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Trabajo

Era Milei: UOCRA en alerta por la pérdida de 50 mil puestos de trabajo

«La paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores».

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La Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, decidió este lunes el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país en rechazo de «la pérdida de 50 mil puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que dispuso el Gobierno y la desaceleración de la inversión», informó la entidad sindical.

La Uocra explicó que «la paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores».

Además denunció «la ausencia de gestión y de interlocutores válidos del Poder Ejecutivo, que se desentiende de la problemática que afecta a la industria».

«Esta situación se produce en el contexto de la abrupta y generalizada caída de la actividad económica, y se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del empresariado a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo ante una inflación sostenida que castiga a los trabajadores», sostuvo el gremio en un comunicado.

Para Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, los trabajadores «no tienen otras herramientas para enfrentar la crítica coyuntura que la suba de los ingresos».

«En los dos últimos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en la actividad a partir de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del Gobierno, lo que constituye una situación que arriesga de forma grave la continuidad laboral de gran parte de la construcción», dijo.

El dirigente sostuvo que la obra privada no logró aún niveles de actividad que compensen «la drástica caída, y nada indica que los privados sustituyan el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública», y añadió que «es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice por las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas, que no convoque al diálogo social y arriesgue la seguridad jurídica».

«El Gobierno de Milei arriesga la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, lo que afecta las impostergables demandas para el desarrollo económico y social de todas las regiones de la Argentina», concluyó el titular de la organización.

CABA

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados

Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.

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El Argentino Diario-Metrodelegados-Dellacarbonara-Subte-Emova.
Jorge Macri llamó “mafiosos” a los delegados y las centrales obreras respondieron: detener a un gremialista es perseguir la acción sindical.

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.

Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.

El repudio de la CGT y las CTA

En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.

La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.

Derechos humanos y estatales se suman al reclamo

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.

Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal

Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.

No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.

Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.

Lo que tenés que saber:

  • La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
  • La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
  • La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
  • Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
  • Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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