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El ocaso de Flybondi: cuentas embargadas, 700 despedidos sin cobrar y la sombra del concurso

La Justicia ordenó ejecutar las cuentas bancarias de la aerolínea por una deuda con ARCA que supera los $1.525 millones, mientras más de 700 extrabajadores llevan tres meses sin cobrar indemnizaciones. La empresa, en manos del empresario libertario Leonardo Scatturice, dejó de volar el 6 de agosto y no para de vender pasajes.

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El colapso de Flybondi: cómo un aliado de Milei desguazó una aerolínea mientras el Estado miraba para otro lado.

La primera aerolínea de bajo costo de la Argentina se hunde en cámara lenta, y el gobierno de Javier Milei sigue mirando para otro lado. La Justicia federal dispuso el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi, FB Líneas Aéreas S.A., a partir de ocho ejecuciones fiscales iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 10 de agosto de 2026, por deudas tributarias acumuladas entre marzo y junio de este año. En seis de esas causas ya se concedieron medidas cautelares. La deuda de capital supera los $1.525 millones; al adicionar el 15% judicial para intereses y costas, el monto total del embargo se aproxima a $1.754 millones. El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 7 ordenó además la inhibición general de bienes para los casos en que el dinero disponible resulte insuficiente.

El detalle de los conceptos adeudados es revelador: más de $915 millones corresponden a retenciones del impuesto a las Ganancias que la empresa cobró a sus empleados y proveedores pero nunca ingresó al fisco; $207 millones por retenciones de IVA; y $133 millones en Bienes Personales, entre otros. La empresa actuó como agente de retención, tomó el dinero de sus trabajadores y jamás lo depositó. Un mecanismo que, en cualquier otro contexto, el discurso libertario llamaría robo.

Sin vuelos, sin sueldos, sin obra social, vendiendo pasajes

Flybondi dejó de operar el 6 de agosto. Entre esa fecha y el 10 del mismo mes canceló 66 vuelos, sumando una nueva oleada de pasajeros varados. Sin embargo, la compañía siguió comercializando pasajes para fechas futuras, una práctica que los trabajadores y ex empleados denuncian como parte del mismo patrón de conducta que caracteriza a la empresa desde que Scatturice asumió el control en junio de 2025.

El mismo 6 de agosto, la suspensión de aportes patronales interrumpió la cobertura de obra social y medicina prepaga de empleados activos y desvinculados, paralizando tratamientos médicos y controles en curso. Los sueldos de junio y julio no fueron pagados, tampoco el medio aguinaldo al personal que aún figura en relación de dependencia. La deuda laboral, fiscal y comercial acumulada por Flybondi configura un cuadro de default casi total.

Ante este escenario, el sindicato propio de la aerolínea, la Asociación de Tripulantes de Aeronaves Federales (ATAF), históricamente afín a la empresa y nunca antes recurrente a medidas de fuerza, declaró el estado de alerta y movilización, denunció el conflicto ante la Secretaría de Trabajo y advirtió que habilitaría a sus afiliados a retener tareas si los salarios no se depositaban. También convocó a un paro de 24 horas a partir del lunes 13 de agosto a las 14 horas.

Los 700 despedidos que esperan hace tres meses

Más de 700 extrabajadores llevan más de tres meses sin percibir indemnizaciones por despidos sin causa ni los montos acordados mediante retiros voluntarios, acuerdos que la propia empresa suscribió y homologó ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Quienes aceptaron retiros voluntarios en marzo cobraron la primera cuota en abril; desde entonces, la empresa dejó de depositar. Los que firmaron acuerdos en abril o mayo no recibieron ningún pago.

La situación tiene una arista aún más grave: según denunciaron los propios afectados, Flybondi declaró ante ANSES que pagó la totalidad de las indemnizaciones, cuando en los hechos no lo hizo. Frente a esa maniobra, decenas de ex empleados iniciaron acciones judiciales individuales para ejecutar acuerdos que la empresa ya había reconocido formalmente. La directora de Recursos Humanos que firmó esos acuerdos, Verónica Funes, también figura como directora de OCP Tech, otra empresa de Scatturice que en noviembre de 2024 obtuvo un contrato por 78.650.000 dólares para la renovación de licencias de redes de conectividad en escuelas estatales a nivel nacional.

Los trabajadores autoconvocados enviaron una carta al presidente Javier Milei para denunciar los malos manejos de Scatturice y anunciaron una movilización a Aeroparque. «Nosotros nos enteramos ayer del embargo por parte de la Justicia, lo cual no nos tomó por sorpresa porque ya estábamos al tanto de esta situación», dijo Franco, ex tripulante de abordo despedido en julio, tras más de tres años y medio en la empresa. Y agregó: «Calculo que debe saber, o no, pero por lo menos para que tenga noción de lo que está pasando, porque la empresa está violando todos los acuerdos y todo lo que indica la ley».

El plan Scatturice: de aerolínea de pasajeros a carga con OCA Air

En el sector aeronáutico y entre los propios extrabajadores circula con fuerza la versión de que el colapso de Flybondi no es accidental sino deliberado. El objetivo sería presentar un concurso preventivo de acreedores, cerrar la operación de pasajeros y reconvertir la empresa en OCA Air, una aerolínea de carga, fusionando Flybondi con OCA, el correo privado que Scatturice adquirió en diciembre de 2025. Empleados que se acercaron a las oficinas del empresario en Puerto Madero fueron testigos del rebranding conjunto de Flybondi y OCA bajo la marca OCA Air.

Según Bloomberg Línea, Flybondi no realizó ningún pedido en firme a Boeing ni a Airbus, a pesar de que en diciembre de 2025 Scatturice había anunciado con pompa la incorporación de al menos 25 aviones nuevos y una inversión de 1.700 millones de dólares. «Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro», declaró entonces. Ocho meses después, la aerolínea opera con dos aviones activos, acumula ocho demandas de ejecución fiscal y no paga sueldos desde junio.

El perfil del dueño: inteligencia, CPAC y contratos con el Estado

Leonardo Scatturice es un empresario y ex operador de inteligencia radicado en Miami, con más de 60 firmas bajo su control. Es uno de los organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el evento favorito de Donald Trump en el que participó Javier Milei. Es además un hombre cercano a Santiago Caputo. A través de sus empresas, Scatturice acumuló contratos millonarios con el Estado argentino durante la gestión libertaria: Ministerio de Economía, Secretaría General de la Presidencia, ARCA y Educ.ar, entre otros organismos.

Milei no se pronunció sobre la crisis de Flybondi. Tampoco lo hicieron la ANAC ni el Ministerio de Transporte, pese a que la aerolínea lleva semanas sin volar y continúa vendiendo pasajes, una conducta que las autoridades aeronáuticas de Brasil ya sancionaron: la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC Brasil) aplicó restricciones a la comercialización de pasajes de Flybondi luego de registrar un porcentaje elevado de cancelaciones durante julio. En Argentina, en cambio, el gobierno guarda silencio.

Puntos clave

  • La Justicia ordenó ejecutar las cuentas de Flybondi por una deuda con ARCA superior a $1.525 millones en concepto de impuestos retenidos y no ingresados al fisco entre marzo y junio de 2026.
  • Más de 700 extrabajadores llevan tres meses sin cobrar indemnizaciones homologadas en el SECLO; la empresa declaró ante ANSES que esas sumas habían sido abonadas.
  • Desde el 6 de agosto Flybondi no vuela; ese mismo día se interrumpió la obra social de empleados activos y desvinculados por falta de aportes patronales.
  • El dueño de la empresa, Leonardo Scatturice, tiene vínculos con el gobierno de Milei, Santiago Caputo y la organización CPAC de Donald Trump, y sus otras firmas acumulan contratos millonarios con el Estado.
  • En el sector aeronáutico se da por segura la presentación de un concurso preventivo y la reconversión de la empresa en OCA Air, aerolínea de carga.

DDHH

La Perla: identificaron a ocho desaparecidos más y ya son 38

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Ocho personas desaparecidas por la dictadura recuperaron su nombre. El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, anunció este viernes nuevas identificaciones entre los restos óseos hallados en Loma del Torito, junto al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en la Guarnición Militar de La Calera.

El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba, ante familiares que habían sido notificados en los días previos y organismos de derechos humanos. Con estas ocho identificaciones ya son 38 las personas reconocidas en el sitio, según informó el juzgado.

Cómo se llegó a los nombres

Según la información difundida por el juzgado, las identificaciones surgieron del análisis de los restos óseos que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recupera en el predio desde el 22 de septiembre de 2025, y del cotejo genético con muestras de familiares. En el trabajo colaboraron el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Pascual Delfín Ludueña

Entre los identificados está Pascual Delfín Ludueña. Según la reseña difundida por el juzgado, era delegado sindical en Fiat Concord y socio del club Belgrano, y fue secuestrado la mañana del 24 de marzo de 1976, el día del golpe, en barrio Patricios. Tenía 29 años.

Borrar las pruebas

«En el año 1979, antes de la visita de la CIDH, los militares con palas mecánicas y camiones se llevaron los restos pensando que así tapaban los crímenes. Pero hoy la tecnología de identificación de ADN de pequeños restos óseos ha dado por tierra con esos planes», afirmó Vaca Narvaja.

El dato: lo que el régimen quiso esconder

La remoción de los cuerpos coincidió con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en septiembre de 1979. Su informe, publicado en 1980, documentó miles de denuncias de desapariciones. Más de cuatro décadas después, el ADN de fragmentos óseos que los militares no lograron llevarse permite devolver identidades a las familias.

Las familias con una persona desaparecida entre 1974 y 1983 pueden dejar una muestra de sangre en el EAAF, de forma confidencial y gratuita, para colaborar con nuevas identificaciones.

Lo que tenés que saber:

  • El Juzgado Federal N°3 de Córdoba anunció ocho nuevas identificaciones en Loma del Torito, junto a La Perla.
  • Ya son 38 las personas identificadas en el sitio.
  • Entre ellas está Pascual Delfín Ludueña, delegado de Fiat Concord secuestrado el 24 de marzo de 1976.
  • Los restos se recuperan en el predio desde septiembre de 2025.
  • El juez Vaca Narvaja recordó que los militares removieron los cuerpos en 1979, antes de la visita de la CIDH.
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