Femicidio

Femicidio de Vanesa Bulacio: se incumplió la Ley de Víctimas

En el marco de la resolución de condena por el femicidio de Vanesa Bulacio, quedó al descubierto la falta de acompañamiento legal en el proceso judicial, y el incumplimiento de las Leyes 27.372 y 27.210 por parte del Estado.

Publicado hace

4 años

21.07.2022

El Argentino

Por Micol Álvarez, Anahí Lainez y Carla Moure

“Fuimos a muchos lados a tocar puertas para que nos designen un abogado, aunque nunca obtuvimos respuesta. No podíamos pagarlo, pero hicimos el pedido porque contemplamos que a través de las leyes de víctimas de violencia de género Ley 27.372 y 27.210 nos asignarían uno. Esto jamás ocurrió”, declaró Marcela Bulacio, hermana de la víctima.

Vanesa Bulacio fue asesinada en julio de 2019 por su ex pareja, Ramón Antonio Rojas. El femicidio ocurrió sobre la vía pública en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Casi tres años más tarde, el Tribunal Criminal Nº2 de la misma localidad donde ocurrió el hecho, dictaminó cadena perpetua para Rojas. En aquél entonces, Vanesa tenía 42 años y era madre de cuatro hijos.

“Con mis otras hermanas buscamos todo solas, llegamos al juicio sin abogado a pesar de haberlo solicitado muchísimas veces. Fuimos a muchos lados a tocar puertas para que nos designen un abogado, aunque nunca obtuvimos respuesta”, describió Marcela Bulacio, hermana de la víctima.

Ella fue también la encargada de hacer justicia en nombre de su familia. Y además, fue quien buscó a los testigos que declararon en el caso. De no haberlos conseguido, corrían el riesgo de que se liberara al asesino.

Dos vecinos de Florencia Varela fueron los testigos claves para la descripción de los hechos ante el Tribunal de Justicia. Según estas fuentes, Vanesa Bulacio estaba en el auto de su última pareja cuando fue interceptada por Rojas. Los testigos dijeron que escucharon gritos de auxilio y vieron movimientos de golpes reiterados sobre el cuerpo de la víctima. Rojas utilizó un arma blanca para cometer el femicidio.

Una ley sin cumplir. Un proceso sin defensa

Las hermanas de la víctima se instruyeron sobre sus derechos, pero eso no alcanzó para lograr que se cumpliera con la investigación por la muerte de su hermana. “Solicitamos sustento de abogado/a varias veces, el mismo lo hicimos en la fiscalía correspondiente asignada para nuestra causa. Nos pidieron una declaración de pobreza, pero eso no fue suficiente. Hicimos la solicitud reiteradas veces más, nos acercamos hasta el tribunal de Quilmes, nos comunicamos con la fiscalía, pero nunca obtuvimos una respuesta”, explicó Marcela.

En el marco de la Ley 27.210,sancionada en 2015, una de las pautas fundamentales que decidió la Provincia de Buenos Aires fue incorporar en su funcionamiento al Colegio de Abogados como parte del proceso judicial. Por un lado, la función de este grupo de profesionales es trabajar al servicio de la víctima denunciante, desde el momento inicial y así poder brindarle las herramientas necesarias para saber cómo llevar adelante el proceso judicial.

En caso de que la víctima o la familia querellante solicitara patrocinio jurídico gratuito, también sería responsabilidad de esta entidad. El Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Ariel Colli, declaró de forma virtual en la presentación abierta de la nueva Ley de Víctimas de la provincia de Buenos Aires: “Es un rol fundamental garantizarle a la víctima el acceso de forma clara y sencilla a la información y protección de derechos en todo momento”.

Tal como indica el Artículo 2° de la Ley de Víctimas 27.372, promulgada durante el 2017: “una persona damnificada es tanto la persona ofendida directamente por el delito como cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.

En el caso Bulacio, la Ley debería haber contemplado a la familia de la víctima como persona vincular ofendida por el homicidio. “Nosotras quedamos rotas pero eso no nos debilitó, al contrario, nos hizo más fuertes. Sobre todo, para reclamar por justicia y proteger el futuro de sus hijos.” Expresó Marcela.

Vanesa Bulacio había denunciado a su ex pareja reiteradas veces, la última había ocurrido un mes antes del femicidio. En una de esas instancias, Rojas la había golpeado en la calle y robado el celular. En la comisaría, la denuncia fue catalogada como hurto, y no como violencia de género. Vanesa Bulacio había declarado ante la fiscalía que se trataba de su ex pareja, pero lo único que consiguió fue una perimetral de 300 metros. Aunque su atacante vivía a 200 metros.

En 2019, acorde a un informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA), se registraron 287 femicidios. El 22% de los hechos cometidos fueron realizados por las ex parejas de las víctimas. El 18% de ellas, contaban con denuncias previas.

Si sos una víctima y necesitás asesoramiento o patrocinio jurídico podés acercarte el Juzgado que lleva la causa, a la Fiscalía asignada al caso, a la Defensoría General de la Nación, al Patrocinio jurídico de la UBA, o a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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Córdoba

Femicidio de Agostina Vega: el celular de Barrelier reveló su obsesión con la niña

El peritaje de los teléfonos del acusado por el femicidio de Agostina Vega recuperó fotos borradas, chats previos, 377 búsquedas en un sitio pornográfico y una imagen de la adolescente maniatada antes del crimen. Suma una imputación por material de abuso sexual infantil y declarará el martes 29.

Publicado hace

2 días

27.09.2026

ElArgentino.ar

Entre las fotos borradas, las conversaciones y las búsquedas que los peritos lograron recuperar de los teléfonos de Claudio Barrelier, hay una imagen que pesa más que cualquier testimonio: Agostina Vega, de 14 años, maniatada y amordazada sobre una cama, en la madrugada posterior a su ingreso a la casa de barrio Cofico donde fue asesinada. La tecnología que el acusado usó para acercarse a una adolescente terminó convertida en la prueba más contundente en su contra.

El hallazgo fue incorporado a la causa principal por el femicidio, que instruyó el fiscal Raúl Garzón, y derivó además en un expediente paralelo: el fiscal Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba, imputó a Barrelier por la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El acusado, que permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva acusación el próximo martes 29 de septiembre.

Lo que guardaban los dispositivos

La nueva causa surgió de los análisis digitales sobre el material secuestrado durante la investigación. Los peritos trabajaron sobre alrededor de 40 teléfonos celulares, dos de ellos pertenecientes a Barrelier, y sobre una computadora que su expareja, Marianela Palmero, también imputada en el expediente principal, entregó durante su indagatoria junto con la clave de acceso.

En uno de los celulares, los investigadores recuperaron conversaciones antiguas, fotografías eliminadas de la adolescente tomadas antes del crimen y el historial de búsquedas en Google. Según reconstruyó la Fiscalía, el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del femicidio, después de que Barrelier le pidiera el número de teléfono de la chica a su madre, con quien había mantenido una relación de pareja.

El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una foto junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y escribió que lo quería «como a un papá». El acusado hizo una captura de esa publicación y, a partir de entonces, comenzó a enviarle mensajes privados. El vínculo de confianza que la adolescente expresó en público fue, según la reconstrucción judicial, la puerta de entrada del acecho.

La Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó además las búsquedas que Barrelier realizó de manera continuada en un sitio de contenido pornográfico y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026, apenas días antes del crimen. Para la Fiscalía, el imputado tenía una «obsesión por la niña», y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de Garzón sobre una planificación previa del ataque.

Una denuncia que ya advertía el peligro

La situación procesal de Barrelier también se complicó por un hecho de mayo de 2025, un año antes del femicidio: una joven de 20 años denunció que había sido atacada en la misma vivienda de barrio Cofico y que logró escapar para pedir ayuda. A partir de nuevas medidas de prueba, Garzón agravó la imputación por ese episodio, que pasó a ser privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

Que la misma casa donde Agostina fue asesinada ya figurara en una denuncia por un ataque sexual obliga a preguntarse qué hizo el sistema con esa advertencia. La pregunta no es retórica: cada femicidio con antecedentes denunciados expone las fallas de un Estado que llega tarde, cuando la violencia machista ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una muerte.

Seis acusados rumbo al juicio

En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio el pasado 10 de septiembre contra seis imputados. Según la instrucción, el 23 de mayo Barrelier aprovechó la confianza generada por haber sido pareja de la madre de la víctima para trasladarla a su domicilio de Cofico. El cuerpo de Agostina fue hallado después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Los otros cinco acusados, entre ellos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, llegarán al debate oral imputados por encubrimiento. El expediente ya no describe solo a un femicida, sino a una red de personas que, según la acusación, ayudaron a ocultar el crimen.

La nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil no modifica por ahora la situación procesal de Barrelier en la causa por el femicidio, pero suma pruebas sobre las conductas que el acusado desplegó antes del asesinato y que la Fiscalía considera clave para reconstruir cómo una adolescente de 14 años terminó en manos de quien ella misma consideraba «como un papá».