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La CTA- A denunció a Morales ante OIT por violar normas internacionales

Con la firmas de Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, el texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las «peligrosas consecuencias que pueden traer» las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones».

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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), que conduce Hugo «Cachorro» Godoy, denunció este lunes al gobernador jujeño Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio (JxC), ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la «violación de convenios internacionales» en esa provincia, tras el decreto dado a conocer el viernes último por esa administración, en el que se sanciona el derecho a huelga y la protesta social.

La denuncia de la conducción de la CTA-A se concretó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la «inmediata intervención», al director general, Gilbert Houngbo, «tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga».

Con la firmas de Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría, el texto detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las «peligrosas consecuencias que pueden traer» las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones».

En la misiva se recordó que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y se afirmó que esta modificación de las normas «genera un perjuicio» a quienes intenten «ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía», como es el de derecho a la huelga y a la protesta social.

Advirtió además que en la provincia de Jujuy «se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público», siendo la «conflictividad habitual».

La CTA-A ratificó el «acompañamiento al proceso de lucha que se está desarrollando en Jujuy» y adelantó que «hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial», que encabeza Morales.

El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado.

En su artículo 1º el decreto dice que «serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».

Gremiales

Paro judicial: tribunales paralizados por salarios y la obra social

La UEJN convocó para el viernes 16 un paro nacional de 24 horas. Los trabajadores judiciales reclaman una suba del 10% retroactiva a septiembre y representación gremial en el directorio de la obra social del Poder Judicial.

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Fachada del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Los tribunales federales y nacionales de todo el país enfrentarán este viernes 16 de octubre de 2026 un paro judicial nacional de 24 horas que afectará la atención habitual y pondrá en pausa buena parte de la actividad en los juzgados.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó la medida de fuerza para reclamar una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en un contexto en el que el sindicato denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.

Un conflicto que se profundizó con paros previos y reclamos acumulados

El paro de este viernes se inscribió en una escalada de medidas de fuerza que ya incluyó una huelga judicial de 24 horas el 7 de octubre, así como acciones previas en distritos como Tierra del Fuego y Neuquén, donde también se registraron paros en las últimas semanas.

El reclamo salarial del 10 % retroactivo al 1 de septiembre apareció como un punto de quiebre en la negociación, porque el gremio sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo rondó el 30 % y que cualquier incremento que no reconociera ese atraso consolidó el deterioro de los ingresos reales de los trabajadores judiciales.

La exigencia de incorporar representantes de la UEJN en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación apuntó a reforzar el control sobre la gestión de los recursos del sistema de salud del sector, en un momento de presión inflacionaria sobre los costos de las prestaciones y de crecientes tensiones por la calidad de la cobertura.

Impacto en el servicio de justicia y alerta por la Justicia Nacional del Trabajo

La medida de fuerza afectó el funcionamiento habitual de los tribunales y se tradujo en interrupciones y demoras en la atención al público, la recepción de escritos y la tramitación de causas, con especial preocupación en fueros sensibles como el laboral, donde los tiempos procesales ya acumulaban demoras estructurales.

En este marco, el paro también se inscribió en la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, un fuero clave para la resolución de conflictos laborales, que volvió a quedar en el centro del debate sobre el alcance y la orientación de las reformas judiciales y laborales en discusión.

La decisión de sostener un paro nacional de 24 horas expuso la magnitud de la confrontación entre el sindicato y las autoridades, y anticipó que, si no hubiera respuestas concretas sobre salarios y representación en la obra social, el conflicto podría escalar con nuevas medidas que profundizarían la parálisis del sistema judicial.

Lo que tenés que saber

  • El paro nacional de 24 horas de los trabajadores judiciales federales y nacionales fue convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para el viernes 16 de octubre de 2026.
  • La UEJN reclamó una recomposición salarial del 10 % retroactiva al 1 de septiembre de 2026 y denunció una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30 %.
  • El sindicato también exigió la designación de representantes gremiales en el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
  • La medida afectó el funcionamiento habitual de los tribunales en todo el país y generó interrupciones en la atención.
  • El paro se dio en el marco de la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo y tuvo antecedentes recientes de huelgas, entre ellas la del 7 de octubre y los paros en Tierra del Fuego y Neuquén.
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