Gremiales
Apagón informático en ARCA: empleados reclaman mejoras salariales, rechazan despidos y cierre de sedes
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) realizó un apagón informático en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en protesta por el ajuste salarial y el cierre de oficinas. La medida afectó la atención en todo el país y se repetirá el próximo jueves.
Una protesta que paralizó la atención en ARCA
Este martes, entre las 9 y las 12 del mediodía, los empleados de ARCA llevaron adelante un apagón informático en todas las dependencias del país. La medida, impulsada por la AEFIP, surgió como respuesta al «drástico ajuste salarial» y al cierre de oficinas en varios puntos del territorio nacional. Según el gremio, las instancias de diálogo con las autoridades del organismo «se agotaron», lo que llevó a la implementación de esta jornada de lucha.
El apagón afectó la atención al público y generó demoras en los trámites habituales. La protesta se repetirá el jueves 3 de abril en el mismo horario, mientras que el gremio ya anunció un plenario de secretarios generales para el 7 de abril, donde se definirán nuevas medidas de fuerza.
Ajuste, despidos y cierre de oficinas
La AEFIP denunció que, en las últimas semanas, cientos de trabajadores fueron desvinculados del organismo a través de retiros voluntarios, lo que calificaron como un «achicamiento arbitrario de la planta de trabajadores». Además, confirmaron el cierre de varias oficinas y receptorías en distintas provincias, lo que no solo afecta a los empleados, sino también a los contribuyentes que dependen de estos servicios.
«El silencio de la patronal evidencia la nula voluntad de dar respuestas concretas con respecto a la recomposición salarial y los abruptos cambios derivados de la reestructuración», expresó el sindicato en un comunicado. La situación se enmarca en un contexto de ajuste generalizado impulsado por el Gobierno Nacional, que ha generado tensiones en diversos sectores del Estado.
Movilizaciones y paro general
La AEFIP también confirmó su adhesión a la movilización del 9 de abril en apoyo a los jubilados, quienes fueron duramente afectados por las políticas de ajuste. Asimismo, el gremio se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, en rechazo a las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.
Estas acciones reflejan el creciente malestar de los trabajadores estatales frente a un modelo que, según denuncian, prioriza el recorte del gasto público en detrimento de los derechos laborales y sociales. La situación en ARCA es solo una muestra de un conflicto más amplio que atraviesa a distintos sectores del país.
Un conflicto que expone las tensiones del ajuste
El apagón informático en ARCA no solo pone aún más en evidencia las tensiones entre los trabajadores y el régimen libertario, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto de las políticas de ajuste en la capacidad operativa del Estado. La reducción de personal y el cierre de oficinas podrían comprometer la recaudación fiscal y el control aduanero, áreas clave para la economía nacional.
En este contexto, la protesta de la AEFIP se suma a una serie de reclamos que reflejan el descontento social frente a un modelo económico que, según sus críticos, profundiza la desigualdad y debilita las instituciones públicas. Las próximas semanas serán clave para determinar si el Gobierno está dispuesto a abrir canales de diálogo o si, por el contrario, el conflicto continuará escalando.
Gremiales
ATE confirmó el regreso de los 12 trabajadores despedidos en Olivos tras el cambio en Seguridad
La organización gremial informó que los empleados regresarán a sus funciones luego de la reorganización de la residencia presidencial. Serán destinados a la Casa Rosada y a las oficinas de Presidencia de Avenida 25 de Mayo al 600.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó este jueves la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos luego de la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era considerada una funcionaria clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
El sindicato informó la novedad a través de su cuenta en la red social X. “ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos”, expresó la organización.
En el mismo comunicado, ATE sostuvo que “la organización y la lucha colectiva dieron resultado” y señaló que los trabajadores “vuelven a sus puestos de trabajo”.
Según informó ATE, los trabajadores serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en Avenida 25 de Mayo al 600.
La redistribución forma parte del reordenamiento del esquema laboral derivado de los cambios implementados en la estructura de seguridad de la residencia presidencial.
El sindicato también planteó, a partir de este episodio, la necesidad de fortalecer la organización gremial frente a situaciones que considera injustas. “Frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos”, expresó.
Qué cambió en la seguridad de la Quinta de Olivos
El Gobierno nacional anunció el jueves pasado una modificación en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos. La decisión estableció que Casa Militar concentre todas las tareas vinculadas con la protección de Javier Milei y su círculo.
La modificación derivó en el desplazamiento de 15 personas y en el desarme de la estructura que hasta ese momento administraba la residencia presidencial.
El proceso contempla un plazo de 60 días para completar los movimientos de personal vinculados con la nueva organización.
Casa Militar quedó a cargo de toda la seguridad presidencial en Olivos
Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Con la nueva estructura, su personal asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente de la Nación y su familia.
La institución militar ya tenía bajo su responsabilidad una parte de la seguridad del jefe de Estado. Con la modificación anunciada por el oficialismo, pasó a concentrar todas las funciones relacionadas con la protección de esos espacios.
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