Con 609 agentes desvinculados en la primera vuelta y la promesa de una planta «acorde a las necesidades funcionales», el Gobierno de Javier Milei lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo que históricamente garantizó la planificación y ejecución de la infraestructura vial del país. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, da continuidad a un proceso de achicamiento del Estado que, en este caso, apunta a uno de los organismos técnicos más sensibles para el desarrollo territorial argentino.

La nueva fase amplía el esquema iniciado mediante la Resolución 118/2026. El estimado inicial era de 900 adhesiones para aquella primera etapa; la cifra real quedó en 609, lo que indica que el organismo ya perdió más de dos tercios de su objetivo original de reducción, y el Gobierno insiste con una segunda convocatoria para seguir vaciando la estructura técnica de Vialidad.

Un retiro que excluye pero también condiciona a los que se quedan

La normativa fija condiciones de exclusión amplias: no pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes enfrenten procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 64 años y quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Esta última cláusula es particularmente significativa: el Estado condiciona el acceso al beneficio económico a que el trabajador abandone cualquier reclamo judicial previo, lo que equivale a presionar sobre derechos adquiridos como requisito para cobrar una indemnización.

En el mismo sentido, los empleados con mandatos sindicales vigentes deben renunciar a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherirse. El esquema penaliza, en la práctica, la organización sindical y el ejercicio del derecho a reclamar, dos pilares del derecho laboral que la administración libertaria viene erosionando de manera sistemática desde diciembre de 2023.

Las tres opciones y la lógica de la cuota

La gratificación extraordinaria de egreso se calcula sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen ofrece tres alternativas. La Opción 1 otorga el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un tope de 24 años. La Opción 2 baja la alícuota al 85% pero suma un monto equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social, apuntando a quienes priorizan la cobertura médica durante la transición. La Opción 3 es exclusiva para personal de 64 años o más sin los aportes jubilatorios necesarios y aplica el cálculo de la primera opción, con un tope reducido a 12 años de antigüedad.

El pago de la gratificación se escalona según el monto total: hasta 10 millones de pesos en una cuota única; entre 10 y 20 millones, en 3 cuotas; entre 20 y 30 millones, en 5 cuotas; y por encima de 30 millones, en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El esquema de cuotas, en un contexto inflacionario, implica que los montos más altos se licúan en términos reales con el paso de los meses, lo que en los hechos penaliza a los trabajadores de mayor antigüedad, que son precisamente quienes percibirían las gratificaciones más elevadas.

Cinco años fuera del Estado: la firma de la desvinculación

Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación que incluye una prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años. La medida apunta a que la reducción de la planta sea irreversible en el corto y mediano plazo, independientemente de quién gobierne. Se trata, en términos concretos, de un mecanismo diseñado para consolidar el desguace institucional más allá del ciclo electoral, blindando la reducción de la estructura estatal contra eventuales cambios de gestión.

El Gobierno justificó la medida argumentando que «dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos». Sin embargo, la experiencia internacional y la historia argentina demuestran que la reducción abrupta de personal técnico especializado en organismos viales genera consecuencias de largo plazo sobre la capacidad estatal de planificar obras, controlar contratistas y mantener la infraestructura existente, un costo que habitualmente no aparece en los balances del ajuste pero sí en las rutas rotas y los puentes sin mantenimiento.

Lo que tenés que saber:

• El Gobierno lanzó la segunda etapa del retiro voluntario en Vialidad Nacional mediante la Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre de 2026.
• La primera fase (Resolución 118/2026) registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.
• El régimen prevé pagos en hasta 8 cuotas, lo que en contexto inflacionario erosiona el valor real de la gratificación para los agentes de mayor antigüedad.
• Los trabajadores deben renunciar a litigios laborales previos y, si tienen mandato sindical, también a su cargo gremial para poder adherirse.
• Quienes se acojan quedan inhabilitados para reingresar al Estado Nacional por cinco años.