En la primera jornada de alegatos del denominado juicio Lucía Pérez II, el fiscal Leandro Arévalo se pronunció por la pena de prisión perpetua para Matías Farías, el principal acusado de abusar sexualmente y asesinar a la adolescente en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, mientras que pidió 20 años de cárcel para Juan Pablo Offidani como presunto cómplice.

En tanto, las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia, quienes representan a los padres de Lucía Pérez en su condición de particulares damnificados, solicitaron que ambos imputados sean condenados a perpetua, al considerarlos como autores del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”.

Con la presencia de familiares de víctimas, militantes de organizaciones sociales y colectivos feministas, en las afueras de los Tribunales de Mar del Plata, además de actos en otros puntos del país, se desarrolló una movilización para seguir los alegatos, convocados por la campaña Lucía Somos Todos.

Ahora, para el próximo martes se aguarda por la postura de la defensora oficial y el letrado particular que asisten a los acusados, quienes ya adelantaron que cuestionaran la imputación. Si bien Farías y Offidani no asistieron, optando por permanecer en la cárcel de Batán, no se descarta que se presenten para decir sus “últimas palabras” ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz antes de conocerse el veredicto.

Cabe recordar que durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Mar del Plarta , ambos fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela. Los dos primeros magistrados serán sometidos a juicio político a partir del próximo 14 de marzo.

Fueron absueltos, sin embargo, por el resto de los cargos, pero la sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó esas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la “nulidad” del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.