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Despidos en Clarín: Trabajo dictó la conciliación obligatoria

La medida ministerial implica que la situación debe retrotraerse al momento previo a los despidos.

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Integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron hoy los «despidos injustificados» de «al menos 48 trabajadores» del Grupo Clarín, ante lo cual el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles.

A raíz de las cesantías una asamblea de dirigentes y delegados sindicales de prensa realizada a las puertas de Clarín dispuso un paro general de actividades en reclamo de la reincorporación de esos trabajadores, pero la huelga quedó supeditada al cumplimiento de la conciliación por parte de la empresa.

La medida ministerial implica que la situación debe retrotraerse al momento previo a los despidos.

«Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no hayan más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores», explicó el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales de Sipreba, Matías Cervilla, en declaraciones a Télam.

Los trabajadores que fueron despedidos, que pertenecen en su mayoría a la redacción que funciona en Tacuarí al 1800 del barrio porteño de Constitución, recibieron por la mañana un correo en sus casillas institucionales que los notificaba sobre su desvinculación de la empresa.

Tras conocer esta medida, la comisión interna pidió una reunión con las autoridades de la empresa, que se llevó a cabo a las 9, para que el personal jerárquico «explique los motivos de los despidos», y decidió posteriormente convocar a una asamblea en la que se decidió la huelga en fecha a resolver.

«Son despidos sin causa, ellos aducen recambio de perfil», señaló Cervilla, y sostuvo que si bien AGEA «habla de reconversión digital, porque los ingresos de la empresa están viniendo por lo digital», muchos de los trabajadores que fueron echados tenían un perfil justamente «digital».

AGEA, por su parte, envió también un correo electrónico con la firma del CEO de la empresa, Héctor Aranda, para comunicar al resto de los trabajadores sobre los «cambios» implementados para «crecer aún en medio de la crítica situación económica del país» y para «adaptar la organización interna a una nueva realidad de la industria, así como el perfil de su personal».

Aranda expuso en esa comunicación que «la transformación implica necesariamente una obligada renovación» y, si bien señala que ese es un «proceso más difícil e ingrato», resalta que es «imprescindible», por lo que esa situación, dijo, «ha llevado a tener que producir desvinculaciones en nuestro plantel el día de hoy».

Para Cervilla, sin embargo, se trata de una medida «cíclica» porque cada cierto tiempo el Grupo Clarín «intenta achicarse», al exponer que al ser una «empresa superavitaria» no está en condiciones de «aducir pérdidas» pero sí de «maximizar la ganancia reduciendo el personal».

«En el 2000 hubo 117 despidos, incluyendo la comisión interna de aquel momento; en el 2016 hubo 600 retiros voluntarios, que son despidos encubiertos; después en el 2019 hicieron 65 despidos y ahora hacen 48 despidos», recopiló Cervilla.

Además, el representante gremial reprochó el «cinismo» empresarial ante la coincidencia de la fecha del anuncio de hoy con los despidos de hace «cuatro años», que fueron ejecutados el 17 de abril de 2019.

Cervilla reveló que a los empleados les llegó «un mail avisándoles del despido e inmediatamente después les bloquearon las cuentas» de correo, y alertó que entonces «muchos compañeros no pudieron acceder a ese mail y se están enterando porque están queriendo entrar a su cuenta y no pueden».

Por su parte, el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, señaló que se trata de «despidos injustificados» y que esa organización llevará adelante una «medida de fuerza en todos los medios privados exigiendo que se retrotraigan» las desvinculaciones.

Lecchi observó que los trabajadores desvinculados son «casi todos afiliados» y en algunos casos «fueron miembros de junta electoral».

El sindicato de prensa denunció el accionar de la empresa por exhibir «la misma violencia y perversión que hace exactamente 4 años».

Al ser consultado por una eventual relación entre los despidos y la disputa judicial por la personería gremial de Sipreba, Cervilla dijo que «no se descarta» pero aclaró que «al no tener todavía los nombres de todos los compañeros, es pronto para decirlo».

«Son despidos masivos, puede tener que ver con un costado gremial que no descartamos, pero principalmente tiene que ver con una cuestión económica», remarcó.

En horas de la tarde se supo que el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Raquel Olmos, dispuso la conciliación obligatoria, por lo cual se debería mantener el statu quo previo a los despidos.

En la asamblea participaron trabajadores de Clarín, delegados sindicales y afiliados del gremio de prensa de diversos medios. También asistieron el abogado Pablo Llonto, el titular de ATE Capital Daniel Catalano, el diputado nacional del FDT Juan Marino, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs) y de la agrupación kirchnerista La Patria es el Otro, Eduardo «Negro» Montes; la exministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y el dirigente del gremio docente UTE Eduardo López, que se pusieron a disposición de los trabajadores.

En los discursos se recordó que hace exactamente 4 años Clarín produjo 65 despidos, coincidencia a la que varios oradores le dieron un carácter simbólico.

También se planteó que la empresa -el medio de comunicación más grande del país- «intenta desconocer al gremio Sipreba en la negociación paritaria a pesar de que el Ministerio de Trabajo le otorgó a ese sindicato la personería jurídica por ser el más representativo en materia de afiliados cotizantes».

Al respecto, Lecchi dijo: «Estamos pendientes de un fallo judicial que confirme la personería gremial que conquistamos, porque un sindicato que fue cómplice de los despidos en Clarín interpuso un recurso en connivencia con las patronales para que no estemos presentes en la paritaria», en referencia a la Unión de Trabajadores de Prensa (Utpba).

Consideró que es «un sindicato totalmente servil a las empresas, a las grandes empresas de comunicación del país. Esta decisión también es una decisión contra el sindicato de prensa. Siéntanse bancados porque no vamos a dejar tirado a nadie».

Y aseveró que «en un año de elecciones en el que el Grupo Clarín quiere marcar la cancha a todos los sectores políticos».

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Incendio en el Barrio 31: sin cuartel y dos niños muertos, la Ciudad debe responder

Valentín y Dante, de 5 y 2 años, murieron el jueves en el barrio Mugica, mientras los vecinos denuncian que los bomberos demoraron en ingresar y que el cuartel de la villa fue retirado. El peronismo porteño pidió informes al Gobierno de Jorge Macri, que desplegó 1.500 policías en el operativo Tormenta Negra.

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Dos chicos de 2 y 5 años murieron en un incendio en la Villa 31 y los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron en ingresar al barrio por los pilotes colocados en las calles. Una Ciudad capaz de desplegar 1.500 policías en una sola noche no habría podido, según la denuncia barrial, llegar a tiempo con un camión de bomberos.

Los niños, Valentín, de 5 años, y Dante, de 2, fallecieron el jueves 5 de noviembre en una vivienda del sector Martín Güemes del barrio Padre Carlos Mugica, en Retiro, según publicó un medio local. La noticia fue difundida por el Movimiento de Villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de una tristeza absoluta y de repudio, y apuntó las responsabilidades contra el Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.

Pilotes, un cuartel retirado y un origen sin confirmar

El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico, aunque la causa no está confirmada y se desconoce con quiénes estaban los menores al momento del siniestro. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la vivienda. Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron su ingreso porque los pilotes en las calles impidieron el paso del camión, y cuestionaron el retiro del cuartel que funcionaba dentro de la villa.

El Movimiento de Villas y Barrios Populares expresó «bronca y hartazgo» por el desfinanciamiento de las políticas de urbanización y por lo que calificó como violaciones sistemáticas de derechos humanos. Acusó al Gobierno de la Ciudad de ignorar año tras año el riesgo eléctrico y de priorizar el operativo Tormenta Negra.

La Garganta Poderosa: «Exigimos justicia y condiciones de vida dignas»

La organización La Garganta Poderosa publicó un mensaje en Instagram que superó los 9.000 me gusta en pocas horas. Sostuvo que los niños murieron en un incendio «por la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» y afirmó que ni los bomberos ni la ambulancia llegaron a tiempo, una versión que no fue confirmada oficialmente.

El posteo contrapuso esa situación con los operativos policiales en los barrios: el mismo Gobierno que no garantiza la asistencia en una urgencia aparece con la policía, a través de operativos como Tormenta Negra, para perseguir a familias y laburantes. La organización cerró con una pregunta que resume el reclamo: «¿Cuántas vidas nuestras vamos a dejar en el camino hasta que cumplan con sus obligaciones?».

Tormenta Negra, la prioridad de la Ciudad

El operativo Tormenta Negra desplegó más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 villas y asentamientos, entre ellos el barrio Mugica, según informó el propio Gobierno porteño. Jorge Macri siguió el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Lugano.

Tras uno de esos despliegues, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo en una misa en la Villa 31: «Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira». La frase, pronunciada antes de esta tragedia, describe con crudeza el debate que reabrió el incendio: qué presencia tiene el Estado en los barrios populares y con qué herramientas llega cuando hay una emergencia.

El peronismo pidió informes en la Legislatura

La legisladora porteña Berenice Iáñez, de Fuerza Buenos Aires (bloque que conduce Claudia Neira), presentó un pedido de informes al Gobierno de Jorge Macri. En el texto, la legisladora calificó la muerte de los niños como «un hecho de extrema gravedad» que exige una respuesta estatal integral.

El pedido reclama que la Ciudad informe qué organismos intervinieron, qué recursos humanos y materiales desplegó, cuáles fueron los tiempos de respuesta y qué asistencia recibió la familia de Valentín y Dante. También solicita el estado de avance de la reurbanización del barrio Mugica y del sector Martín Güemes, las evaluaciones técnicas de la vivienda, el acompañamiento psicológico y social a los familiares y los motivos del cese de actividades del cuartel de bomberos voluntarios.

Iáñez recordó además que presentó en 2025 un proyecto para crear un Protocolo de Actuación frente a Incendios en Villas y Asentamientos, que ingresó a la Legislatura pero nunca fue tratado. Una herramienta pensada para prevenir tragedias como esta quedó sin debate legislativo mientras el riesgo eléctrico seguía sin resolverse en el barrio, según denuncian las organizaciones. Hasta el momento, en el material consultado por este medio no figuraba una respuesta oficial del Gobierno porteño a la denuncia por la demora de los bomberos.

Lo que tenés que saber:

  • Dos niños de 2 y 5 años murieron el jueves 5 de noviembre en un incendio en el sector Martín Güemes del barrio Mugica, en Retiro.
  • El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico; la causa no está confirmada.
  • Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron por los pilotes en las calles y cuestionaron el retiro del cuartel de la villa.
  • La legisladora Berenice Iáñez presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad.
  • El protocolo de actuación ante incendios en villas, presentado por Iáñez en 2025, no fue tratado en la Legislatura.

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