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Caso Cecilia: Acuña declaró y negó su participación en el presunto femicidio

Para los fiscales, Sena padre, Acuña, su hijo César, González y Obregón, tuvieron un rol directo en la desaparición de la joven, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro, donde sospechan que ocurrió un ataque vinculado a una discusión por dinero en el marco del divorcio que encaraban el menor de los Sena y Cecilia.

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Marcela Acuña, una de las principales imputadas y detenida en la causa por el presunto femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski (28), declaró este miércoles ante el equipo de fiscales que investiga la causa y se manifestó ajena al hecho que se le imputa, tras lo cual fue nuevamente alojada en el Departamento de Violencia Familiar y de Género de la policía chaqueña, donde lleva adelante una huelga de hambre.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien integra el equipo de fiscales especialmente conformado para la investigación de este caso, aseguró que la imputada «declaró lo que hizo» el día de la desaparición de la joven de 28 años, el 2 de junio pasado, y evitó responder preguntas, mientras que el abogado defensor Juan Carlos Saife también evitó referirse al contenido de la indagatoria y admitió que el testimonio apunta a demostrar que ni ella ni su marido, Emerenciano Sena, están vinculados al presunto femicidio.

Acuña fue trasladada alrededor de las 10 de la mañana a la sede judicial situada en avenida 9 de Julio 236 de Resistencia, en medio de un fuerte operativo policial.

Bajó de una camioneta blanca de la Policía de Chaco escoltada y con un casco puesto, como medida de protección, e ingresó al edificio, donde la aguardaba el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado además de Cáceres Olivera, por Jorge Gómez y Nelia Velásquez, quienes la indagaron como acusada de ser la coautora del «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas».

La mujer permaneció dentro del edificio de la fiscalía durante unas tres horas y volvió a ser llevada a su lugar de alojamiento en una camioneta de la policía provincial, custodiada por otros dos vehículos de la fuerza, que a su vez estaban escoltados por efectivos de a pie, con cascos y escudos, que generaron empujones e incidentes con periodistas que cubren el caso.

Entre gritos «de asesina» y «prisión perpetua» por parte de vecinos que se acercaron a la fiscalía, la imputada fue llevada de regreso a su celda del Departamento de Violencia Familiar y de Género de la policía provincial, situado junto a la seccional 3ra.

Instantes antes, su abogado, Juan Carlos Saife, dijo a los medios de prensa apostados en el lugar que Acuña sigue en huelga de hambre y que la defensa apunta a demostrar que ni ella ni su marido Emerenciano, a quien también representa en esta causa, tuvieron que ver con el hecho que se les imputa: el femicidio de Cecilia.

El letrado evitó referirse al contenido de la indagatoria y señaló que no solicitó una prisión domiciliaria para su defendida y, al referirse a como está Acuña de ánimo, expresó: «Bien no puede estar de ánimo, imagínese con la situación nadie puede estar tranquila o bien de ánimo».

Por su parte, el fiscal Cáceres Olivera se limitó a señalar que la mujer relató «lo que hizo el día de la fecha” y explicó que evitó responder preguntas, tras lo cual adelantó que prevé pedir «la prisión preventiva para todas las personas que están detenidas».

Tanto a ella, como a su esposo y a su hijo, César Sena (19), marido de Cecilia, se les imputa el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor», aunque al menor de ellos se le suma el agravante del «vínculo y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)».

En la misma causa están detenidos como presuntos partícipes de ese hecho otros cuatro acusados vinculados a los Sena: Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y el casero del campo de los Sena, Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso.

En tanto, el abogado Fernando Burlando, quien llegó esta mañana a Chaco para representar a la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, calificó como «salvaje y horrendo» lo presuntamente ocurrido con la joven y reclamó que la Justicia esté «más cerca del oído de la familia».

«Es un tema tan salvaje y horrendo que merece que los fiscales estén mas cerca del oído de la familia», dijo el letrado, quien minutos antes de las 13.30 ingresó a la sede judicial para mantener un encuentro con los fiscales del caso.

En el marco de la causa, ayer pidió declarar por primera vez ante los fiscales para poder decir «su verdad» Emerenciano Sena, quien aseguró ser «inocente» y «ajeno a los hechos que se investigan».

También ayer, y a instancias de los dichos de otro de los imputados detenido, Gustavo Obregón, los investigadores hallaron nuevos restos óseos triturados y un dije en forma de cruz -similar al que usaba Cecilia- en el interior de una bolsa hallada en el lecho del río Tragadero, lindero a la chanchería de la familia Sena.

La clave para llegar al lugar fue la declaración que Obregón dio ante los fiscales, quien además participó del rastrillaje y marcó la margen del río en el cual fueron depositadas las bolsas con los supuestos restos óseos aparentemente triturados, los cuales ahora fueron enviados al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Chaco.

También se hallaron un dije en forma de cruz y un anillo que también fueron remitidos a pericias previo a ser exhibidos a la familia de Cecilia, lo que se concretará mañana o el viernes.

Strzyzowski fue vista por última vez el viernes 2 de junio de 2023, a las 9.16, cuando ingresaba al domicilio ubicado en Santa María de Oro 1460, de la ciudad de Resistencia. perteneciente a la familia Sena.

Para los fiscales, Sena padre, Acuña, su hijo César, González y Obregón, tuvieron un rol directo en la desaparición de la joven, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro, donde sospechan que ocurrió un ataque vinculado a una discusión por dinero en el marco del divorcio que encaraban el menor de los Sena y Cecilia.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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