Por Micol Álvarez, Anahí Lainez y Carla Moure

“Fuimos a muchos lados a tocar puertas para que nos designen un abogado, aunque nunca obtuvimos respuesta. No podíamos pagarlo, pero hicimos el pedido porque contemplamos que a través de las leyes de víctimas de violencia de género Ley 27.372 y 27.210 nos asignarían uno. Esto jamás ocurrió”, declaró Marcela Bulacio, hermana de la víctima.

Vanesa Bulacio fue asesinada en julio de 2019 por su ex pareja, Ramón Antonio Rojas. El femicidio ocurrió sobre la vía pública en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Casi tres años más tarde, el Tribunal Criminal Nº2 de la misma localidad donde ocurrió el hecho, dictaminó cadena perpetua para Rojas. En aquél entonces, Vanesa tenía 42 años y era madre de cuatro hijos.

 “Con mis otras hermanas buscamos todo solas, llegamos al juicio sin abogado a pesar de haberlo solicitado muchísimas veces. Fuimos a muchos lados a tocar puertas para que nos designen un abogado, aunque nunca obtuvimos respuesta”, describió Marcela Bulacio, hermana de la víctima.

Ella fue también la encargada de hacer justicia en nombre de su familia. Y además, fue quien buscó a los testigos que declararon en el caso. De no haberlos conseguido, corrían el riesgo de que se liberara al asesino.

Dos vecinos de Florencia Varela fueron los testigos claves para la descripción de los hechos ante el Tribunal de Justicia. Según estas fuentes, Vanesa Bulacio estaba en el auto de su última pareja cuando fue interceptada por Rojas. Los testigos dijeron que escucharon gritos de auxilio y vieron movimientos de golpes reiterados sobre el cuerpo de la víctima. Rojas utilizó un arma blanca para cometer el femicidio.

Una ley sin cumplir. Un proceso sin defensa

Las hermanas de la víctima se instruyeron sobre sus derechos, pero eso no alcanzó para lograr que se cumpliera con la investigación por la muerte de su hermana. “Solicitamos sustento de abogado/a varias veces, el mismo lo hicimos en la fiscalía correspondiente asignada para nuestra causa. Nos pidieron una declaración de pobreza, pero eso no fue suficiente. Hicimos la solicitud reiteradas veces más, nos acercamos hasta el tribunal de Quilmes, nos comunicamos con la fiscalía, pero nunca obtuvimos una respuesta”, explicó Marcela.

En el marco de la Ley 27.210,sancionada en 2015, una de las pautas fundamentales que decidió la Provincia de Buenos Aires fue incorporar en su funcionamiento al Colegio de Abogados como parte del proceso judicial. Por un lado, la función de este grupo de profesionales es trabajar al servicio de la víctima denunciante, desde el momento inicial y así poder brindarle las herramientas necesarias para saber cómo llevar adelante el proceso judicial. 

En caso de que la víctima o la familia querellante solicitara patrocinio jurídico gratuito, también sería responsabilidad de esta entidad. El Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Ariel Colli, declaró de forma virtual en la presentación abierta de la nueva Ley de Víctimas de la provincia de Buenos Aires: “Es un rol fundamental garantizarle a la víctima el acceso de forma clara y sencilla a la información y protección de derechos en todo momento”.

Tal como indica el Artículo 2° de la Ley de Víctimas 27.372, promulgada durante el 2017: “una persona damnificada es tanto la persona ofendida directamente por el delito como cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.

En el caso Bulacio, la Ley debería haber contemplado a la familia de la víctima como persona vincular ofendida por el homicidio.  “Nosotras quedamos rotas pero eso no nos debilitó, al contrario, nos hizo más fuertes. Sobre todo, para reclamar por justicia y proteger el futuro de sus hijos.” Expresó Marcela.

Vanesa Bulacio había denunciado a su ex pareja reiteradas veces, la última había ocurrido un mes antes del femicidio. En una de esas instancias, Rojas la había golpeado en la calle y robado el celular. En la comisaría, la denuncia fue catalogada como hurto, y no como violencia de género. Vanesa Bulacio había declarado ante la fiscalía que se trataba de su ex pareja, pero lo único que consiguió fue una perimetral de 300 metros. Aunque su atacante vivía a 200 metros.

En 2019, acorde a un informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA), se registraron 287 femicidios. El 22% de los hechos cometidos fueron realizados por las ex parejas de las víctimas. El 18% de ellas, contaban con denuncias previas.

Si sos una víctima y necesitás asesoramiento o patrocinio jurídico podés acercarte el Juzgado que lleva la causa, a la Fiscalía asignada al caso, a la Defensoría General de la Nación, al Patrocinio jurídico de la UBA, o a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.