Consumo
La canasta básica total subió 7,2% en mayo
Un grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 217.915 para evitar ubicarse en situación de pobreza.
El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria (CBA) subió 5,2% en mayo, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $ 99.052 para no caer en la indigencia, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el costo de la canasta básica total (CBT) marcó un incremento de 7,2 % en mayo, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 217.915 para evitar ubicarse en situación de pobreza.
El Indec dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante mayo fue del 7,8 %, por debajo del 8,4% de abril.
En ese marco, el rubro Alimentos y Bebidas durante el quinto mes del corriente año marcó una suba de 5,8%, por debajo del 10,1% que este mismo ítem registró en abril.
De esta forma, la canasta básica alimentaria, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 47,4% en los primeros cinco meses del año, contra una inflación general del 42,2%.
En tanto, la canasta básica total, que al rubro alimentos suma otros ítems como indumentaria y servicios- reflejó una suba de 42,9 % entre enero y mayo.
Consumo
Morosidad: LLA ganó el dictamen y responde a la crisis con educación financiera
Con 32 firmas contra 27, el oficialismo y sus aliados se quedaron con el dictamen de mayoría en Diputados: un proyecto sin tope de tasas ni refinanciación para quienes ya están en mora. La oposición confía en dar vuelta la votación en el recinto.
La mora de las familias con las fintech ya trepa al 31,5% y en el sistema bancario llega al 12,5%, según los números que expuso el propio Banco Central. Frente a ese cuadro, la respuesta que el oficialismo logró imponer en el Congreso no toca las tasas de interés ni ofrece un solo plan de refinanciación a quienes ya no pueden pagar: el Gobierno propone informar mejor a los deudores y enseñarles educación financiera, mientras millones de hogares siguen atrapados en cuotas que no pueden cubrir.
La Libertad Avanza, junto a sus aliados del PRO y la UCR, se alzó con el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. El proyecto oficialista reunió 32 firmas, contra las 27 que cosechó la iniciativa conjunta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, suscribieron un tercer dictamen de minoría. Se trata, sin embargo, de una mayoría circunstancial que responde a la forma en que están integradas las comisiones, y en la oposición se entusiasman con revertir la tendencia cuando el tema llegue al recinto.
Transparencia sin alivio: la receta libertaria
La iniciativa del oficialismo lleva por nombre «ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores». Tal como anticipa su título, pone el acento en brindar información detallada al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene con tasas máximas ni con planes de refinanciación para los deudores en situación crítica.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici defendió el texto y señaló como uno de sus pilares la transparencia y el acceso a la información sobre los créditos al consumo, con especial detalle en los de corto plazo, que suelen tener las tasas más altas. Entre los otros ejes mencionó la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de las obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.
La legisladora acusó a la oposición de buscar un «atajo» con «parches» que, a su juicio, provocan «la caída y el quiebre del régimen financiero». Comparó los topes a las tasas, los plazos obligatorios y la condonación de punitorios con la ley de alquileres y sostuvo: «Poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto». Cerró su intervención cuestionando el «populismo» opositor.
El argumento repite una matriz conocida del discurso libertario: cualquier regulación en defensa de los sectores más débiles es presentada como una amenaza para el mercado. Lo que el dictamen oficial no explica es qué ocurre con las familias que ya cayeron en mora y no tienen margen para esperar que la información llegue a tiempo.
La alternativa opositora: emergencia, refinanciación y tope a las tasas
El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado «ley de regularización y alivio financiero», declara la emergencia por 180 días y crea un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas. Pueden adherir las personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, que actualmente equivalen a 3.200.000 pesos. La cuota máxima no puede superar el 30% de los ingresos del deudor.
Quien quiera sumarse deberá tramitarlo ante su propio acreedor y, si este no admite la gestión, intervendrá el Banco Central. El texto condona el 100% de los intereses punitorios, respeta el capital y pone límites a los intereses compensatorios. Además fija un techo a la tasa de interés que garantiza a los acreedores una ganancia moderada, consistente en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR). Según el proyecto, ese límite «se aplicará sobre el costo financiero total de la operación, comprendiendo intereses, comisiones, cargos, seguros y todo otro concepto a cargo de la persona deudora, excepto impuestos». La iniciativa incluye también capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
«No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos», sostuvo el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano. El radical bonaerense explicó que el tope de dos canastas busca concentrar la ayuda en «las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas» y remarcó: «Nuestra ley es de orden público. Son derechos irrenunciables».
Argentina Federal: unificar deudas con tasa fija
El dictamen que diseñó el misionero Herrera Ahuad crea el «Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal», que permite unificar deudas en una sola operación con cuotas a una tasa fija máxima del 35%. Podrán acceder quienes tengan ingresos fijos que no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El texto además prohíbe a las emisoras de tarjetas y a las entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual superior a 1,5 veces la que se paga por los plazos fijos a 30 días para personas humanas.
Herrera Ahuad también cuestionó que el oficialismo «mande a la gente a estudiar» sin resolver la situación de quienes ya están en mora. «En la Argentina, los endeudados son pobres y están sufriendo. Tenemos que ser mucho más responsables. No hablo de pisarles la cabeza a los bancos o a entidades fintech», aclaró.
El Banco Central relativiza la crisis
Antes de la intervención de los legisladores expuso el director del Banco Central Nicolás Ferro, quien buscó quitarle dramatismo al problema. «La mora nunca va a ser cero en un país que crece y tiene crédito», afirmó, y agregó: «La mora viene con el crédito. Si es cero, es porque no hay crédito». El funcionario destacó que desde abril de 2024 el saldo de financiaciones creció un 140% y que el crédito hipotecario se duplicó, hasta representar el 5% del balance de los bancos.
Sus propias cifras, sin embargo, dibujan un cuadro menos tranquilizador: sobre un saldo total de crédito de 165 billones de pesos, la mora alcanza el 12,5% en el sistema bancario y el 31,5% en las fintech, es decir, casi uno de cada tres pesos prestados por esas plataformas está en situación irregular. Ferro sostuvo que el pico del ratio de irregularidad se registró a mediados de 2025, que en agosto de este año se observó una caída y que los niveles actuales no son extraordinarios, en comparación con 2018. También indicó que entre un tercio y un cuarto del saldo bancario en cartera irregular ya fue refinanciado.
La lectura oficial choca con otros diagnósticos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos del Banco Central hasta mayo advirtió que la morosidad de las familias con los bancos es la más alta desde la poscrisis de 2001, que la irregularidad con las billeteras virtuales llegó al 29,6% y superó el techo de la pandemia, y que alrededor de 5,8 millones de personas se encuentran en mora. Detrás de cada punto de irregularidad hay salarios que no alcanzan, créditos tomados para comprar alimentos y hogares que destinan cada vez más ingresos a pagar intereses.
La pulseada que viene en el recinto
La diferencia de cinco firmas en comisión no garantiza nada en el pleno. La oposición cuenta con tres propuestas que, con matices, coinciden en un punto que el oficialismo rechaza: que el Estado intervenga para aliviar a quienes ya están endeudados. El debate de fondo no es técnico sino político: se trata de decidir si la crisis del endeudamiento familiar se resuelve con cursos o con herramientas concretas de alivio.
Lo que tenés que saber:
- El oficialismo, con el PRO y la UCR, obtuvo dictamen de mayoría con 32 firmas; Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica reunieron 27.
- El proyecto de LLA apuesta a la transparencia y la educación financiera, pero no fija tasas máximas ni planes de refinanciación.
- La propuesta opositora declara la emergencia por 180 días, habilita refinanciar en al menos 12 cuotas y condona el 100% de los punitorios.
- Argentina Federal propone unificar deudas con una tasa fija máxima del 35%.
- Según el Banco Central, la mora llega al 12,5% en los bancos y al 31,5% en las fintech.
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