Gremiales
SUTNA denuncia represión y cierre ilegal de Fate: 920 despidos y balas de goma en San Fernando
Los empleados llegaron al turno de la madrugada y encontraron un cartel. La empresa bajó la persiana sin previo aviso, en violación de una cláusula vigente que prohibía despidos hasta junio. El SUTNA denunció ilegalidad y represión policial dentro del predio.
★ Los trabajadores de Fate llegaron a las seis de la mañana de este miércoles a la planta de Virreyes, en el partido de San Fernando, y se encontraron con un cartel pegado en la entrada. Pocas líneas alcanzaron para comunicarles que la empresa cerraba de manera definitiva e inmediata, que sus puestos de trabajo habían dejado de existir y que 920 familias quedaban en la calle sin ninguna notificación previa.
Lo que siguió fue tensión, resistencia y represión. Según denunció el delegado gremial Sebastián Tesoro, «el predio está completamente militarizado con la Policía de la PBA» y «hubo represión con balas de goma». Ante eso, los trabajadores tomaron una decisión: no irse. «Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo», afirmó Tesoro.
El SUTNA denuncia: hubo represión y el cierre es ilegal
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), salió a respaldar a los trabajadores en conferencia de prensa y fue contundente: el cierre es «totalmente ilegal». Según explicó, existía una cláusula vigente que comprometía a la empresa a no realizar despidos hasta el 30 de junio de 2026, un acuerdo que la patronal ignoró por completo.
«Es una fábrica que tiene ochenta años produciendo neumáticos, que atravesó todas las etapas del país. Hoy los trabajadores llegaron a las seis de la mañana para brindar su mano de obra y se encontraron con apenas unas líneas diciendo que la fábrica cerraba y que cientos y cientos de familias se quedaban sin trabajo», declaró Crespo.
El titular del SUTNA amplió el impacto real de la medida más allá de los 920 operarios directos: el cierre también afecta a «compañeros de limpieza, camioneros, repartidores y a todo un arco enorme dentro del cordón industrial más grande del país, que es el de zona norte». Ante ese panorama, Crespo comprometió «todas las acciones necesarias, posibles e imposibles» para reabrir la fábrica.
Una empresa de 86 años que cerró sin dar la cara
Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, nació en 1940 en una pequeña planta del barrio porteño de Saavedra y trasladó su producción a San Fernando en 1962. Fue pionera en la producción de neumáticos radiales en Argentina, el único productor nacional de ese tipo de cubierta para el transporte pesado, y llegó a tener capacidad para fabricar más de cinco millones de neumáticos por año en su planta de Virreyes, instalada sobre un predio de 40 hectáreas con más de 157.000 metros cuadrados cubiertos.
Su comunicado de cierre fue esquivo. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, no mencionó a sus trabajadores hasta el párrafo final, donde los incluyó en un agradecimiento genérico junto a «clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria». No hubo conferencia de prensa ni vocero disponible para responder preguntas.
La empresa fue explícita, en cambio, sobre el carácter irreversible de la decisión: no habrá reestructuración, concurso preventivo ni plan de salvataje. «Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana», precisaron fuentes cercanas a la firma.
Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate, concentrará sus actividades en Aluar, la gran productora nacional de aluminio que también conduce.
La apertura importadora que destruyó los márgenes
El cierre no fue un hecho repentino. En mayo de 2024, Fate ya había despedido a 97 trabajadores al denunciar una «sostenida pérdida de competitividad exportadora». En esa oportunidad, la empresa señaló como factores adversos la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias y el crecimiento de las importaciones. Nadie le respondió desde el Gobierno.
El detonante final fue la avalancha de neumáticos importados, principalmente de origen asiático. Según datos de la consultora PxQ, entre 2023 y 2025 las importaciones del sector crecieron un 34,8%, mientras los precios internos cayeron un 42,6%.
En mayo de 2025 ingresaron al país más de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes, el registro mensual más alto en más de dos décadas. Ante ese escenario, Fate redujo sus precios hasta un 15%, destruyendo sus propios márgenes para intentar sobrevivir. No alcanzó. Al momento del cierre, el 85% de los neumáticos que se comercializan en Argentina son importados y la producción de la empresa se había reducido al 30% de su capacidad instalada.
Un caso más en una industria en retirada
La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en los últimos días sobre la pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo industriales desde agosto de 2023, reclamando reformas que reduzcan la presión fiscal y mejoren la competitividad. El sector del neumático ya venía golpeado antes del cierre de Fate: Pirelli y Bridgestone, las otras dos grandes fabricantes del país, implementaron retiros voluntarios o procedimientos preventivos de crisis.
El cierre de Fate no es, entonces, un caso aislado. Es la foto más brutal de un modelo económico que, en nombre de la apertura comercial y la desregulación, desmanteló en tiempo récord décadas de entramado industrial. Los 920 trabajadores que este martes a las seis de la mañana encontraron un cartel en lugar de su trabajo son, por ahora, quienes pagan la cuenta.
Puntos clave
- 920 trabajadores fueron despedidos sin aviso previo; se enteraron al llegar al turno de la madrugada del 18 de febrero de 2026.
- El SUTNA denunció ilegalidad por violación de una cláusula que prohibía despidos hasta el 30 de junio de 2026, e informó represión policial con balas de goma dentro del predio.
- Según la consultora PxQ, las importaciones del sector crecieron 34,8% entre 2023 y 2025, mientras los precios internos cayeron 42,6%.
- La empresa descartó cualquier plan de rescate: liquidación total de activos con pago de indemnizaciones según la ley vigente.
- La UIA alertó sobre más de 60.000 empleos industriales perdidos desde agosto de 2023 en toda la industria argentina. ★
Gremiales
Aguiar pide reforma sindical: “Un dirigente no puede vivir como empresario”
El secretario general de ATE cuestionó a los gremios alineados con Milei, reclamó que los sindicalistas presenten declaraciones juradas y advirtió que el movimiento obrero perdió más del 44% del poder adquisitivo en dos años y medio.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, salió al cruce de los dirigentes sindicales que mantienen una posición cómoda frente al Gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma sindical de fondo que prohíba a los gremialistas vivir como empresarios, los obligue a presentar declaraciones juradas y recupere la credibilidad del movimiento obrero de cara a la sociedad. Lo dijo en Modo Fontevecchia, en una entrevista en la que también denunció el avance privatizador sobre Fabricaciones Militares y cuestionó la demora de la CGT para convocar a un paro general.
La autocrítica que incomoda: dirigentes que «hablan, piensan y viven como empresarios»
El planteo de Aguiar no apuntó solo hacia afuera. Con una crudeza poco habitual en el mundo sindical, el dirigente reconoció que el sindicalismo perdió credibilidad ante la sociedad y que parte de esa pérdida tiene nombre y apellido: los gremialistas que, a su juicio, «hablan, piensan y viven como empresarios». Para Aguiar, la reforma que propone no debe venir del Congreso ni de economistas ajenos al mundo del trabajo, y en ese punto apuntó contra el diputado Martín Tetaz, quien impulsó iniciativas en esa dirección sin, según Aguiar, haber «trabajado media hora para nadie». La reforma, sostuvo, «la tenemos que llevar adelante los trabajadores».
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos para todos los dirigentes sindicales, una exigencia que hoy rige para los funcionarios públicos pero que el sindicalismo aún no tiene. «A esta altura de la democracia, la sociedad ya tiene derecho a saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un sindicalista«, afirmó. También reclamó prohibir que un dirigente esté de los dos lados del mostrador a la vez, en referencia a los gremialistas que cosechan aplausos tanto de sus compañeros como de sus empleadores.
El aguijón contra UPCN y el sindicalismo de gestión
Aguiar reservó una crítica especial para Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que firmó acuerdos salariales por debajo de la inflación en la administración pública durante la gestión Milei. Para Aguiar, esa decisión significó convalidar una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en los últimos dos años y medio para los trabajadores estatales, sin que el Poder Ejecutivo necesitara siquiera imponer el recorte por decreto. «Hubo otro gremio, en este caso UPCN, que firmó, que lo aceptó», señaló, y agregó que Rodríguez «fue oficialista con todos los gobiernos» y que «cuando caiga Milei, también va a caer él. Y de esta no se levanta más».
Fabricaciones Militares: privatización y extranjerización
El otro eje de la entrevista fue el avance del Gobierno sobre Fabricaciones Militares. Aguiar denunció que la empresa fue convertida en una sociedad anónima unipersonal y que se emitió un pliego para licitar el 51% de las acciones, con la condición de que los compradores sean exclusivamente empresas extranjeras. «Estamos frente no solo a la venta de Fabricaciones Militares, sino a su extranjerización», afirmó. Según el dirigente, el objetivo real es apropiarse de los sellos y franquicias de la empresa para comercializarlos en el mundo. ATE logró frenar temporalmente el proceso mediante una medida cautelar judicial, pero Aguiar anticipó que el conflicto continuará. También advirtió sobre el avance del vaciamiento del INTA, el INTI y el CONICET como parte del mismo esquema de desguace estatal.
El paro que la CGT demora: «Sobran los motivos»
Sobre la estrategia de la central obrera, Aguiar fue categórico: «A Alfonsín, por mucho menos, le hicieron 14 paros generales. Acá sobran motivos y existen condiciones desde hace tiempo». Cuestionó que la CGT planifique su próximo acto para después de la visita del Papa y reclamó que el paro general se realice antes. En ese sentido, desestimó la ola de pedidos de audiencia con el Pontífice de parte de dirigentes sindicales: «No puede ser que a los sindicalistas les dé vocación de monaguillo», ironizó, y subrayó que los problemas del movimiento obrero «los tenemos que solucionar nosotros, estando en la calle y reclamando».
El paro en aeropuertos y la tensión con el Ministerio de Capital Humano
En el arranque de la entrevista, Aguiar explicó la decisión de postergar el paro en los aeropuertos, previsto para este jueves. El dirigente relató que a último momento recibieron una intimación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación exigiéndole al sindicato cumplir con el 75% de las prestaciones normales y habituales durante la medida de fuerza, por tratarse de un servicio esencial. Ante esa presión, ATE optó por abrir una instancia de diálogo urgente para consensuar la modalidad de la protesta, aunque aclaró que el gremio agotó todas las instancias legales, comunicó la medida con cinco días de anticipación y hace responsable al Ejecutivo de cualquier demora o cancelación de vuelos.
Puntos clave
- ATE acumula una pérdida de más del 44% del poder adquisitivo en la administración pública desde el inicio de la gestión Milei.
- Fabricaciones Militares fue convertida en sociedad anónima y se licitó el 51% de sus acciones exclusivamente para empresas extranjeras.
- Aguiar reclamó la obligatoriedad de declaraciones juradas para todos los dirigentes sindicales.
- La CGT planifica un acto para después de la visita papal; Aguiar exige el paro antes de esa fecha.
- El paro en aeropuertos fue postergado tras una intimación del Ministerio de Capital Humano, que exigió el 75% de prestaciones durante la medida.
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