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El gas sube 2,99% en agosto: cuánto pagará tu familia en pleno invierno
El Gobierno nacional oficializó el aumento de las tarifas de gas natural a partir del 1° de agosto, con un incremento promedio del 2,99% sobre los componentes de transporte y distribución. El ajuste se suma a una acumulación tarifaria que, desde diciembre de 2023, ya supera el 700% en el rubro gas, y llega en el pico de la demanda invernal.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución. El ajuste es acumulativo sobre una base que ya carga con más de dos años y medio de aumentos sostenidos: según datos del IIEP (UBA-CONICET), el rubro gas acumuló una suba superior al 748% desde el inicio de la gestión libertaria, muy por encima de la inflación general del mismo período. La novedad llega en el peor momento del año para el bolsillo de los hogares: el corazón del invierno, cuando la calefacción dispara el consumo y la demanda de Gas Natural Licuado (GNL) importado presiona sobre el sistema.
Un ajuste mensual que se acumula sobre una base erosionada
El aumento de agosto no es un hecho aislado. Desde diciembre de 2023, la gestión Milei aplicó sucesivos incrementos tarifarios justificados como «corrección de precios relativos» y eliminación de subsidios. El resultado acumulado para el gas supera el 700%, según el relevamiento del IIEP. Cada nuevo ajuste mensual opera sobre una base ya distorsionada, lo que amplifica el impacto real sobre los ingresos de las familias trabajadoras, especialmente las de menor poder adquisitivo.
El porcentaje oficial del 2,99% puede parecer modesto en términos nominales, pero su efecto concreto sobre la factura del hogar depende del punto de partida de cada usuario: una boleta de $60.000 pasará a rondar los $61.800; una de $80.000 llegará a $82.400; y una de $100.000 superará los $103.000. A eso se suman los cargos fijos, los impuestos nacionales, provinciales y municipales, y la variación estacional del consumo, que en invierno puede duplicar o triplicar los metros cúbicos facturados respecto de los meses cálidos.
Cuánto consume una familia en invierno: los rangos que el Gobierno no publicita
Las distribuidoras de gas establecen rangos de consumo mensual que varían según la composición del hogar y los artefactos conectados a la red. Una vivienda de una o dos personas puede consumir entre 70 y 120 m³ por mes en invierno; una familia tipo de cuatro integrantes, entre 150 y 250 m³; y una casa grande con uso intensivo de calefacción puede superar los 300 m³ mensuales. En las zonas más frías del país, esos valores son considerablemente superiores.
Lo que el Gobierno no publicita es que ese consumo invernal se calcula sobre tarifas que ya reflejan más de dos años de ajuste sistemático. El precio del metro cúbico no es uniforme: varía según la distribuidora, la provincia, la categoría tarifaria y si el usuario accede al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La fragmentación tarifaria hace casi imposible que un ciudadano común pueda anticipar cuánto pagará en su próxima boleta sin consultar el cuadro específico de su distribuidora.
Las bonificaciones: un parche que no cubre el agujero
La Secretaría de Energía confirmó que durante agosto continuará vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los beneficiarios del SEF. La medida, según el propio Gobierno, busca «amortiguar el impacto del mayor consumo invernal». También se mantendrá una bonificación adicional del 16,59% para el consumo base de electricidad de hasta 300 kWh mensuales, destinada a usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios. Las entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro también están contempladas.
Sin embargo, estas bonificaciones no revierten la tendencia estructural: son paliativos sobre un esquema tarifario que avanza mes a mes. Solo los sectores que lograron mantenerse dentro del padrón SEF acceden a ese alivio parcial; los hogares que fueron excluidos del régimen, por superar alguno de los criterios de ingreso o propiedad, enfrentan el aumento sin ningún amortiguador. Y para los que sí están incluidos, el 25% de bonificación sobre el consumo no neutraliza una suba acumulada que supera siete veces ese porcentaje desde el inicio de la gestión.
El contexto que el oficialismo omite
El ajuste de agosto llega en un escenario en el que, según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% y la Canasta Básica Total del 30,4%. Eso significa que las familias argentinas afrontan el aumento del gas sobre ingresos que no acompañaron la suba de los servicios públicos: el salario real promedio lleva meses en territorio negativo respecto de la acumulación tarifaria.
El documento del Foro Economía y Trabajo, publicado en mayo de 2026, advirtió con precisión este mecanismo: el ajuste fiscal impuesto por las metas del FMI destruye el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados, mientras la carga del financiamiento del Estado cae sobre los que consumen la totalidad de sus ingresos para subsistir. El aumento del gas en agosto es un eslabón más de esa cadena.
Puntos clave
- El gas sube 2,99% en agosto, según confirmó el Gobierno nacional, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución.
- Desde diciembre de 2023, el rubro gas acumuló más del 748% de aumentos, según datos del IIEP (UBA-CONICET), muy por encima de la inflación general.
- Una familia tipo de cuatro integrantes puede consumir entre 150 y 250 m³ de gas por mes en invierno; en zonas frías, el consumo es considerablemente mayor.
- La bonificación del 25% del SEF beneficia solo a los hogares que permanecen dentro del padrón de subsidios; los excluidos del régimen afrontan el incremento sin ningún alivio.
- Los nuevos cuadros tarifarios se reflejarán en las facturas de agosto según el ciclo de lectura de cada distribuidora.
CABA
Jorge Macri celebra el desalojo mil, mientras deja a más de 4.500 personas en la calle
El CELS contabiliza que más de 4.500 personas, 1.500 de ellas niñas y niños, quedaron en la calle por desalojos solo hasta mayo, mientras el Gobierno porteño festeja con un spot la cifra mil. El organismo denunció trámites sin control judicial y un aumento de 2883% en las contravenciones por “armas no convencionales”.
El Gobierno porteño festejó con un spot de propaganda el desalojo número mil de su gestión, pero los datos oficiales que reunió el CELS indican que más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos solo hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos, cuestionó la campaña en una columna sobre la política de vivienda y espacio público del gobierno de Jorge Macri. A fines de octubre, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades usurpadas “recuperadas” y restituidas a sus dueños. La número mil fue una galería con un predio anexo en Cafayate 1642, en Mataderos, ocupado durante 15 años, que la Policía de la Ciudad desalojó un viernes. Macri sostuvo que la política busca reparar perjuicios acumulados durante años y devolver tranquilidad a los barrios.
Un spot con patadas, símbolos políticos y material de archivo
Según el CELS, el video alterna escenas de grupos de policía de choque que irrumpen a patadas en las viviendas con la eliminación de símbolos ligados a la izquierda, al peronismo y a la organización social. La novedad es la dimensión política dentro de la campaña oficial de “orden y limpieza”, que ya había señalado como basura a personas pobres, inmigrantes, habitantes de villas y del conurbano, y a quienes trabajan o viven en la calle.
El organismo advirtió además que gran parte de las imágenes pertenece a un desalojo realizado el verano pasado. A su entender, el uso atemporal del material busca estigmatizar a las personas desalojadas por su supuesta ideología y negar su necesidad de vivienda, al presentarlas como “mafias políticas”. La ostentación de la eliminación de símbolos políticos pretende, según el CELS, intimidar a todo el arco opositor de la Ciudad.
Desalojos sin control judicial y el atajo del “riesgo de derrumbe”
El CELS sostuvo que gran parte de los desalojos de los que se jacta el Gobierno tiene una legalidad cuestionada, porque los procedimientos se realizan prácticamente sin control judicial. El atajo, según el organismo, es el uso de certificados de riesgo de derrumbe que habilitan desalojos por vía rápida y administrativa. El riesgo es dudoso en una gran cantidad de casos, y decenas de familias quedan en la calle con el pretexto de protegerlas.
Más gente en la calle y una contravención para hostigarla
La aceleración de los desalojos aumentó la población en situación de calle. De acuerdo con el último censo popular de 2025, casi 12.000 personas vivían en esa situación en la Ciudad, 463 de ellas niñas y niños, un aumento del 64% frente al censo de 2019. El 80,7% de las personas censadas denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público y Higiene Urbana.
La figura contravencional usada para hostigar a esta población es la portación de “armas no convencionales”, que se aplica a personas que tienen entre sus pertenencias cubiertos o utensilios de cocina, indispensables para la subsistencia. Según datos del Ministerio Público de la Ciudad, su uso aumentó un 2883% entre 2023 (458 casos) y 2025 (13.660).
Villas, “Tormenta Negra” y trabajadores precarizados
Muchas de las personas desplazadas de la calle terminan viviendo en el espacio público de las villas, que el CELS describe como blanco de discriminación y agresión oficiales. Con el discurso de que allí eligen vivir delincuentes y narcotraficantes, el Gobierno porteño abandonó las políticas de integración socio urbana y desplegó operativos como “Tormenta Negra”, con más de 1.500 efectivos fuertemente armados, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática. Según el organismo, son procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas ni controles judiciales.
El hostigamiento, agregó el CELS, alcanza también a vendedores ambulantes, cuidacoches y recolectores urbanos, a quienes se les impide trabajar y se criminalizan sus formas de subsistencia. El propio Gobierno porteño informó en noviembre de 2025 que había realizado 12 megaoperativos para desalojar a unos 18 mil manteros en zonas comerciales de la Ciudad.
Una política que se repite
La columna del CELS se suma a otras polémicas recientes. En julio, Macri sostuvo que dar comida en el espacio público genera dependencia y atrae a más personas en situación de calle, y después agentes de Espacio Público actuaron contra ollas populares en distintos barrios porteños, como informó este medio.
El organismo cerró con una definición de la Ciudad que describe: un espacio para cada vez menos hogares, hostil con quienes no gozan de privilegios y excluyente con los sectores más empobrecidos. Su conclusión fue tajante: “No hay nada que celebrar”.
Lo que tenés que saber:
- El Gobierno porteño celebró con un spot el desalojo número mil; Macri había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades “recuperadas”.
- Según el CELS, más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.
- El censo popular de 2025 contabilizó casi 12.000 personas en situación de calle, un 64% más que en 2019.
- El Ministerio Público de la Ciudad registró un aumento del 2883% en las contravenciones por “armas no convencionales” entre 2023 y 2025.
- El CELS cuestionó la legalidad de los desalojos por certificados de riesgo de derrumbe, realizados prácticamente sin control judicial.
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