Economía 💲
Convocaron a nueva audiencia pública para definir el aumento de la electricidad
El ENRE precisó que el objetivo de la audiencia es el de «brindar una adecuada solución» para las personas usuarias y para las concesionarias».
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó para el 17 de febrero próximo a una audiencia pública en la que se prevé analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario del servicio, tanto en el tramo mayorista como el que regirá de manera transitoria para las concesionarias Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La audiencia comenzará a las 8 y se realizará de manera virtual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 25/2022 del Ente publicada este jueves en el Boletín Oficial. En la ocasión, se expondrá el Régimen de Transición Tarifaria 2022 propuesto por Edenor y Edesur.
Asimismo, se analizará la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como del precio estabilizado del transporte para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstdf), junto al Régimen de Transición Tarifaria propuesto por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
En el mismo orden, se escucharán las propuestas de las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa.
El ENRE precisó en un comunicado que el objetivo de la audiencia es el de «brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias».

Esa solución transitoria se dará bajo la premisa de sostener «la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales», añadió.
«Los Regímenes de Transición que resulten de la realización de la Audiencia Pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación», indicó al respecto.
El ENRE hizo referencia en el comunicado a los aumentos de tarifas aplicados durante el gobierno de Mauricio Macri. Al respecto señaló que junto con la Secretaría de Energía «continúa trabajando en propuestas de Regímenes Transitorios orientados a revertir las consecuencias que los tarifazos de la gestión anterior y a continuar el camino de recuperación de la económica de los hogares, los comercios y las pymes».
La convocatoria se enmarca en el propósito del Gobierno de adecuar las tarifas de los servicios públicos de electricidad y de gas con incrementos porcentuales inferiores a los de la inflación proyectada. En ambos casos, se prevé que los aumentos tarifarios se aplicarán de manera segmentada, según la capacidad adquisitiva de los usuarios.
En ese sentido, en los anexos de la resolución, el ENRE subrayó que los planes de inversión y las proyecciones financieras de las concesionarias deberán contar como premisas macroeconómicas una Inflación anual del 33% y una cotización del dólar al cierre del año de $131,1, en línea con lo establecido en el proyecto de ley de Presupuesto, que finalmente fue rechazado por la oposición en la Cámara de Diputados.
Esos incrementos, además de tratar de subsanar los atrasos tarifarios, busca atenuar el impacto del gasto en subsidios a sectores económicos, que en 2021 representaron erogaciones superiores al déficit primario.
El proyecto de Presupuesto destinaba para este año $873.397 millones en subsidios al sector energético, una suma equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PIB), por debajo de los $878.481 millones del año pasado, según el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En los aspectos referidos a los precios del mercado mayorista y de transporte, la audiencia será presidida de manera conjunta o alternada por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, José Basualdo, o los funcionarios que eventualmente designasen en su reemplazo.
En cuanto al análisis de las propuestas de las distribuidoras, la audiencia pública será presidida por la interventora del ENRE, María Soledad Manín.
La participación está abierta a «toda persona física o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva», conforme los requisitos previstos en el procedimiento de audiencia pública, se indicó en la resolución.
Para ello, deberán inscribirse en el Registro de Participantes, a través de la página web del ENRE, entre la hora cero del 31 de enero y las 23:59 del 14 de febrero.
Economía 💲
Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%
Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.
El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.
Qué dijeron los funcionarios
Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.
Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.
Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente
Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.
Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan
Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.
La trampa de los retiros voluntarios
El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.
Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.
El ahorro bajo la lupa
Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.
Lo que tenés que saber:
- Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
- El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
- Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
- El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
- ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.
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