Un abogado presentó una denuncia penal contra los directivos y accionistas de Edesur S.A. en la Justicia Federal, solicitando la intervención de la empresa de distribución eléctrica. La presentación detalla posibles delitos de entorpecimiento de servicio público, administración fraudulenta, estorbo a funciones públicas y asociación ilícita.

Denuncia por falta de inversiones y perjuicio económico

La denuncia, realizada por el abogado Claudio Lamela en los tribunales de Comodoro Py, sostiene que la red eléctrica concesionada a Edesur ha sido administrada fraudulentamente y sin realizar inversiones necesarias, afectando a miles de usuarios.

En el escrito, el letrado incluyó una tabla con más de veinte reclamos realizados entre 2023 y 2025 por cortes de energía en su domicilio, citando casos en los que el servicio se interrumpió por tres días consecutivos.

Irregularidades y maltrato a los usuarios

El denunciante también cuestionó el trato de la empresa hacia los usuarios, señalando que sistemáticamente da de baja reclamos sin resolverlos, obligando a los clientes a reiterarlos en múltiples ocasiones.

“El daño económico para el Estado y los usuarios es multimillonario, como lo evidenció una auditoría realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)», sostuvo el abogado.

Auditoría del ENRE: infraestructura al límite y falta de inversión

El informe técnico del ENRE de 2023 reveló que la red de distribución eléctrica de Edesur funciona al límite de su capacidad y que más del 60% del equipamiento de alta tensión es anterior a 1980.

La auditoría determinó que:

• ⚠️ No hay inversión real, solo parches.
• ⚡ El sistema opera sobreexigido, con riesgo de apagones masivos.
• 💸 Edesur no paga completamente sus deudas con CAMMESA, utilizando ingresos de los usuarios para otros fines.
• 🏛️ La empresa resistió cumplir con regulaciones y normativas vigentes.

Pedido de intervención judicial y restricciones a directivos

Ante estos hechos, Lamela solicitó:
🔹 Intervención inmediata de Edesur con un administrador judicial.
🔹 Instalación de generadores eléctricos para garantizar el suministro en cortes prolongados.
🔹 Prohibición de salida del país y embargo de bienes de directivos y dueños de la empresa.

La denuncia será analizada por la Justicia Federal, que deberá decidir si avanza con la intervención y con medidas cautelares contra los responsables de la concesionaria.