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Buenos Aires

Ezeiza: diputados del FdT y comunidades originarias repudiaron las detenciones

La protesta se dio tras el traslado de las cuatro mujeres mapuche desde Bariloche hasta el Complejo Penitenciario Federal IV.

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Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de resolución en repudio al desalojo realizado por orden judicial en Villa Mascardi, en el que las fuerzas federales detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, cuatro de las cuales fueron trasladadas al penal de Ezeiza, donde hoy se realizó una protesta convocada por comunidades indígenas para exigir su «inmediata liberación».

La iniciativa de los legisladores expresa el repudio por «el violento y desproporcionado operativo desplegado por la justicia federal» con el objeto de «desalojar a la comunidad mapuche de sus tierras ancestrales» y lleva la firma de Mónica Macha, María Rosa Martínez, Carolina Gaillard, Vanesa Siley, Estela Hernández, Silvana Ginocchio, Natalia Souto, Anahí Costa, Jimena López y Mara Brawer, como también del diputado Leonardo Grosso.

El pronunciamiento subraya la «preocupación» por el traslado al penal de Ezeiza de las cuatro detenidas, una disposición que se concretó -puntualizaron los legisladores- «sin notificar a sus defensores, por orden de la jueza federal Silvana Domínguez».

El traslado de las cuatro mujeres desde Bariloche hasta el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza fue el principal cuestionamiento de la protesta que este mediodía se congregó frente a la cárcel, donde entidades del pueblo mapuche y representantes de las comunidades exigieron la «liberación» de las detenidas.

En la manifestación se advirtió que el procedimiento por el cual las detenidas Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo fueron trasladadas a una cárcel federal ubicada a 1600 kilómetros de su lugar de residencia «viola garantías constitucionales», y lo consideraron «inadmisible en un Estado de derecho».

En ese sentido, la representante del Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina, Adriana Gerez, reiteró el reclamo de libertad «para las hermanas, lo antes que se pueda», tras exponer en el acto en nombre de una de las organizaciones convocantes.

«Están arrasadas y vulneradas. Una de ellas no sabe dónde están sus hijitos de 4 y 8 años, y la desvela que sus hijos no sepan dónde está ella», subrayó Gerez en diálogo con Télam al referirse al estado de las detenidas, y dijo que las cuatro fueron «muy maltratadas» en su paso por las comisarías de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires.

La protesta frente al penal en el que están alojadas Jaramillo, Despo, Melo y Vera comenzó pasadas las 12:30, con decenas de manifestantes vestidos con prendas tradicionales, quienes realizaron un ritual para reclamar su «liberación» y enviar «buena energía» a las ‘lamgen’ (‘hermanas’, en idioma mapuche).

De la protesta participaron militantes del Frente Popular Darío Santillán como también la diputada del FdT Mónica Macha, firmante del proyecto de resolución en la Cámara baja, quien pudo ingresar para entrevistarse con las cuatro mujeres encarceladas.

«El nivel de violencia psicológica y simbólica que están sufriendo es feroz. No saben cómo están sus familias, o la situación de sus hijos que quedaron en Bariloche», aseguró Macha en declaraciones a Télam, y añadió: «Están realizando una huelga de hambre desde hace tres días».

Además, la diputada manifestó que «todos los derechos» de las cuatro apresadas fueron «vulnerados» desde el inicio del desalojo hasta el viaje en avión desde Bariloche a Buenos Aires y el traslado posterior a la cárcel de mujeres de Ezeiza.

«Se violentaron sus derechos a tal punto que, cuando llegaron a Buenos Aires en avión, seguían sin saber a dónde las llevaban y por qué. Hoy yo me fui del penal a las 2 de la tarde y hasta ese momento todavía no sabían por qué están detenidas», aseguró Macha.

Desde una postura similar, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, repudió la detención y advirtió que lo ocurrido con las mujeres «viola los derechos humanos», en particular por el traslado, porque significó «un castigo y una tortura» al mantenerlas «aisladas y alejadas».

«Defendemos la identidad diversa de nuestro país. Rechazamos la ideología de odio que tiene a las mujeres como uno de sus principales blancos. Las mujeres de nuestro pueblo damos todas las horas de nuestra vida para transformar esta realidad», remarcó hoy la funcionaria bonaerense en un hilo de Twitter.

A su vez, el procedimiento en las inmediaciones de la ruta 40 y el traslado judicial al penal de Ezeiza recibieron el repudio de la organización La Cámpora.

«Repudiamos con enorme preocupación la militarización y la vulneración de derechos que viene desarrollándose en Villa Mascardi desde el pasado 4 de octubre a partir del accionar del comando unificado de las fuerzas federales que desalojaron y detuvieron a niñas, niños y mujeres», manifestó la agrupación a través de un comunicado.

En su declaración, La Cámpora cuestionó el traslado de cuatro mujeres «a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus hijas e hijos pequeños, sin derecho a defensa y con desconocimiento de los delitos que se les imputan», y cuestionaron por el incumplimiento de «normas y tratados internacionales de derechos humanos».

«Instamos a que se garanticen de manera urgente los derechos de las mujeres que hoy están detenidas en Ezeiza y en la PSA de Bariloche, y a recuperar la senda del diálogo para encontrar una resolución final a este conflicto», completó la organización.

Las siete mujeres detenidas están imputadas por la justicia federal en una causa caratulada como «Incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación».

Buenos Aires

Villa Gesell: se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada por la muerte de su beba

Tras la audiencia, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de General Madariaga. Está imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Ya había sido juzgada por la muerte de otras dos de sus hijas en 2013 y 2016.

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Lucía Sosa fue detenida luego de que la autopsia determinara que la beba de dos años murió como consecuencia de una asfixia obstructiva. El estudio forense concluyó que la víctima sufrió una hipoxemia, es decir, una disminución crítica del oxígeno en sangre, que derivó en un paro cardíaco fatal.

Previo a negarse a declarar, fue sometida a una revisión médica de rutina y mantuvo una entrevista con un defensor oficial. Luego, llegó el momento de la indagatoria ante el fiscal Walter Calderón, aunque la diligencia terminó rápidamente porque la imputada decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio.

La investigación comenzó cuando la mujer llevó a Isabela sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Según manifestó al personal médico, la niña se había broncoaspirado con una mamadera, aunque esa versión quedó descartada tras los resultados de la autopsia.

Los antecedentes judiciales de Lucía Sosa

El caso generó un fuerte impacto debido a los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos de sus hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por una de esas causas permaneció detenida durante casi dos años, aunque posteriormente fue absuelta en un juicio realizado en Mar del Plata.

Habló el hijo de la mujer investigada: “A mí también me quiso matar”

En medio de la investigación, Lucas Ruiz, hijo biológico de Lucía Sosa, brindó un duro testimonio en C5N, acompañado por su abogada. El joven fue separado de su familia cuando era un bebé, luego de que se detectara un contexto de violencia familiar.

Elegí hablar porque busco justicia por mí y por mis hermanos. Es una mujer que nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho a todos nosotros. Nos hizo pasar años muy dolorosos. Pese a las quejas nunca tuvimos una respuesta”, afirmó.

Ruiz también expresó sus sospechas sobre las muertes de sus hermanas, aunque esos hechos continúan siendo materia de investigación judicial. “No tengo ninguna duda de que mi madre biológica es la responsable del asesinato de mis tres hermanas. Tenemos todas las pruebas. Estaba todo planificado de la misma manera. Ella era la que las llevaba al hospital”, sostuvo.

Además, relató un episodio ocurrido cuando tenía apenas 21 días de vida. “Yo fui uno de los intentos. A los 21 días de nacido ingresé al hospital con un paro respiratorio por un intento de Lucía”, aseguró.

Finalmente, agregó: “A una de mis hermanas también la quisieron ahogar. Lucía la intentó asesinar y no pudo. Siempre era tapándonos la boca, cortándonos la respiración, ahogándonos. Yo lo viví y fui parte de uno de los intentos. Con 21 días entré con un cuadro de asfixia al Hospital Materno de Mar del Plata”.

(Las declaraciones de Lucas Ruiz forman parte de su testimonio público y que la responsabilidad penal de Lucía Sosa por los hechos investigados será determinada por la Justicia en el marco del proceso en curso.)

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