El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, retenido desde el jueves en un hotel de Melbourne, recibió este lunes el aval judicial para disputar el Abierto de Australia, aunque el gobierno federal se reservó la facultad de deportarlo por orden directa del Ministerio de Inmigración.

El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal, dispuso su liberación, la devolución del pasaporte y pertenencias personales y el pago por parte de la administración central de las costas legales del serbio, quien en base al fallo quedó habilitado a jugar el primer Grand Slam del año a partir del 17 de enero.

Sin embargo, el gobierno le hizo saber al juez, a través de sus abogados, que se reserva la atribución de expulsar al tenista, una medida que podría tomar en las próximas horas el ministro de Inmigración, Alex Hawke, y que implicaría una prohibición de ingreso al país por los próximos tres años.

La audiencia virtual desarrollada desde la noche del domingo en Argentina, que Djokovic siguió desde un lugar no revelado, se resolvió cuando el abogado del gobierno australiano, Christopher Tran, accedió a revertir la cancelación de la visa del jugador por intentar ingresar sin estar inoculado contra el Covid-19.

De conocida posición contraria a la vacuna, el serbio viajó a Melbourne la semana pasada para disputar el Aus Open tras conseguir una «exención médica» por haber contraído coronavirus en diciembre pasado, ratificaron sus abogados ante el juez tras plantearlo el sábado por escrito en el expediente.

El magistrado consideró esa situación y también reconoció que el permiso médico había sido respaldado por «un profesor y un médico eminentemente cualificado». «¿Qué más podría haber hecho este hombre?», se preguntó Kelly en una mediación judicial abierta al mundo y que comenzó con demoras por fallas técnicas derivadas del alta demanda de conexión.

Los abogados aseguraron después que el tenista se encontraba «completamente confundido» cuando los agentes migratorios de Australia le informaron sobre la revocación de la visa al aterrizar el miércoles en el Aeropuerto Internacional Tullamarine.

Agentes de la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) lo escoltaron hasta una oficina de la estación aérea, donde el tenista fue interrogado durante 8 horas sin acceso a su teléfono celular, denunciaron sus defensores.

El incidente se convirtió en un escándalo diplomático cuando el presidente serbio Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de «maltrato» y de ejercer una «caza política».

El primer ministro australiano Scott Morrison aclaró que Djokovic no aportó evidencia de tener la vacunación completa ni justificación para estar eximido de ella. «Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de las reglas», advirtió.

Desde el jueves pasado, grupos de aficionados dieron su apoyo al tenista en la puerta del Park Hotel de Melbourne, un establecimiento en el que se albergan inmigrantes ilegales, algunos de ellos, hace varios años.

Al conocerse este lunes el fallo, la policía del estado de Victoria roció con gas pimienta a seguidores del serbio después de que varias personas bloquearan el avance de un coche en el que se pensaba que viajaba el tenista.

El incidente ocurrió en la calle Collins Street, del centro de la ciudad, justo enfrente de la oficina de los abogados de Djokovic, donde se reunieron los fanáticos convencidos de que el número 1 del mundo se encontraba para mantener conversaciones con su representación.

Djokovic, de 34 años, acudió a Australia después de anunciar que había conseguido un permiso sanitario para jugar el Abierto en busca de su décimo título y de batir el récord de 20 Grand Slam que ahora comparte con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

En el pasado, el serbio hizo pública su oposición a la vacuna contra el coronavirus y se negó repetidamente a confirmar si se había inoculado por considerarlo un acto de reserva personal, aunque ese misterio se reveló durante el proceso judicial en el país oceánico.

El Abierto de Australia exige que todos sus participantes deben estar vacunados o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.