Un fiscal y la querella pidieron prisión perpetua para Waldo Servian Riquelme, el denominado «descuartizador de la amoladora», acusado de asesinar y seccionar a su pareja Mirtha Liliana González Ayala en un femicidio ocurrido en 2019 en el Barrio 31 de Retiro, informaron este jueves fuentes judiciales.

El pedido de la pena máxima fue formulado por el fiscal de juicio Fernando Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa, en el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, que juzga a Servian Riquelme (36) desde el 1 de noviembre en un debate que se realiza vía electrónica por la plataforma Zoom.

Ante los jueces Silvia Estela Mora, Hugo Norberto Cataldi y Domingo Luis Altieri, los fiscales acusaron al imputado como autor del «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género» (femicidio) de su pareja González Ayala (37).

De ser condenado a la pena de perpetua, el imputado de nacionalidad paraguaya que se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz, recién podrá pedir la libertad condicional tras pasar 35 años encarcelado, es decir, en 2054.

La misma pena y por la misma calificación penal solicitó también en su alegato la querella de la madre de la víctima, representada por los abogados Pablo Rovatti y Victoria Hernández Lehmann, ambos del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación.

Al referirse a lo «aberrante» que fue el femicidio, en su alegato, el abogado Rovatti usó el término en inglés «overkill» (en criminalística, un homicidio con excesiva violencia) para describir el «encarnizamiento» que tuvo Servian Riquelme con la víctima, incluso después de la muerte.

«Difícilmente pueda concebirse un caso donde el autor haya dejado impresa de manera más clara la marca de la violencia machista en el cuerpo de la mujer», dijo el abogado querellante.

Ambas partes acusadoras dieron por probado que el femicidio de «Lili» -tal como le decían-, ocurrió entre el 15 -último día en que fue vista por testigos- y el 16 de marzo de 2019 en la vivienda que ambos compartían, situada entre las casas 108 y 112 de la Manzana 110 del Barrio San Martín, del Barrio 31 bis de la Capital Federal.

Indicaron que planificó dejar a sus hijos al cuidado de su familia la tarde previa al crimen para estar a solas con la víctima y que la asesinó en el baño, cuando probablemente Liliana estaba bañándose.

La autopsia concluyó que aparte de tener lesiones defensivas en las manos y un fuerte golpe en la cara, la víctima recibió con un arma blanca al menos dos puntazos en la región submentoneana que le ocasionaron una asfixia aspirativa, tras lo cual el asesino seccionó el cadáver en 25 fragmentos con una amoladora y un cuchillo.

Los peritos declararon en el juicio que el descuartizamiento se realizó en el baño, donde el asesino había desmontado el inodoro y el vanitory y que en la bañera se hallaron partes del cadáver, entre ellos la cabeza de González que estaba rapada con signos de ahumamiento en cuero cabelludo y con las orejas amputadas.

También encontraron en la cocina una olla y un horno eléctrico donde, según la acusación, fueron sometidos a cocción algunos restos que aparecieron en un fuentón junto a un perro, en la parte superior de la vivienda.

Al declarar en el juicio vía Zoom y desde Paraguay, la madre de la víctima, María Lucía Insfrán Ayala le dijo al tribunal que el crimen de su hija fue «planificado», que su exyerno «le tendió una trampa para matarla», que hacía años que era «víctima de violencia de género», que por más que seguían conviviendo estaban separados de hecho y que ella planeaba dejarlo como ya había intentado hacerlo unos años antes.

El primer día del juicio, Servian Riquelme se negó a declarar ante el TOC 14 y solo se limitó a dar algunos datos personales como su nombre completo y su fecha de nacimiento, y cuando le preguntaron por su estado civil, respondió sin inmutarse: «Ahora, soltero».

El acusado logró permanecer 50 días fugitivo desde que horas después del crimen huyó en micro a Misiones y de allí cruzó a Paraguay, su país natal, donde finalmente se entregó el 31 de octubre, fue extraditado a nuestro país y ahora está preso en el penal de Ezeiza.

El juicio continuará el próximo lunes a las 14.30, cuando alegue su abogado, José Vera, quien centrará su exposición en la imposibilidad de que su cliente sea condenado a prisión perpetua, una de las condiciones del tratado con Paraguay que permitió su extradición para este juicio.

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