Energía
Confirman nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: el impacto de los nuevos tarifazos
El Gobierno autorizó un aumento de 2,7% en gas y 2,5% en electricidad, más un alza adicional de entre 3,5% y 6% en transporte y distribución.
El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, sumándose a una serie de incrementos recientes que impactan de lleno en los hogares y empresas. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la tarifa de electricidad se incrementa en un 2,5%, mientras que la de gas subirá un 2,7%, medidas que se justifican en el intento de reducir subsidios y consolidar el superávit fiscal.
El ajuste tarifario llega en un contexto de leve baja de la inflación en octubre, situación que el Gobierno considera una oportunidad para avanzar en esta política de «actualización» de tarifas, como la definen desde el Ejecutivo, destinada a reducir el gasto público en subsidios energéticos.
Detalle de los aumentos
Desde hoy, el precio de la electricidad incorpora una suba del 2,5%, en la cual los cargos de transporte y distribución aumentan un 6%, reflejando una presión adicional sobre el bolsillo de los usuarios. El ajuste en las tarifas de gas, que entrará en vigor la próxima semana, combina una suba en el precio del gas alineado al dólar oficial y una suba del 3,5% en los cargos de transporte y distribución.
Estas medidas se suman a la reciente suba en el precio de los combustibles, que marcó un incremento del 2,75%. En conjunto, estos aumentos representan una serie de tarifazos sucesivos que afectan los ingresos de las familias y elevan los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas, quienes ven afectada su rentabilidad ante estos incrementos constantes.
Precios del gas por región
Las tarifas del gas varían de acuerdo a cada región y distribuidora, mostrando una dispersión en los precios que depende de la zona y del tipo de operador:
Buenos Aires Norte
Naturgy BAN S.A.: $3.128
Capital Federal y Buenos Aires
Metrogas S.A.: $3.085
Mendoza, San Juan y San Luis
Distribuidora Gas Cuyana S.A.: $3.148
Córdoba, La Rioja y Catamarca
Distribuidora Gas del Centro S.A.: $3.115
Santa Fe y Buenos Aires
Litoral Gas S.A.: $3.108
Entre Ríos y Corrientes
Gasnea S.A.: $3.135
Salta, La Puna y Tucumán
Gasnor S.A.: $3.094
Buenos Aires, Bahía Blanca y La Pampa
Camuzzi Gas Pampeana S.A.:
Buenos Aires: $3.096
Bahía Blanca: $3.050
La Pampa Sur: $3.142
La Pampa Norte: $3.097
Buenos Aires Sur, Chubut y Neuquén
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Buenos Aires Sur: $3.025
Chubut Sur: $3.026
Neuquén: $3.139
Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Santa Cruz Sur: $2.989
Tierra del Fuego: $2.979
Paraná
Redengas S.A.: $3.140
Justificaciones y críticas
El Gobierno considera estos aumentos como “actualizaciones necesarias” para que las distribuidoras mantengan ingresos constantes, aunque sectores críticos de la oposición alertan sobre el impacto directo de los continuos tarifazos en la población y por la carga extra en la cadena de costos empresariales.
Combustibles ⛽
Rutas de Entre Ríos: Economía debe explicar adónde fue la plata del SISVIAL
Un amparo de Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay sostiene que, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones se aplicaron a obras. El juez federal de Victoria dio tres días a Economía y a Vialidad para informar antes de resolver la cautelar.
Más de $1 billón de los fondos del impuesto a los combustibles estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos al 31 de mayo, y el Gobierno admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, según el amparo que tramita la Justicia federal.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió el amparo que presentaron el senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, los tres legisladores del peronismo, contra el Estado nacional (Ministerio de Economía y Vialidad Nacional), en el expediente 12957/2026, tramitado bajo la Ley 16.986. El magistrado ordenó a Economía y a Vialidad que presenten un informe en tres días, antes de resolver la medida cautelar. Según trascendió, los organismos fueron notificados la semana pasada y el plazo corre desde entonces.
El reclamo: plata afectada por ley
Los legisladores sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiados con el impuesto a los combustibles, tienen una afectación específica por ley y deben destinarse a infraestructura vial. Según los demandantes, retener esos recursos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa su destino legal.
El relevamiento que citan indica que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y que solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones, es decir, apenas alrededor de una cuarta parte. Michel dijo que el 28% del impuesto a los combustibles se destina al arreglo de rutas y advirtió que “esa plata no se está enviando”.
Piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, entre ellas las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174. El juez todavía no se pronunció sobre la cautelar, con la que buscan que los recursos se apliquen a su finalidad, ni sobre el fondo del reclamo.
Concesiones y fondos: dos decisiones en paralelo
El Ministerio de Economía adjudicó, mediante la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial el 24 de agosto, los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, por 20 años. Los contratos se firmaron el 6 de octubre y la gestión privada comenzó el 7. En Entre Ríos, el Tramo Mesopotámico abarca 276 kilómetros: 226,72 de la ruta nacional 18, entre Paraná y Puerto Yeruá, y 49,39 de la ruta 12, entre Crespo y Paraná. La adjudicataria es un consorcio integrado por IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U.
El esquema prevé inversión 100% privada y cobro de peaje, mientras los demandantes reclaman que el dinero del fondo vial se aplique a obras. Los amparistas señalaron además que se concesionaron tramos de las rutas 12 y 18 sin aclarar el destino del dinero acumulado en los últimos dos años.
El antecedente: el intento de cerrar Vialidad
El Decreto 461/2025, publicado el 8 de julio de 2025, disolvía la Dirección Nacional de Vialidad. El Congreso lo rechazó en ambas cámaras: Diputados por 138 votos contra 65 y 2 abstenciones, y el Senado por 60 votos contra 10, con una abstención. El decreto quedó abrogado conforme a la Ley 26.122, según consta en el Boletín Oficial del 25 de agosto de 2025. Antes, el 17 de julio, un juzgado federal de San Martín había suspendido sus efectos por una cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció en agosto de 2025 la retención de fondos del SISVIAL durante 2024 y en lo que iba de 2025, y la vinculó con el deterioro de las rutas.
Lo que tenés que saber:
- El juez federal de Victoria, Federico Martín, dio tres días a Economía y a Vialidad Nacional para informar antes de resolver la cautelar.
- El amparo lo presentaron Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay (expediente 12957/2026).
- Según el planteo, de más de $1,5 billones que ingresaron al SISVIAL entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones fueron a obras.
- Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, según los demandantes.
- Desde el 7 de octubre, 276 kilómetros de las rutas 12 y 18 están concesionados por 20 años.
Títulos para redes sociales
Analítico: Fondos viales: de más de $1,5 billones del SISVIAL, solo $394.406 millones fueron a obras, según un amparo.
De Impacto: La Justicia le dio tres días a Economía para explicar adónde fue la plata de las rutas de Entre Ríos.
De Impacto Crítico: Según un amparo, la plata de las rutas se coloca en plazos fijos mientras se concesionan los tramos.
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