Chaco
Marcela Acuña pidió la libertad para Emerenciano Sena y denunció «torturas y hostigamiento»
«Libertad ya a Emerenciano Sena, basta de torturas y hostigamientos a los detenidos por esta causa ´Cecilia´. Pido justicia para todos», escribió en su misiva, Marcela Acuña.
Marcela Acuña, procesada con prisión preventiva junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia, pidió a través de una nueva carta la libertad para su pareja y denunció «torturas y hostigamiento» hacia los siete detenidos en la causa por parte de la fiscalía.
«Libertad ya a Emerenciano Sena, basta de torturas y hostigamientos a los detenidos por esta causa ´Cecilia´. Pido justicia para todos», escribió en su misiva, Marcela Acuña, quien se encuentra detenida acusada del delito de «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas».
La mujer calificó a su marido como «el mayor exponente histórico en los ´90 en el sector piquetero y hoy el mayor exponente de la impunidad de la justicia chaqueña», al considerar que se encuentra «secuestrado» sólo por ser quién es.
«El símbolo de Emerenciano privado de libertad es el mensaje que se instalan para los sectores pobres», remarcó, y afirmó: «Lo tienen abandonado a Emerenciano siendo un hombre de 60 años con patologías complejas de salud (colon, diabetes, pulmones producto del Covid que atravesó)».
Acuña, madre de César Sena, principal acusado del femicidio de su pareja, apuntó contra la Fiscalía 4 de Resistencia, «donde no tuvimos nunca la presunción de inocencia, y donde se utilizó y se sigue utilizando métodos de torturas, no solamente para ´castigar´ sino para llegar a alguna información, considerando que sobre todo Emerenciano está preso sin pruebas», señaló.
«¿Es un sistema punitivo encubierto dónde los hostigamientos y las torturas son parte del proceso acusatorio de la Fiscalía 4?», se preguntó, en relación a los fiscales de la causa, fiscal Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, quienes conforman el Equipo Fiscal Especial (EFE).
En su misiva, escrita en una de las celdas de la Comisaría 6ta de Resistencia, Acuña deslizó que la detención de su esposo «es una especie de venganza por ser quién es y por lo que representa (…) por el animarnos a pisar las calles y rutas para reclamar derechos postergados».
Por último, la exprecandidata a intendenta de Resistencia pidió «que se haga realmente justicia, y que se respete en serio los derechos humanos en el sentido pleno de su significado».
Acuña junto a su marido Emerenciano fueron procesados con prisión preventiva el pasado 4 de agosto por el juez de Garantías Héctor Sandoval.
En tanto, el pasado martes, Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Chaco confirmó la prisión preventiva para César Sena, principal imputado por el femicidio de su esposa, y para Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, por el «encubrimiento agravado» del hecho.
Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.
Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 de ese día en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.
De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena y detenido como «encubridor» del crimen- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinado.
Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a uno de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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