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Gremiales

Cocot: denuncian despidos y salarios de $700.000 en la Era Milei

En los últimos dos meses la empresa despidió a 140 empleados, reduciendo de manera significativa una plantilla que hoy ronda los 500 trabajadores.

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La industria textil sumó este fin de semana un nuevo foco de conflicto con una protesta gremial en la planta porteña de las históricas marcas Cocot y Dufour. Trabajadoras y trabajadores se manifestaron frente a la fábrica ubicada en Parque Chas para denunciar despidos masivos, salarios abonados en cuotas y el avance de importaciones que ponen en riesgo la producción nacional.

Un conflicto que va más allá del salario

La protesta expuso algo más profundo que un reclamo salarial. En un contexto de caída del consumo y apertura importadora, los operarios advierten que el ajuste vuelve a recaer sobre el empleo industrial, mientras las empresas sostienen la producción con menos personal y mayor precarización.

En los últimos dos meses la empresa despidió a 140 empleados, reduciendo de manera significativa una plantilla que hoy ronda los 500 trabajadores.

Sueldos en cuotas y jornadas extendidas

Durante la manifestación, los empleados denunciaron que la firma comenzó a pagar los sueldos, el aguinaldo e incluso las vacaciones en forma fraccionada, bajo el argumento de falta de fondos. La situación resulta especialmente crítica si se tiene en cuenta que la planta mantiene líneas de producción activas las 24 horas, con jornadas laborales de hasta nueve horas.

Los salarios rondan los $700.000, una cifra que los propios trabajadores describen como insuficiente frente al aumento del costo de vida y que, además, llega de manera irregular. “Las cuentas no esperan. En marzo tenemos los gastos escolares y no sabemos cuándo vamos a cobrar”, señalaron durante la protesta.

“No hay plata”, pero hay importaciones

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta al reemplazo de la producción local por insumos importados, principalmente provenientes de China. Según denunciaron los operarios, mientras se despide personal y se pagan salarios en cuotas, la empresa avanza con una estrategia de sustitución de fabricación nacional.

El patrón dice que no hay plata, pero nosotros seguimos trabajando como siempre”, expresaron los manifestantes, que cuestionan una política empresarial que combina ajuste laboral con importaciones, en detrimento del empleo argentino.

La protesta tuvo momentos de tensión por la presencia policial desplegada para evitar cortes de calle, aunque no se registraron incidentes.

Retiros “voluntarios” y ajuste permanente

De acuerdo a los testimonios recogidos en la puerta de la fábrica, la empresa ofrece retiros voluntarios como mecanismo para continuar reduciendo personal, mientras mantiene deudas por bonos y remuneraciones correspondientes a fin de año.

Para los trabajadores, se trata de una forma de ajuste encubierto que busca achicar costos laborales sin cerrar formalmente la planta, pero debilitando de manera progresiva la producción nacional.

El trasfondo económico del conflicto

Industria textil: importaciones, consumo en baja y empleo en riesgo

El conflicto en la planta de Cocot y Dufour no es un hecho aislado. La industria textil atraviesa uno de sus momentos más delicados, atravesada por una combinación de factores que presionan sobre la producción y el empleo:

Apertura de importaciones: el ingreso de prendas y textiles terminados a bajo costo desplaza producción nacional y reduce la demanda de mano de obra local.

Caída del consumo interno: la pérdida de poder adquisitivo impacta de lleno en rubros como indumentaria y ropa interior, considerados bienes prescindibles frente a gastos básicos.

Ajuste empresario sobre salarios: pago en cuotas, despidos y retiros “voluntarios” funcionan como válvulas rápidas de reducción de costos.

Precarización sin cierre formal: las plantas siguen produciendo, pero con menos trabajadores y condiciones cada vez más deterioradas.

En este escenario, el reclamo en Parque Chas vuelve a encender alarmas sobre el futuro del sector textil, el empleo registrado y la supervivencia de marcas históricas frente a un modelo que prioriza la importación por sobre la producción local.

Gremiales

Aguiar pide reforma sindical: “Un dirigente no puede vivir como empresario”

El secretario general de ATE cuestionó a los gremios alineados con Milei, reclamó que los sindicalistas presenten declaraciones juradas y advirtió que el movimiento obrero perdió más del 44% del poder adquisitivo en dos años y medio.

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"De esta no se levanta más": Aguiar le advierte a UPCN que alinearse con Milei tiene un costo político sin retorno.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce de los dirigentes sindicales que mantienen una posición cómoda frente al Gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma sindical de fondo que prohíba a los gremialistas vivir como empresarios, los obligue a presentar declaraciones juradas y recupere la credibilidad del movimiento obrero de cara a la sociedad. Lo dijo en Modo Fontevecchia, en una entrevista en la que también denunció el avance privatizador sobre Fabricaciones Militares y cuestionó la demora de la CGT para convocar a un paro general.

La autocrítica que incomoda: dirigentes que «hablan, piensan y viven como empresarios»

El planteo de Aguiar no apuntó solo hacia afuera. Con una crudeza poco habitual en el mundo sindical, el dirigente reconoció que el sindicalismo perdió credibilidad ante la sociedad y que parte de esa pérdida tiene nombre y apellido: los gremialistas que, a su juicio, «hablan, piensan y viven como empresarios». Para Aguiar, la reforma que propone no debe venir del Congreso ni de economistas ajenos al mundo del trabajo, y en ese punto apuntó contra el diputado Martín Tetaz, quien impulsó iniciativas en esa dirección sin, según Aguiar, haber «trabajado media hora para nadie». La reforma, sostuvo, «la tenemos que llevar adelante los trabajadores».

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos para todos los dirigentes sindicales, una exigencia que hoy rige para los funcionarios públicos pero que el sindicalismo aún no tiene. «A esta altura de la democracia, la sociedad ya tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista«, afirmó. También reclamó prohibir que un dirigente esté de los dos lados del mostrador a la vez, en referencia a los gremialistas que cosechan aplausos tanto de sus compañeros como de sus empleadores.

El aguijón contra UPCN y el sindicalismo de gestión

Aguiar reservó una crítica especial para Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que firmó acuerdos salariales por debajo de la inflación en la administración pública durante la gestión Milei. Para Aguiar, esa decisión significó convalidar una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en los últimos dos años y medio para los trabajadores estatales, sin que el Poder Ejecutivo necesitara siquiera imponer el recorte por decreto. «Hubo otro gremio, en este caso UPCN, que firmó, que lo aceptó», señaló, y agregó que Rodríguez «fue oficialista con todos los gobiernos» y que «cuando caiga Milei, también va a caer él. Y de esta no se levanta más».

Fabricaciones Militares: privatización y extranjerización

El otro eje de la entrevista fue el avance del Gobierno sobre Fabricaciones Militares. Aguiar denunció que la empresa fue convertida en una sociedad anónima unipersonal y que se emitió un pliego para licitar el 51% de las acciones, con la condición de que los compradores sean exclusivamente empresas extranjeras. «Estamos frente no solo a la venta de Fabricaciones Militares, sino a su extranjerización», afirmó. Según el dirigente, el objetivo real es apropiarse de los sellos y franquicias de la empresa para comercializarlos en el mundo. ATE logró frenar temporalmente el proceso mediante una medida cautelar judicial, pero Aguiar anticipó que el conflicto continuará. También advirtió sobre el avance del vaciamiento del INTA, el INTI y el CONICET como parte del mismo esquema de desguace estatal.

El paro que la CGT demora: «Sobran los motivos»

Sobre la estrategia de la central obrera, Aguiar fue categórico: «A Alfonsín, por mucho menos, le hicieron 14 paros generales. Acá sobran motivos y existen condiciones desde hace tiempo». Cuestionó que la CGT planifique su próximo acto para después de la visita del Papa y reclamó que el paro general se realice antes. En ese sentido, desestimó la ola de pedidos de audiencia con el Pontífice de parte de dirigentes sindicales: «No puede ser que a los sindicalistas les dé vocación de monaguillo», ironizó, y subrayó que los problemas del movimiento obrero «los tenemos que solucionar nosotros, estando en la calle y reclamando».

El paro en aeropuertos y la tensión con el Ministerio de Capital Humano

En el arranque de la entrevista, Aguiar explicó la decisión de postergar el paro en los aeropuertos, previsto para este jueves. El dirigente relató que a último momento recibieron una intimación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación exigiéndole al sindicato cumplir con el 75% de las prestaciones normales y habituales durante la medida de fuerza, por tratarse de un servicio esencial. Ante esa presión, ATE optó por abrir una instancia de diálogo urgente para consensuar la modalidad de la protesta, aunque aclaró que el gremio agotó todas las instancias legales, comunicó la medida con cinco días de anticipación y hace responsable al Ejecutivo de cualquier demora o cancelación de vuelos.

Puntos clave

  • ATE acumula una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en la administración pública desde el inicio de la gestión Milei.
  • Fabricaciones Militares fue convertida en sociedad anónima y se licitó el 51% de sus acciones exclusivamente para empresas extranjeras.
  • Aguiar reclamó la obligatoriedad de declaraciones juradas para todos los dirigentes sindicales.
  • La CGT planifica un acto para después de la visita papal; Aguiar exige el paro antes de esa fecha.
  • El paro en aeropuertos fue postergado tras una intimación del Ministerio de Capital Humano, que exigió el 75% de prestaciones durante la medida.
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