. Un reciente estudio de la Auditoria porteña consigna que de 39 barrios populares en 2015 se pasó a 50 en 2022 y que las obras previstas en los planes de urbanización del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevan atrasos de hasta un año, o están paralizadas.

Este análisis coincide con lo que denuncian las mujeres del Colectivo Ni una Menos que viven en la Villa 31, la 31 bis, la 21-24. Cavallero destaca que allí también sufren la suba de alquileres, y además corren el riesgo de las demoliciones sin aviso.

“Hoy el acceso a la vivienda es una de las formas fundamentales en las cuales, nosotras diagnosticamos, que hay una falta de autonomía para poder salir de las violencias”.Informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).