Energía
Confirman nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: el impacto de los nuevos tarifazos
El Gobierno autorizó un aumento de 2,7% en gas y 2,5% en electricidad, más un alza adicional de entre 3,5% y 6% en transporte y distribución.
El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, sumándose a una serie de incrementos recientes que impactan de lleno en los hogares y empresas. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la tarifa de electricidad se incrementa en un 2,5%, mientras que la de gas subirá un 2,7%, medidas que se justifican en el intento de reducir subsidios y consolidar el superávit fiscal.
El ajuste tarifario llega en un contexto de leve baja de la inflación en octubre, situación que el Gobierno considera una oportunidad para avanzar en esta política de «actualización» de tarifas, como la definen desde el Ejecutivo, destinada a reducir el gasto público en subsidios energéticos.
Detalle de los aumentos
Desde hoy, el precio de la electricidad incorpora una suba del 2,5%, en la cual los cargos de transporte y distribución aumentan un 6%, reflejando una presión adicional sobre el bolsillo de los usuarios. El ajuste en las tarifas de gas, que entrará en vigor la próxima semana, combina una suba en el precio del gas alineado al dólar oficial y una suba del 3,5% en los cargos de transporte y distribución.
Estas medidas se suman a la reciente suba en el precio de los combustibles, que marcó un incremento del 2,75%. En conjunto, estos aumentos representan una serie de tarifazos sucesivos que afectan los ingresos de las familias y elevan los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas, quienes ven afectada su rentabilidad ante estos incrementos constantes.
Precios del gas por región
Las tarifas del gas varían de acuerdo a cada región y distribuidora, mostrando una dispersión en los precios que depende de la zona y del tipo de operador:
Buenos Aires Norte
Naturgy BAN S.A.: $3.128
Capital Federal y Buenos Aires
Metrogas S.A.: $3.085
Mendoza, San Juan y San Luis
Distribuidora Gas Cuyana S.A.: $3.148
Córdoba, La Rioja y Catamarca
Distribuidora Gas del Centro S.A.: $3.115
Santa Fe y Buenos Aires
Litoral Gas S.A.: $3.108
Entre Ríos y Corrientes
Gasnea S.A.: $3.135
Salta, La Puna y Tucumán
Gasnor S.A.: $3.094
Buenos Aires, Bahía Blanca y La Pampa
Camuzzi Gas Pampeana S.A.:
Buenos Aires: $3.096
Bahía Blanca: $3.050
La Pampa Sur: $3.142
La Pampa Norte: $3.097
Buenos Aires Sur, Chubut y Neuquén
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Buenos Aires Sur: $3.025
Chubut Sur: $3.026
Neuquén: $3.139
Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Santa Cruz Sur: $2.989
Tierra del Fuego: $2.979
Paraná
Redengas S.A.: $3.140
Justificaciones y críticas
El Gobierno considera estos aumentos como “actualizaciones necesarias” para que las distribuidoras mantengan ingresos constantes, aunque sectores críticos de la oposición alertan sobre el impacto directo de los continuos tarifazos en la población y por la carga extra en la cadena de costos empresariales.
Economía 💲
Ajuste en octubre: el gasto cayó 5,5% y las transferencias a provincias se hundieron 56,5%
El informe de la consultora Analytica reveló dónde cayó la tijera: las transferencias a los distritos se hundieron un 56,5% real y los subsidios de energía y transporte se desplomaron, mientras el superávit se sostiene sobre las espaldas del interior.
El gasto primario cayó un 5,5% en términos reales durante octubre, según un informe de la consultora Analytica. El ajuste volvió a concentrar el castigo en las provincias y en los subsidios económicos, y en el acumulado de los primeros diez meses del año el descenso trepó al 3,3% real. El ancla es siempre la misma, aunque el costo lo pague el interior: sostener el superávit fiscal.
La motosierra vuelve a caer sobre las provincias
La reducción mensual estuvo explicada, en primer lugar, por las transferencias a las provincias, que registraron una caída del 56,5% interanual en términos reales. En los primeros diez meses, el recorte acumulado a los distritos llegó al 61% real, el ajuste más profundo de toda la planilla. En segundo lugar se ubicaron los subsidios económicos, que se redujeron un 32,6% interanual real, con bajas del 26,2% en energía y del 55,8% en transporte. La obra pública, otro motor del empleo y del desarrollo regional, se desplomó un 21,4% en términos reales, y las transferencias a CAMMESA se hundieron un 28,5% interanual real.
Energía y transporte, en el ojo de la motosierra
El golpe a los servicios públicos quedó al desnudo en el propio papel. El informe detalló que la baja en los subsidios al transporte “se explica principalmente por la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte”. Ese fondo es el que financia las compensaciones al transporte automotor, y con menos aportes nacionales la diferencia se traslada a la tarifa: desde el 1 de noviembre el boleto mínimo de colectivo subió 3,9% en el AMBA. En energía, el recorte a CAMMESA empuja la quita de subsidios a las facturas de luz y gas de los hogares.
La excepción social que confirma la regla
En contraste, la medición registró un incremento en el área de protección social, aunque con matices que el propio estudio expone. La Asignación Universal por Hijo fue la única partida que mostró un crecimiento real relevante en el mes, con un alza del 2,7% real, y empujó al conjunto de asignaciones familiares más AUH a un +1,5% real. Pero la letra chica incomoda: las asignaciones familiares cayeron un 0,6% real y, sobre todo, sus titulares disminuyeron un 4,8% interanual, mientras los de la AUH crecieron apenas un 1%. La foto no deja dudas: cuando la partida es directa y sensible, se la sostiene apenas, y al resto de los programas se les vacía el cajón.
Programas que se apagan y una deuda que crece
En el acumulado del año, los programas sociales cayeron un 22,7%, con una explicación que espanta: “la mayor incidencia correspondió al programa ‘Volver al Trabajo’ (-54,3%), cuyos montos permanecieron congelados hasta junio, cuando finalmente fue eliminado”. Otro programa social se apagó bajo la promesa de un ajuste “a la casta” que, en la práctica, golpea primero a los que menos tienen. El saldo no queda solo en papel: al cierre de octubre, la deuda flotante de la Administración Nacional escaló a $2,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.
Quién paga el superávit
El ajuste llega en un contexto de actividad en retroceso. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estima que el PBI cayó 2,3% en el tercer trimestre y que la desocupación trepó a 7,6%. En paralelo, el Gobierno mantiene sin repartir unos $2,2 billones de Aportes del Tesoro Nacional, el fondo previsto para emergencias provinciales, mientras El Niño ya provoca crecidas del Paraná en el Litoral. Unión por la Patria presentó un proyecto para distribuir la mitad de esa plata por ley.
El mismo viernes, ante la Sociedad Rural, Javier Milei celebró que su Gobierno hizo el ajuste “bajando el gasto, no subiendo impuestos” y prometió que las retenciones desaparecerán a medida que el superávit lo permita. El informe de Analytica muestra de dónde sale ese margen.
El racconto es elocuente: menos obra pública, menos subsidios, menos transferencias a las provincias y programas sociales que desaparecen del mapa. El superávit que tanto se festeja desde el poder se construye con la motosierra sobre el interior, la energía y el transporte, mientras el relato del equilibrio se celebra sin asumir quién paga la factura. Por ahora, los números dibujan una única receta: que el costo del ajuste lo asuman las provincias, los usuarios y los trabajadores, mientras el centro festeja el resultado.
Lo que tenés que saber:
- El gasto primario cayó 5,5% real en octubre y 3,3% en el acumulado de los primeros diez meses del año.
- Las transferencias a las provincias cayeron 56,5% real en el mes y 61% en lo que va del año, el mayor recorte de la planilla.
- Los subsidios económicos se redujeron 32,6% real: 26,2% en energía y 55,8% en transporte.
- La AUH creció 2,7% real y fue la única partida social en alza, mientras las asignaciones familiares cayeron 0,6% y perdieron 4,8% de sus titulares.
- La obra pública cayó 21,4% real y la deuda flotante alcanzó los $2,9 billones (0,3% del PIB).
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