Turismo
Autoridades nacionales, provinciales y municipales afirmaron que la temporada de verano 2021 «va a continuar»
No obstante, los funcionarios apelan a la responsabilidad individual para que «se extremen los cuidados» sanitarios y se evite la suspensión del actual periodo estival de vacaciones.
No obstante, los funcionarios apelan a la responsabilidad individual para que «se extremen los cuidados» sanitarios y se evite la suspensión del actual periodo estival de vacaciones.
La Nación, las provincias y los intendentes, sobre todo los de la costa atlántica, coinciden en la necesidad de extremar los cuidados por el incremento de casos de coronavirus para que no se frustre la temporada de verano que, aunque en niveles menores a otros años, ya logró movilizar a cuatro millones de argentinos desde comienzos de diciembre.
Ante el incremento de casos de coronavirus y la posibilidad de que se apliquen restricciones en centros turísticos, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró en declaraciones radiales que «la temporada de verano va a continuar» hasta marzo.
No obstante, el funcionario apeló a la responsabilidad individual para que «se extremen los cuidados» sanitarios y se evite la suspensión del actual periodo estival de vacaciones.
En coincidencia con gobernadores e intendentes de diferente color político que le piden a la sociedad incrementar los cuidados ya conocidos como el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar aglomeraciones y usar tapaboca, el ministro de Turismo sostuvo que «lo importante es que cumplamos con las reglas del cuidado sanitario y no nos relajemos».
«Si cumplimos con los cuidados, podemos estar en cualquier lado que no corremos riesgos y además estamos cuidando la economía, el trabajo y por supuesto, la salud de los demás», agregó.
Sin abandonar el eje del cuidado sanitario y el control de la situación epidemiológica, Lammens consideró que desde el gobierno nacional «se está dando el mayor nivel de certidumbre para que la gente vaya tranquila a disfrutar de las vacaciones».
«Es una temporada diferente, pero es muy importante que pudimos iniciarla el 1° de diciembre y la vamos a continuar. Es tan importante saber cuántos turistas hay en cada destino y conocer la cantidad de contagios que se producen en esos lugares», observó.
Por su parte, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, señaló en su cuenta oficial de la red social Twitter que «a fin de continuar con la temporada turística, establecimos nuevos parámetros de riesgo sanitario para que cada localidad responda a sus necesidades».
«Mantengamos los cuidados y evitemos los eventos masivos para que todas y todos puedan disfrutar sus vacaciones en la Provincia», remarcó.
El intendente del municipio bonaerense de Pinamar, Martín Yeza (PRO), comparte con Lamenns «la preocupación» de que se tenga que «suspender» la temporada de verano por el constante incremento de contagios en los centros turísticos.
«El cierre de temporada es lo que más me aterroriza. Por eso, vamos a hacer lo máximo posible para evitarlo, por ahora es solo una hipótesis y por eso estas medidas buscan reducir el costo al mínimo posible, invitando a la ciudadanía a que tengamos los cuidados de hace un mes», señaló Yeza en declaraciones radiales.
Luego de la reunión realizada el viernes en el Museo del Mar en la ciudad bonaerense de Mar del Plata entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes de los municipios de la costa atlántica, el jefe comunal de Pinamar contó que los objetivos son «aumentar los controles y la concientización en el espacio público».
Al respecto, uno de los que participó de ese encuentro fue el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien también fue directo: «El objetivo principal es garantizar la temporada turística».
«Lo principal es cuidar la salud, cuidar la temporada, el trabajo y la producción», puntualizó Costa, que planteó que habrá «una ronda de consultas con intendentes para tomar las medidas más adecuadas para este momento de la situación sanitaria, para que se pueda garantizar la continuidad de la temporada turística y se pueda revertir esta tendencia preocupante».
Nuevas restricciones
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en algunos municipios, y la aplicación de multas de hasta 3 millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.
Según se anunció hoy en un comunicado, en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social «se suspenderá entre las 1 y las 6 la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa», con excepción de «las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales».
Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el lunes 11, a partir de la 1
El gobierno de Axel Kicillof decidió, además, «reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos» y «restringir el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales».
Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el lunes 11, a partir de la 1, mientras que al martes se actualizarán las disposiciones en base a la nueva situación epidemiológica y sanitaria de la provincia, según se indicó.
Distintas provincias analizan alguna restricción nocturna pero la gran mayoría coincide en que no habrá frenos a la circulación mientras que otras como Córdoba ya anunciaron que no aplicarán ningún tipo de límites, aunque todas coinciden en apelar a la responsabilidad social para evitar medidas más drásticas que deriven en el cierre de la temporada estival.
Balance
Por otra parte, al cumplirse los primeros 40 días del inicio de temporada, Lammens realizó un balance e informó que desde el 1° de diciembre «cuatro millones de personas salieron de vacaciones, según los permisos gestionados en la aplicación ‘Cuidar Verano'».
En ese sentido, desde el Ministerio de Turismo explicaron a Télam que esa cifra aumentaría a casi cinco millones de argentinos porque «hay algunas provincias que no piden certificado».
En cifras, explicó que este sábado 9 «hay un millón 600 mil personas vacacionando por algún centro turístico del país, siendo la costa atlántica el principal destino con más de 600 mil veraneantes».
Buenos Aires
Chapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de la senadora Fernanda Raverta para recuperar la Unidad Turística Chapadmalal, cedida originalmente por la Provincia a la Nación con destino exclusivo al turismo social. La iniciativa instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales contra el gobierno nacional por «desnaturalización del fin social» del complejo, mientras el gobierno de Javier Milei planea entregarlo en concesión a privados por 30 años.
De más de 84.000 personas alojadas en 2023, el complejo de Chapadmalal pasó a cero turistas en 2025 y 2026. Ese dato brutal resume lo que el gobierno de Javier Milei hizo con uno de los emblemas históricos del turismo social argentino: un predio construido en los años 40 para que los trabajadores, los niños y los jubilados pudieran conocer el mar con hospedaje de calidad y pensión completa, ahora en camino a convertirse en un negocio privado.
El martes, el Senado bonaerense respondió con una decisión política concreta. El bloque peronista Fuerza Patria impulsó y logró la media sanción del proyecto de ley presentado por la senadora marplatense Fernanda Raverta, que declara la voluntad del Estado provincial de recuperar la titularidad y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) e instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales necesarias para exigirle a la Nación la devolución del predio. El expediente, registrado como E 120 2026-2027, pasa ahora a la Cámara de Diputados provincial para completar su tratamiento legislativo.
Un predio cedido con una condición que Milei ignoró
El origen jurídico del conflicto es claro: la Provincia de Buenos Aires cedió originalmente los terrenos de Chapadmalal al Estado nacional con un fin específico e irremplazable, el turismo social. Construido entre 1948 y 1949 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo como parte de una política de democratización del descanso, el complejo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. La administración de Javier Milei ignoró ese mandato de origen y avanzó en dos movimientos concretos: el Decreto 216/2025 eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social, y la Resolución 129/2026, publicada en el Boletín Oficial, oficializó el pase a disponibilidad de la totalidad del personal de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
El plan del gobierno nacional es concesionar el complejo de Chapadmalal a privados por un plazo de 30 años y subastar el complejo de Embalse. Para el ministerio de Gobierno bonaerense, encabezado por Carlos Bianco, se trata de una «trampa administrativa»: primero se declara que el predio está «subutilizado», luego se quita el personal y finalmente se habilita la venta o la concesión directa. Bianco ya formalizó ante la administración nacional el pedido de transferencia inmediata del complejo a la órbita provincial.
La ley que activa la Fiscalía de Estado
El proyecto aprobado en el Senado bonaerense va más allá de una declaración de intenciones. La norma declara «la voluntad» del Estado provincial de «recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados» e instruye a la Fiscalía de Estado a «interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la UTC fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social».
Durante el debate, Raverta colocó el conflicto en términos de modelo de país: «Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país. Para algunos, es un activo que puede venderse al mejor postor. Para nosotros, es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez». La senadora también recordó que «cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo».
La oposición apoyó la privatización
El proyecto fue aprobado por mayoría, con la votación en contra del senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien avaló el modelo de Milei para la concesión privada del predio. Montenegro sostuvo que «la única forma de progreso no puede ser siempre el Estado», un argumento que el peronismo bonaerense rechazó de plano en el recinto. La postura del PRO y de La Libertad Avanza significó, en los hechos, respaldar que un complejo declarado Monumento Histórico Nacional y construido para los trabajadores quede en manos de empresarios privados durante tres décadas.
Kicillof: «Marcha a un negocio inmobiliario»
El gobernador Axel Kicillof ya había trazado el diagnóstico con precisión. «Me parece que, como ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», declaró durante una visita a Mar del Plata, al ser consultado sobre el futuro del complejo. «La onda viene de demolición y destrucción», agregó el mandatario bonaerense, quien exigió que, si la Nación decide desprenderse del predio, la administración sea transferida en forma inmediata a la Provincia. El ministro de Turismo bonaerense, Augusto Costa, sintetizó el impacto con un dato que no admite interpretación: «De alojar a más de 84.000 personas en 2023, pasamos a cero turistas en 2025 y 2026».
En el Congreso nacional, los senadores peronistas Juliana di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro presentaron un proyecto paralelo para transferir Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires, con la condición de que el predio mantenga su destino de turismo social y que su venta o cambio de uso quede prohibida sin autorización del Poder Legislativo nacional. La pinza legislativa, en la Cámara alta bonaerense y en el Congreso nacional, marca una estrategia coordinada del peronismo para bloquear judicialmente y políticamente la entrega del complejo.
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