Femicidio
Pidieron prisión perpetua para el femicida descuartizador del Barrio 31
Waldo Servian Riquelme, el «descuartizador de la amoladora», esta acusado de asesinar y seccionar a su pareja Mirtha Liliana González Ayala en 2019.
Un fiscal y la querella pidieron prisión perpetua para Waldo Servian Riquelme, el denominado «descuartizador de la amoladora», acusado de asesinar y seccionar a su pareja Mirtha Liliana González Ayala en un femicidio ocurrido en 2019 en el Barrio 31 de Retiro, informaron este jueves fuentes judiciales.
El pedido de la pena máxima fue formulado por el fiscal de juicio Fernando Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa, en el alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, que juzga a Servian Riquelme (36) desde el 1 de noviembre en un debate que se realiza vía electrónica por la plataforma Zoom.
Ante los jueces Silvia Estela Mora, Hugo Norberto Cataldi y Domingo Luis Altieri, los fiscales acusaron al imputado como autor del «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género» (femicidio) de su pareja González Ayala (37).
De ser condenado a la pena de perpetua, el imputado de nacionalidad paraguaya que se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz, recién podrá pedir la libertad condicional tras pasar 35 años encarcelado, es decir, en 2054.
La misma pena y por la misma calificación penal solicitó también en su alegato la querella de la madre de la víctima, representada por los abogados Pablo Rovatti y Victoria Hernández Lehmann, ambos del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación.
Al referirse a lo «aberrante» que fue el femicidio, en su alegato, el abogado Rovatti usó el término en inglés «overkill» (en criminalística, un homicidio con excesiva violencia) para describir el «encarnizamiento» que tuvo Servian Riquelme con la víctima, incluso después de la muerte.
«Difícilmente pueda concebirse un caso donde el autor haya dejado impresa de manera más clara la marca de la violencia machista en el cuerpo de la mujer», dijo el abogado querellante.
Ambas partes acusadoras dieron por probado que el femicidio de «Lili» -tal como le decían-, ocurrió entre el 15 -último día en que fue vista por testigos- y el 16 de marzo de 2019 en la vivienda que ambos compartían, situada entre las casas 108 y 112 de la Manzana 110 del Barrio San Martín, del Barrio 31 bis de la Capital Federal.
Indicaron que planificó dejar a sus hijos al cuidado de su familia la tarde previa al crimen para estar a solas con la víctima y que la asesinó en el baño, cuando probablemente Liliana estaba bañándose.
La autopsia concluyó que aparte de tener lesiones defensivas en las manos y un fuerte golpe en la cara, la víctima recibió con un arma blanca al menos dos puntazos en la región submentoneana que le ocasionaron una asfixia aspirativa, tras lo cual el asesino seccionó el cadáver en 25 fragmentos con una amoladora y un cuchillo.
Los peritos declararon en el juicio que el descuartizamiento se realizó en el baño, donde el asesino había desmontado el inodoro y el vanitory y que en la bañera se hallaron partes del cadáver, entre ellos la cabeza de González que estaba rapada con signos de ahumamiento en cuero cabelludo y con las orejas amputadas.
También encontraron en la cocina una olla y un horno eléctrico donde, según la acusación, fueron sometidos a cocción algunos restos que aparecieron en un fuentón junto a un perro, en la parte superior de la vivienda.
Al declarar en el juicio vía Zoom y desde Paraguay, la madre de la víctima, María Lucía Insfrán Ayala le dijo al tribunal que el crimen de su hija fue «planificado», que su exyerno «le tendió una trampa para matarla», que hacía años que era «víctima de violencia de género», que por más que seguían conviviendo estaban separados de hecho y que ella planeaba dejarlo como ya había intentado hacerlo unos años antes.
El primer día del juicio, Servian Riquelme se negó a declarar ante el TOC 14 y solo se limitó a dar algunos datos personales como su nombre completo y su fecha de nacimiento, y cuando le preguntaron por su estado civil, respondió sin inmutarse: «Ahora, soltero».
El acusado logró permanecer 50 días fugitivo desde que horas después del crimen huyó en micro a Misiones y de allí cruzó a Paraguay, su país natal, donde finalmente se entregó el 31 de octubre, fue extraditado a nuestro país y ahora está preso en el penal de Ezeiza.
El juicio continuará el próximo lunes a las 14.30, cuando alegue su abogado, José Vera, quien centrará su exposición en la imposibilidad de que su cliente sea condenado a prisión perpetua, una de las condiciones del tratado con Paraguay que permitió su extradición para este juicio.
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Femicidio
Cuatro femicidios, cero garantías: paran las trabajadoras sexuales
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre. Denuncia que la criminalización, la falta de derechos y hasta los reclamos impositivos de ARCA empujan a la clandestinidad, el terreno donde ocurrieron cuatro femicidios.
Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre y ninguna superaba los 30 años. Por ellas, las trabajadoras sexuales de todo el país paran este martes bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
La medida fue convocada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuya secretaria general, Georgina Orellano, precisó que las víctimas eran jefas de familias monoparentales y con experiencias recientes en el trabajo sexual. Se trata de Débora Bordón, asesinada en agosto en su departamento del barrio Agote de Rosario; Bárbara Aragón, también en Rosario; Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba; y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Según el recuento difundido en torno al paro, en diez meses de 2026 se cometieron 240 femicidios en la Argentina.
Una vida precarizada, una vida que importa
Orellano explicó que muchas de las víctimas venían de trabajos informales, con deudas y precariedad, y que trabajaban en departamentos y publicaban sus servicios en páginas web. El paro, de alcance nacional, busca en primer lugar denunciar la precarización laboral de quienes ejercen el trabajo sexual en todos los ámbitos. Pero también pretende instalar que la vida de las trabajadoras sexuales vale, y que su oficio no habilita a nadie a culpabilizarlas ni a revictimizarlas.
La dirigente apuntó además contra un Estado que, según planteó, criminaliza y persigue al mismo tiempo. Detalló que las mujeres que trabajan en plataformas digitales reciben notificaciones de ARCA con reclamos de deuda y exigencias de pago de impuestos. «Por un lado el Estado te pide que pagues impuestos pero no te ofrece ninguna garantía, ningún derecho», afirmó. Cuando ocurre un femicidio de una trabajadora sexual, sostuvo, el Estado se desentiende.
El «asesino serial» y el problema que se esconde
Por los dos últimos casos, el de Villalba en Córdoba y el de Fernández en Retiro, hay un solo detenido, y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona. Orellano rechazó el modo en que los medios hegemónicos instalaron la figura del «asesino serial». «Hablar de asesino serial para nosotras es individualizar un problema que es social y estructural», sostuvo, y lo vinculó con el machismo, el patriarcado, la criminalización del trabajo sexual y la falta de derechos.
En esa línea, la secretaria general de Ammar relacionó estos crímenes con el femicidio de Nanci, la docente asesinada en Corrientes, un caso que también dejó a la vista las malas condiciones laborales y la ausencia del Estado frente a una trabajadora que denunciaba y reclamaba mejoras.
Clandestinidad: el costo de prohibir
Orellano recordó que el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, pero que existen espacios criminalizados, como bares y whiskerías, y que tampoco se permite publicar avisos en los diarios. Para la dirigente, la prohibición no hizo desaparecer el trabajo sexual sino que lo individualizó y lo empujó a la clandestinidad. Proliferaron así las plataformas digitales y los departamentos temporarios, donde por ser trabajadoras sexuales deben pagar el doble o el triple.
«No nos mata el trabajo sexual, nos mata la clandestinidad, nos mata la falta de derechos, nos mata la criminalización a la que nos empujaron», resumió. En esa clandestinidad, advirtió, quedaron expuestas a situaciones de inseguridad y de riesgo.
Cómo se para en un trabajo sin patronal
La decisión salió de una asamblea federal que se realizó de manera virtual. El primer debate fue cómo hacer una huelga en un trabajo criminalizado, sin derechos, sin patronal y sin registro. «Teníamos que apelar a la creatividad», contó Orellano, y planteó que esa pregunta le cabe también a buena parte del movimiento obrero, que debe replantearse estrategias, alcance y representatividad.
La organización se tramitó en grupos de WhatsApp. Quienes trabajan en las rutas harán una asamblea y una olla popular, y las trabajadoras visibles publicarán durante toda la jornada una imagen en sus redes sociales. Algunas pararán apenas dos horas y colocarán un cartel en su esquina contra los femicidios y la violencia. En distintas provincias hay actividades que van desde radios abiertas hasta manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, mujeres sindicalistas y actrices se sumarán a una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación. Ammar convocó además a compartir su imagen oficial en WhatsApp, Instagram, X o Telegram.
Una violencia que escala, también en las redes
Orellano describió una situación de violencia permanente: llegan videos, mensajes y audios con denuncias de agresiones de la policía y de vecinos. Mencionó el caso de Palermo, donde jóvenes van a la zona de trabajo sexual a hostigar a las compañeras, filman con sus celulares y suben el material a TikTok y otras redes. Según planteó la organización, la violencia se acentuó desde la llegada del gobierno de Javier Milei y, en la Ciudad, con la gestión de Jorge Macri.
«Todo vale cuando la vida de la otra no tiene un valor», dijo la dirigente, y afirmó que esos discursos tienen una bajada desde el gobierno nacional y calaron en la sociedad. «Estamos viviendo en una sociedad rota», sentenció. Esperan que la jornada genere conciencia social y reclaman justicia por las víctimas. «No podemos seguir contando muertas», concluyó Orellano.
Lo que tenés que saber:
- Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre: Débora Bordón, Bárbara Aragón, Daniela Villalba y Tatiana Fernández.
- Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
- Por los dos últimos casos hay un solo detenido y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona.
- Orellano denunció que ARCA reclama impuestos a trabajadoras de plataformas digitales sin ofrecer garantías ni derechos.
- En la Ciudad de Buenos Aires habrá una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación.
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