El reconocido abogado y vecino del partido de Morón, Javier Ignacio Baños, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la desafectación del uso público y venta a un particular del tramo de la calle General Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del Expediente N° 86977/25 H.C.D. y el Expediente N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo Municipal. La operación, que está siendo evaluada por el Honorable Concejo Deliberante de Morón, beneficiaría a la empresa textil ENOD S.A., que pretende adquirir esa arteria pública para unir físicamente dos establecimientos industriales linderos y ampliar su planta de producción.

La calle que Ghi quiere vender

La calle en cuestión se encuentra en una zona particularmente sensible del distrito, próxima a la barrera de Pueyrredón, uno de los pasos ferroviarios de mayor flujo vehicular de Morón. Según la denuncia, esa arteria cumple una función esencial como vía de escape y descompresión ante cortes ferroviarios, accidentes, emergencias médicas e inundaciones. De concretarse la desafectación, ambulancias, bomberos y patrulleros perderían una salida crítica en el sector.

El Director de Catastro del Municipio, Arq. Guillermo Baraglia, reconoció durante la audiencia pública celebrada en el Concejo Deliberante que el expediente no incluía un estudio de impacto ambiental y que los únicos informes obrantes provenían de dependencias del propio Departamento Ejecutivo, particularmente de las áreas de Transporte, Catastro y la Unidad de Gestión Comunitaria N° 1. Esa omisión es uno de los ejes centrales de la denuncia penal: no existe ningún estudio técnico serio, independiente e interdisciplinario que avale la eliminación de una calle pública cercana a un paso ferroviario de alto tránsito.

El precio que escandaliza

La tasación preliminar del bien habría sido fijada aproximadamente en 160 dólares por metro cuadrado, elaborada por el Colegio de Martilleros de Morón ante la ausencia de nomenclatura catastral de la arteria, lo que inicialmente impidió la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, durante la audiencia pública se señaló que el valor real de la zona podría rondar los 2.000 dólares por metro cuadrado, una diferencia de más de doce veces que, de comprobarse, configuraría un posible defalco millonario contra el patrimonio municipal.

El propio Baraglia reconoció que ese valor no sería definitivo sino preliminar, lo que agrava la situación: se estaría impulsando la desafectación de un bien de uso público sobre la base de una tasación discutida, anterior, no definitiva y posiblemente muy por debajo del valor real de mercado. La denuncia apunta, además, a que el perjuicio público no se limita al precio de venta sino a la pérdida irreversible de una vía de circulación, el beneficio patrimonial directo para la empresa y la eliminación de un bien comunitario que no puede ser restituido una vez escriturado.

Promesas empresariales sin respaldo jurídico

El representante de ENOD S.A., Jorge Leone, presentado como gerente de relaciones institucionales de la firma, argumentó durante la audiencia pública que la empresa lleva más de treinta años radicada en Morón, que la adquisición permitiría una inversión aproximada de diez millones de dólares y que generaría entre 80 y 100 puestos de trabajo adicionales. Sin embargo, el propio Departamento Ejecutivo admitió que el proyecto de ordenanza evaluó solamente la parte técnica de la transferencia, pero no incorporó los compromisos de inversión y empleo como obligaciones exigibles ni previó garantías, cauciones, cláusulas penales ni controles posteriores de cumplimiento.

Ante la pregunta concreta de si el Municipio tendría forma de anular la venta en caso de incumplimiento de las promesas empresariales, la respuesta oficial fue que esas cuestiones no fueron evaluadas. La entrega de un bien público fundada en promesas no incorporadas como obligaciones jurídicas exigibles es, según la denuncia, uno de los elementos que podría configurar administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El corredor peligroso y el riesgo de seguridad pública

La denuncia describe con precisión la configuración urbana que generaría el cierre de Donato Álvarez: un extenso corredor con paredones industriales de un lado y la traza ferroviaria del otro, sin comercios, sin ventanas, sin vecinos a la vista y con severas limitaciones de escape, especialmente de noche. Esa configuración, advierten los denunciantes, incrementa el riesgo de robos, agresiones, persecuciones y situaciones de inseguridad, y podría transformar el sector en una zona propicia para la comisión de delitos.

Durante la audiencia, concejales del Honorable Concejo Deliberante plantearon explícitamente su preocupación por el paso de vehículos de emergencia y señalaron la necesidad de contar con estudios técnicos antes de tomar una decisión de esa magnitud. La respuesta del Ejecutivo fue que, con lo obrante en el expediente, los funcionarios consideraban suficiente la información disponible.

Reuniones con el intendente y posible connivencia

Uno de los datos más relevantes surgió de la propia audiencia pública. Ante una pregunta del concejal Diego Spina sobre qué gestiones había realizado la empresa y con quiénes, el representante de ENOD S.A. reconoció que las gestiones para adquirir la calle fueron encaradas directamente con el intendente Lucas Ghi, con Santiago Muñiz y con el arquitecto Pablo Itzcovich, y que también habrían participado representantes sindicales y delegados de fábrica. La denuncia solicita que se investigue cuándo se realizaron esas reuniones, qué se conversó, qué compromisos se asumieron y si existieron promesas, contraprestaciones o tratos diferenciales que pudieran configurar negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Abandono ambiental y veredas deterioradas

La denuncia incorpora también el historial ambiental y urbano de los establecimientos de ENOD S.A. Según consta en la presentación ante el Concejo Deliberante, los predios de la empresa presentan desde hace años veredas deterioradas, paredes y fachadas sin mantenimiento, acumulación de maderas, pallets, desperdicios y residuos en la vía pública, y dispersión de fibras provenientes aparentemente de la actividad industrial hacia viviendas linderas. Durante la audiencia, una concejala sostuvo haber concurrido al lugar y haber comprobado la acumulación de basura, mientras representantes de la empresa negaron ser responsables y atribuyeron parte de los residuos a terceros. La denuncia apunta a que resulta inadmisible premiar con la entrega de una calle pública a empresas que habrían contribuido a degradar el espacio urbano.

Qué se investiga y a quiénes

La denuncia penal presentada por Baños se dirige potencialmente contra el intendente Lucas Hernán Ghi, los funcionarios del Departamento Ejecutivo que intervinieron en el expediente, los representantes y beneficiarios de ENOD S.A. y las sociedades vinculadas, incluyendo a CILDA S.A. y Australtex S.A. También alcanza a los concejales que, con conocimiento de los riesgos advertidos, voten favorablemente la desafectación. Los delitos que podrían configurarse incluyen, en forma provisoria, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.

Entre las medidas de prueba solicitadas, el denunciante pide una tasación judicial independiente, pericias contables y ambientales, la remisión completa de los expedientes administrativos y legislativos, declaraciones testimoniales de funcionarios y representantes de la empresa, y el análisis de comunicaciones entre funcionarios municipales y directivos de ENOD S.A. También solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se consume mientras dura la investigación.

Puntos clave

• La tasación preliminar de la calle fijó el metro cuadrado en 160 dólares, frente a un valor de zona estimado en 2.000 dólares.
• El expediente no incluye estudios de impacto ambiental, vial ni de seguridad pública independientes.
• Los compromisos de inversión y empleo de ENOD S.A. no están incorporados como obligaciones exigibles en el proyecto de ordenanza.
• El representante de la empresa reconoció haber gestionado la compra directamente con el intendente Lucas Ghi y dos funcionarios del Ejecutivo.
• La denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se concrete mientras avanza la investigación penal.