Femicidio
Sancionaron la «Ley Iara» de emergencia por violencia de género en Jujuy
La normativa regirá por dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos, para lo cual se “reasignarán partidas presupuestarias” del presente año y los próximos periodos, además de recursos de leyes, subsidios, contribuciones, programas internaciones, nacionales y provinciales.
La Legislatura de Jujuy aprobó este jueves la ley que declara la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género en toda la provincia, tras cinco femicidios ocurridos en poco más de un mes y las masivas movilizaciones en distintas ciudades en reclamo de Justicia.
La llamada «Ley Iara», por el femicidio de Iara Sabrina Rueda, adolescente de 16 años quien fue hallada asesinada, semienterrada, a ocho cuadras de su casa en la ciudad de Palpalá, el pasado 28 de septiembre, dispone acciones concretas del estado en la prevención y lucha contra la violencia de género.
La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de la Mujer, organismo que deberá tomar medidas “inmediatas” como la puesta en funcionamiento de centros de atención integral a mujeres víctimas de violencias en las localidades Monterrico, Purmamarca, Yuto y Susques, además de promover alquileres de hoteles y residenciales para mujeres violentadas con hijos e hijas a cargo.
la ley prevé la «expulsión» de un agente policial que se niegue a no dar curso inmediato a las denuncias por desapariciones o casos de violencia.
Asimismo, se buscará la asistencia económica para mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de violencia; la activación de programas productivos e inclusión laboral y de acceso a la vivienda.
La norma también alcanza a los medios de comunicación públicos y privados para generar campañas de prevención de la problemática, además de avanzar en la puesta en práctica del tratamiento de la información con perspectiva de género.
En materia de seguridad, se creará la división especializada de búsqueda de personas en el ámbito de la brigada de investigaciones, y la dirección de políticas de género que avanzará en la capacitación de la fuerza local.





Entre otros puntos la ley prevé la «expulsión» de un agente policial que se niegue a no dar curso inmediato a las denuncias por desapariciones o casos de violencia. Los legisladores avanzaron de esta forma en «brindar una herramienta legal de prevención para atender las denuncias, los casos violencia y desapariciones de mujeres y así evitar los asesinatos», indicaron fuentes parlamentarias.
“no es proyecto de ningún bloque sino el proyecto construido en el debate en medio del dolor que atravesamos», aseguró chaher, diputada del frente de todos.
El proyecto recibió los aportes en la Comisión de Género del Parlamento de más de 70 colectivos de mujeres, organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de la diversidad sexual. El debate fue seguido desde afuera del Parlamento provincial por muchos de estas organizaciones y familiares de víctimas de femicidios, quienes coincidieron en la falta de «respuestas» por parte del Estado jujeño.
La emergencia en materia de violencia de género se declaró por dos años, con la posibilidad de prórroga por otros dos, para lo cual se “reasignarán partidas presupuestarias” del presente año y los próximos periodos, además de recursos de leyes, subsidios, contribuciones, programas internaciones, nacionales y provinciales.
La diputada del Frente de Todos, Leila Chaher, aseguró que «estamos acá porque, aunque parezca redundante, el ejercicio de la memoria resulta ser un compromiso insoslayable para quienes luchamos las causas fervientemente y en este caso por los dolorosos femicidios que lamentamos en Jujuy».
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, consideró que esos hechos expusieron «a la sociedad que urge cambiar y también expusieron a la responsabilidad del Estado cuando mira para el costado»,
Los asesinatos de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16), Roxana Mazala (33), Gabriela Cruz (24) y Alejandra Álvarez (17), en poco más de un mes, consternaron a la sociedad jujeña lo que provocó masivas marchas en distintos puntos de la provincia.
En ese marco, Chaher aseguró que «pudimos encontrar consensos, la ley refleja días enteros de discusión, y la insistencia de las organizaciones y familiares para su tratamiento” y aclaró que “no es proyecto de ningún bloque sino el proyecto construido en el debate en medio del dolor que atravesamos».
Agregó que «quedó claro que las mujeres estamos organizadas y preparadas» al destacar la participación de «abogadas, medicas, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, periodistas, que vinieron a proponer con altura dejando atrás los estigmas de los movimientos feministas».
La legisladora del oficialismo jujeño Mariela Ortiz dijo que desde el 2015 las marchas del Ni una Menos «vienen visibilizando la violencia contra las mujeres y es un flagelo que afecta a Jujuy históricamente, que lleva al femicidio como una pandemia social», graficó.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144 o mandá un mensaje al 11-5050-0147 para recibir ayuda de profesionales.
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Córdoba
Justicia para Agostina Vega: Córdoba marchó y piden que la causa no cierre con 6 acusados
A casi cuatro meses del femicidio de la adolescente de 14 años, cientos de personas recorrieron el barrio Cofico hasta la Legislatura provincial. El fiscal pidió elevar la causa a juicio, pero Gabriel Vega, padre de la víctima, insiste en que hay más responsables que aún no fueron imputados.
Cientos de personas salieron a las calles de Córdoba este sábado para exigir justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada hace casi cuatro meses. La marcha recorrió desde el barrio Cofico, el mismo lugar donde la menor fue vista con vida por última vez, hasta la Legislatura provincial, donde los manifestantes desplegaron una bandera con su imagen y el reclamo de justicia.
Gabriel Vega, padre de Agostina, encabezó la movilización y cuestionó públicamente el avance de la investigación. La causa está a punto de ir a juicio oral con seis personas acusadas, pero la familia sostiene que el expediente cierra con demasiados interrogantes abiertos y que hay responsables que todavía no fueron alcanzados por la Justicia. «Las pruebas hablan. Acá faltan personas», afirmó Vega durante la marcha.
La causa camino al juicio: seis acusados y una estrategia defensiva que cambia
El fiscal Raúl Garzón formalizó el pedido para elevar la causa a juicio oral. El principal imputado es Claudio Barrelier, acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, cargos que contemplan prisión perpetua. Junto a él quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado: Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz.
La semana previa a la marcha, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia y reiteró su versión de los hechos. El fiscal Garzón descartó que lo expresado por el acusado pudiera dejarlo «libre de culpa y cargo», aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de esa presentación. La defensa de Barrelier, que cambió tanto de abogado como de estrategia, intenta ahora sostener una hipótesis que lo ubica como un «nexo» entre distintas partes, una figura que diluye su responsabilidad directa en lo ocurrido.
El reclamo del padre: investigar a tres personas más
Gabriel Vega lleva meses señalando que la investigación no agotó todas las líneas posibles. Durante la marcha volvió a reclamar que la Justicia avance sobre Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes la familia considera vinculados con el crimen. También cuestionó la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado, imputada por encubrimiento pero con una situación que la familia evalúa como insuficiente.
El reclamo del padre condensa una tensión que atraviesa muchas causas de femicidio: la distancia entre lo que la Justicia puede probar y lo que el entorno de la víctima percibe que efectivamente ocurrió. La elevación a juicio, aun siendo un avance procesal, no siempre significa para las familias que se hizo todo lo que se debía hacer.
El juicio oral podría comenzar a fines de 2026 o en los primeros meses de 2027
El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate oral podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales que siguen al pedido de elevación a juicio. La decisión sobre ese pedido deberá atravesar la instancia de control jurisdiccional correspondiente antes de que se fije fecha.
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